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Red de outsourcing opera programas sociales y saca tajada de Segalmex y Banco del Bienestar

Empresas mencionadas por auditorías oficiales en presuntos desfalcos, contrataciones fraudulentas, cobro de servicios no acreditados e implicación en tramas de corrupción, multiplicaron sus ingresos con esta administración. Son empresas conectadas tras una maraña de razones sociales, que se beneficiaron del Banco del Bienestar y Segalmex.

3 / 23 / 23

EMEEQUIS.– Una docena de empresas forman un conglomerado transexenal del outsourcing que bajo el gobierno de Andrés Manuel López han multiplicado su facturación con entidades de la administración pública federal, a pesar del grueso expediente de presuntos desfalcos, contrataciones fraudulentas, cobro de servicios no acreditados e implicación en tramas de corrupción detectadas en auditorías oficiales.

El grupo de firmas está formado por Corporativo Sag de To, Antila, Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Gurges Implementación de Negocios, Consultoría del Bajío Inc., Ovaide, We Keep On Moving, Corporativo Ejecutivo MZT y Global Intermex, todas ellas conectadas a Intermex Comercio Internacional (Grupo Intermex), pionera del grupo, con origen en Torreón, Coahuila, fundada por Jorge Salim Fahur Pérez y María Magdalena Fahur Pérez.

Las empresas operan en un esquema de cambio de denominación de las sociedades tras su implicación en actos de fraudulentos, socios y apoderados compartidos, y multiplicación de razones sociales, aunque se trate de empresas conectadas, de acuerdo con una investigación desarrollada por EMEEQUIS con base en la consulta de documentos notariales, contratos públicos registrados en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Varias de estas empresas fueron señaladas por la ASF por operaciones irregulares en contrataciones para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y de acuerdo con el órgano fiscalizador, consiguieron su tajada en la defraudación a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el pozo de corrupción más profundo de la gestión obradorista, hasta ahora, con más de 9 mil 600 millones perdidos.

Con todo, este conglomerado del outsourcing ha continuado ganando contratos con entidades federales, y de hecho está detrás del desastre operativo de Banco del Bienestar, donde empresas del grupo obtuvieron un contrato por 472 millones de pesos en 2022, para el diseño operativo de los programas sociales del gobierno, del despliegue geográfico de sucursales, el desarrollo operativo de cajeros automáticos y tarjetas de débito, y hasta asesoría técnica en manejo de créditos.   

Estas empresas se beneficiaron de Banco del Bienestar. Foto: @BegoGM6.

NAVE NODRIZA

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En 1995, Jorge Salim Fahur Pérez y María Magdalena Fahur Pérez fundaron en Torreón, Coahuila, la empresa Intermex Comercializadora Internacional, orientada a la “comercialización, construcción y distribución de toda clase de bienes muebles e inmuebles”. 

Ya incluía en sus propósitos, aunque en un lugar secundario, el de “contratar personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, servicios y demás actividades propias de su objeto”.

Con el tiempo esa sería su principal actividad y fuente de ingresos, y ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, era una de las mayores subcontratistas de gobierno, con una facturación cercana a los 5 mil millones de pesos, de acuerdo con diversas estimaciones difundidas por la prensa no sólo a través de Intermex Comercializadora Internacional, sino de otras empresas.

Pero cobró demasiada visibilidad, y de hecho comenzaron a aparecer evidencias de operaciones sospechosas.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos indebidos por mil 600 millones de pesos (Auditoría de cumplimiento 2018-2-09KDH-22-027-2019 417-D) por parte de la gerencia del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ya que no se comprobó “la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios”; y 6.3 millones por pagos irregulares.

Entre los contratistas que recibieron parte de esos pagos irregulares, la entidad fiscalizadora señaló, por el pago de salarios “por montos superiores a los establecidos en la plantilla de sueldos”, a Global Intermex e Intermex Comercializadora Internacional.

Global Intermex fue fundada en Torreón en febrero de 2010 por Felipe Méndez López y Juan de Dios González Casillas, ligados a los hermanos Fahur Pérez, y que acabaría, también, integrando a su consejo a los apoderados de Intermex Comercializadora Internacional.

Por lo pronto, ambas firmas lucían demasiado cuestionadas como para transitar exitosamente a la era obradorista. Por suerte para los inversionistas, habían tomado providencias a tiempo.

Contrato con Banco del Bienestar.

LA MULTIPLICACIÓN DE LAS FIRMAS

A partir de 2011 habían ido surgiendo diversas firmas que se irían engarzando con el grupo a través de los apoderados de las empresa embrionaria de la subcontratación de los hermanos Fahur Pérez: Francisco Núñez Kaufmann, Ana Karen Fierro Medina, Javier González Ruiz y Flor Marcela Torres Sifuentes.

En 2016 surgió en Cuautitlán, Estado de México, otra empresa triunfadora en el negocio de la subcontratación de personal para el gobierno, We Keep On Moving, fundada por Jesús Rodríguez Hernández y Beatriz Eunice Arias Caballero Mendoza. Su éxito fue tal, que al cierre del sexenio peñista sumó 758 millones de pesos con 15 contratos, de acuerdo con registros de Compranet.

No era casual: en abril de 2018 se habían revelado en el consejo de administración de We Keep On Moving, como apoderados, Francisco Núñez Kaufmann, Ana Karen Fierro Medina y Javier González Ruiz, además de Flor Marcela Torres Sifuentes.

También en 2016 surgió otra empresa que acabaría ligada al grupo: Consultora del Bajío Inc, fundada en diciembre de ese año por Alejandro Vera Galindo y Rogelio Guerrero Díaz, en León, Guanajuato. En 2022 aparecería como delegada especial de la sociedad Flor Marcela Torres Sifuentes, y la empresa se sumaría a los negocios del grupo.

Pero fue el 2019 el año de mayores cambios. Para empezar, la “nave nodriza” de esta agrupación del outsourcing tenía que cambiar de nombre. De acuerdo con los registros notariales, Intermex Comercializadora Internacional se transformó en Imago Centro de Inteligencia de Negocios en mayo de ese año; y Global Intermex se convirtió en Gurges Implementación de Negocios, ambas con los apoderados ya citados.  

Eso no fue todo. Ese mismo mes, Antila, una empresa fundada en abril de 2011 por Noe de la Paz Zamora y Fidencio Barboza García, se convirtió en Aurus Nivel Total, al tiempo que integró a su consejo, como apoderados, a Francisco Núñez Kaufmann, Ana Karen Fierro  Medina y Javier González Ruiz, y un nuevo actor de la trama, José de Jesús Orozco Escalera. 

Ya encarrerados, en marzo de 2019, los propios apoderados fundaron otra empresa para sumarla al grupo: Corporativo Sag de To, donde figuran como accionistas Francisco Núñez Kaufmann, quien además es gerente, y Flor Marcela Torres Sifuentes. En dicha firma aparecen como apoderados Javier González Ruiz, Ana Karen Fierro Medina y José de Jesús Orozco Escalera. El comisario o encargado del órgano de vigilancia de la sociedad es Roberto Castillo Gordillo.

Está además Ovaide, fundada en Lerdo en 2013 por Felipe Méndez López, accionista, a su vez, de Global Intermex,  y Victoria Hernández Martínez; a la que se integraron en 2021, como apoderados, Ana Karen Fierro Medina, Javier González Ruiz, y José de Jesús Orozco Escalera; además de Flor Marcela Torres Cifuentes, delegada especial de la sociedad.

En noviembre de 2017 había nacido en Mazatlán la firma Corporativo MZT, fundada por Martha Beatriz Arredondo Benítez y Nora Lina Rendón Benítez, orientada al ramo contable. Para 2021 ya fungía como delegada especial de la sociedad Flor Marcela Torres Sifuentes, y en menos de tres años cambió cinco veces de objeto social, de acuerdo con los datos registrales, para sintonizarlo con la orientación del Grupo Intermex.

Acciones de Jorge Salim.

OTRO ROSTRO, LAS MISMAS MAÑAS

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguió contratando a empresas del grupo.

Sólo como ejemplo, en 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó al Corporativo Ejecutivo MZT, Aurus Nivel Total, Gurges Implementación de Negocios; Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Impulsora Lukes y Asesoría Jurídica Adarve de México, un contrato por 67 millones 500 mil pesos por “apoyo técnico de diversas áreas de la Cofepris bajo el régimen de subcontratación”.

El contratistas subcontrataría, a su vez, a 202 profesionales especializados en los rubros de ciencias de la salud, química, bioquímica, computación e informática, administración, finanzas, derecho, contaduría, ingeniería, industrial, economía, eléctrica, electrónica, electromecánica, matemáticas, actuaría, relaciones internacionales, comercio internacional, negocios internacionales, gestión empresarial, psicología, pedagogía.

La administración obradorista, además, superó por mucho las asignaciones que el peñismo dio a We Keep On Moving, pues le otorgó 25 contratos por más de 1,250 millones de pesos, según publicó El Sol de México en 2020.

Pero a pesar de los nuevos nombres, las firmas ligadas a Grupo Intermex conservaron las mismas prácticas.

En su Auditoría De Cumplimiento Forense 2019-1-09J0U-23-0331-2020 331-DE, destinada a la revisión de contratos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) del ejercicio 2019, la ASF detectó anomalías de las empresas embrionarias.

El 6 de mayo de 2019, CAPUFE asignó un contrato, número 4500028609, por los servicios de subcontratación de personal especializado para la operación y administración de la Central de Atención a Usuarios (074) de la red de esa dependencia, a Intermex Comercializadora Internacional y Global Intermex, en participación con conjunta con Esparta Servicios Eficientes, Esespa, Antila, Empresarial Akru, S.A. de C.V. y Valdepeñas Soluciones, con vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2019, por un monto mínimo de 2.3 y un máximo de 5.8 millones de pesos.

La ASF determinó: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal  (…) por un monto de 4,702,588.97 pesos (cuatro millones setecientos dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 97/100 M.N.), por no contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación del servicio contratado; así como, tampoco presentó los entregables que acrediten la prestación del servicio que estaba obligada a presentar la persona moral de acuerdo con el instrumento jurídico celebrado, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.

No tardaron las empresas agrupadas en outsourcing en aparecer en el hoyo negro de Segalmex, que era dirigida por Ignacio Ovalle, amigo del presidente y actualmente en el cargo de coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob). Ahora rinde cuentas a Adán Augusto López.

Ovalle fue defendido hace días por el presidente, que así explicó su paso por Segalmex:  “Llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena, desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priísta de malas mañas, acostumbrados a robar, los mete y empiezan a hacer negocios”, afirmó el 16 de marzo en la mañanera.

El conglomerado.

SEGALMEX NO ENCONTRÓ AL PERSONAL

Al revisar el contrato CSS/018/2019, correspondiente a la prestación del “Servicio Integral Especializado en Apoyo a Actividades Institucionales”, contratado con las empresas Esespa, Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios, , Gurges Implementación de Negocios, Valdepeñas Soluciones, S.A. de C.V. e Integradora La Aurora, la ASF señaló que Segalmex no acreditó su cumplimiento en los  términos estipulados en el contrato CSS/018/2019, que implicó una erogación de  295.3 millones de pesos.

La entidad no logró documentar las áreas de ubicación del personal colocado por el consorcio de outsourcing, no aportó reportes de actividades, constancias de afiliación del prestador del servicio al IMSS, recibos de nómina timbrados, listas de asistencia del personal, contratos trimestrales, cartas de los asimilados ni órdenes de servicios.

Ignacio Ovalle (izquierda) se fue a un nuevo cargo a Gobernación. Foto: Gobierno de México.

LA LOGÍSTICA SOCIAL

A pesar de encarnar los peores demonios que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha planteado extirpar –corrupción, subcontratación, empresas de gestiones pasadas–, la agrupación del outsourcing fue contratada para administrar la criatura más preciada del tabasqueño: los programas sociales.

El 29 de abril de 2022, el Banco del Bienestar suscribió un contrato (DJN-SCOF-1C.10-06-2022-022), asignado por adjudicación directa, con valor de 472 millones de pesos, a un consorcio conformado por Corporativo Sag de To, Aurus Nivel Total, Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Gurges Implementación de Negocios, Consultoría del Bajío Inc., y Ovaide.

El objeto del contrato fue “la prestación de servicios especializados de asistencia técnica para el seguimiento, atención e implementación de diversos programas para el fortalecimiento de actividades que lleve a cabo el Banco del Bienestar”.

En los anexos se esclarece que se trata de un “servicio técnico administrativo de  de logística e implementación de actividades relativas al flujo de valores para el cumplimiento de apoyos económicos de programas gubernamentales”.

Y detalla: “asistencia en el levantamiento de necesidades y estadía de valores de los puntos en donde se entregan los apoyos económicos”, “diseño e integración de logística respecto al flujo de valores de los programas gubernamentales”, “integración y entrega de medios a beneficiarios gubernamentales”.

También, “asistencia en el diseño e implementación de estrategia de expansión, modificación o asentamiento de infraestructura bancaria”, “monitoreo de base de datos estadísticos y cartográficos del país que permitan la expansión de nuevas sucursales”.

Desde el 1 de septiembre de 2021 entró en vigor la reforma sobre outsourcing: se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

@estedavid

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