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Registro de agresores sexuales: “papa caliente” en CDMX que otros estados buscan imitar

Con el argumento de que "la policía no nos cuida" y la impunidad en materia de delitos sexuales, el Congreso capitalino aprobó publicar una base de datos con el nombre, edad, fotografías y tipo de delito por el que reos cumplen sentencia, y aunque la SCJN lo invalidó en la CDMX, al menos seis estados buscan implementarlo ante reclamos por violación de derechos humanos y el argumento de doble condena

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EMEEQUIS. – El nombre completo, edad, fotografías y el delito por el que cumplen una sentencia por delitos sexuales serían datos con acceso abierto al público en la Ciudad de México. El Registro de Agresores Sexuales estaría formado con la información de las personas que cumplen una condena por ejercer delitos de género, como feminicidio, violación y abuso sexual.

Sin embargo, lo que nació como una iniciativa “popular” del gobierno de la Ciudad de México, impulsada desde el Congreso por la bancada del PRI y de Morena, ahora abre un debate sobre si su funcionamiento es o no constitucional. 

Pero más allá de cómo vulnera los derechos humanos de los agresores al confrontar la posibilidad de reinserción, también pone en la mira todo lo que se ha dejado de hacer por las víctimas.

Ejemplo del Registro Sexual de Agresores en la CDMX.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó hacer público el Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México; aunque aún no define si su sólo existencia debería estar permitida. 

En tanto, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas, Quintana Roo, Baja California, Oaxaca son algunos de los estados que planean también la apertura de su registro público. Una forma de sanción pública por “castigar dos veces” pero que violenta la posibilidad de reinserción pública y pone en riesgo a las víctimas, que de acuerdo con especialistas consultados por EMEEQUIS.

¿QUÉ ORIGINÓ EL REGISTRO?

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 “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” fue el lema de protesta feministas que movieron al gobierno de la Ciudad de México. La imagen del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta cubierto de diamantina morada, se convirtió en estandarte de lucha para cientos de mujeres que marcharon en agosto de 2019 desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

La razón de la movilidad se avivó por la violación presuntamente cometida por integrantes de las fuerzas policiacas de la Ciudad de México a una mujer menor de edad en la alcaldía Azcapotzalco.

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El Registro de Agresores Sexuales nació tres mes después, como respuesta a las demandas del movimiento feminista que exigían al gobierno capitalino reconocer el aumento de violencia de género.

En diciembre de 2019, la Secretaría de Gobierno de la capital presentó la iniciativa para crear el Registro de Agresores Sexuales que fue aprobado meses después en el Congreso Capitalino. Justo antes de iniciar la pandemia contra Covid-19, situación que descartó los debates sobre la viabilidad de la medida. 

“Contribuirá a garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia, evitando que se generen futuras víctimas”, fue la postura del gobierno capitalino por llevar el registro hasta el pleno del Congreso. 

La propuesta fue arropada por la diputada de Morena, Paula Soto Maldonado, que ahora es Directora de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el registro está a su cargo como una de las medidas de la Alerta por Violencia. Sin embargo, al ser consultada por EMEEQUIS no emitió postura. 

Fue una medida “populista desde una perspectiva meramente punitivista”, comenta la abogada feminista Karla Mishell Salas, que se centra sólo en sancionar a los agresores, pero no pone la mirada en las necesidades de las víctimas. 

El registro de agresores sexuales hasta este momento tiene vinculados los datos de 417 personas; de estas 250 fueron sentenciados por abuso sexual, 72 por violación calificada, 36 por equiparada, 41 por violación simple y 5 en grado de tentativa

Para la abogada, con esta invalidación de hacer público el registro, “la SCJN le está poniendo un alto a este populismo con el que de pronto reaccionan las autoridades de esta Ciudad. En lugar de centrarse en los problemas estructurales buscan medidas para ocultar el verdadero problema”, explica a EMEEQUIS la abogada feminista, Karla Mishell Salas. 

Ante las postura de gobierno porque esta sanción social puede prevenir las violencias, “el registro de agresores es una medida muy popular y espectacular, pero realmente no tiene impacto en cuanto a disminución de la violencia sexual contra las mujeres”, asegura Maïssa Hubert, Subdirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres.

¿MEDIDA PREVENTIVA?

Por cada cien carpetas de investigación que se abren por delitos sexuales, sólo una llega a una sentencia condenatoria, estima la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas ADIVAC A.C., que por 30 años ha atendido este tipo de violencia en mujeres, niños y adolescentes. 

Ante este panorama de impunidad, el contar con un Registro Público de Agresores Sexuales y conocer los nombres y rostros de los sentenciados, según ADIVAC, es un acto preventivo para la no reincidencia en otras víctimas, sin embargo resulta insuficiente por el bajo número de procesos que finalizan.


 “De 100 carpetas de investigación 1 es la que llega a sentencia. Está bien que se registre cuando ya están sentenciados, pero ¿cuántos están sentenciados?  Hay una gran impunidad. Las leyes y el Estado están mandatados por el patriarcado”

 Laura Martínez Rodríguez, Directora de ADIVAC A.C.


La baja procuración de justicia para el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, se debe a que los casos no se denuncian, ya que sólo 6% de las violencias se denuncian.

El cometido de contar con un registro público de agresores era generar ejemplaridad para que “los demás sepan que se puede castigar”, afirma Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano.

“Las personas que tradicionalmente son impunes, pensaran una dos y tres veces la siguiente vez que tuvieran la tentación de violar los derechos de otras personas”. Refiere que la decisión de la Corte de invalidar el registro público hace una tensión con la demanda de justicia de la ciudadanía, que tenía una aprobación alta al momento de su aprobación. 

LA DOBLE CONDENA QUE VIOLENTA DDHH

Estigma y falta de acceso a los recursos básicos para una posible reinserción social son los derechos que se violan con la sanción social que conlleva el Registro de Agresores Sexuales para los Agresores.

 “Te pone un sello de por vida de que estuviste en conflicto con la ley”, explica Maïssa Hubert, Subdirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres. Refiere que esta medida no es la opción para terminar con la impunidad del acceso a la justicia para las víctimas, pues sólo aplica en personas sentencias que “serán castigadas dos veces”.


“Este registro tiene una afectación muy grave al derecho a la reinserción social de personas que han cumplido su sentencia. En el sentido en que cualquier persona puede tener acceso a sus antecedentes, y esto puede obstaculizar su acceso a una vivienda, un trabajo y aislar a personas de acceso a derechos las puede orillar a entrar en conflicto con la ley”

 Maïssa Hubert, Subdirectora de EQUIS


En el informe “No es Justicia” realizado por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, se establecen circunstancias que no son reparadoras si discrimina, no brinda protección ni repara el daño a las víctimas. 

En cambio tras un análisis de sentencias, emite parámetros para una justicia efectiva como analizar las situaciones de riesgo para la víctima y otorgarle medidas de protección, y establecer medidas de seguimiento.

VOLVER A LAS VÍCTIMAS Y LA PREVENCIÓN

Contrario en hacer medidas que aumenten la punitividad de las penas, especialistas surgieron volver a las necesidades de las víctimas y las carencias que no permiten la procuración de justicia. 


“La falta de acceso a la justicia no nos tiene que llevar a sentarnos únicamente en la sanción, o en mandar a la cárcel a quienes el sistema ha considerado responsables. El acceso a la justicia para las mujeres desde una perspectiva feminista necesariamente atraviesa por servicios de educación adecuados, con calidad y calidez”,

Karla Micheel Salas, abogada feminista


Garantizar que el Estado atienda las violencia desde los inicios y que no escalen, así como fortalecer las instituciones de justicia en materia de delitos sexuales y de género

“La Fiscalía de Delitos Sexuales necesita una reingeniería, de su normatividad y estructura de trabajo. Es una organización muy vieja que no se ha actualizado y los funcionarios públicos ya están muy viciados de viejas prácticas”, señala Laura Martínez de ADIVAC A.C. 

 @GloriaPE_

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Gloria Piña



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