SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Una primaria en Querétaro, cuyo nombre no revelaron los documentos oficiales, era un espacio educativo como cualquier otro: preparado para que niñas y niños pudieran tener largas carreras e intercambios de risas entre los derrapes de bancas, antes y después de clases. Para aprender a leer y escribir. Para dejar crecer su creatividad y conocer nuevos compañeros de juego.
¿Cómo iban a saber las madres y padres de familia que un depredador estaba al acecho?
Nueve fueron las acusaciones por “acoso sexual ambiental” a menores que cayeron sobre los hombros del profesor Daniel “N”, “al efectuar posibles acercamientos corporales de esa índole sin el consentimiento libre y voluntario de las menores probablemente afectadas”.
Eso es lo que se narra en la carpeta OIC/DRA/009/2018 por el Órgano Interno de Control en Querétaro. Para proteger a la víctima, el documento sólo da algunas pinceladas de lo ocurrido: “le pedía a la citada alumna que se ****** en sus *******, además de ******** en ** **** en ****** ******* y le comentó “*** ** ** ******** a ****** ni a sus ****** porque ******** ***** ****** ******”.
Tras una investigación, la institución concluyó que quedó “fehacientemente demostrado que el presunto responsable incurrió en la citada conducta, pues los dichos de las menores afectadas fueron corroborados con el testimonios de otros alumnos quienes eran sus compañeros de clase”.
Según datos de transparencia, a Daniel “N” se le aplicó una sanción blanda por sus actos de pederastia contra niñas de primaria: fue inhabilitado por “TRES AÑOS, PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL”. Esto incluye, por supuesto, puestos educativos.
A Daniel “N” se le aplicó una sanción blanda por sus actos de pederastia contra niñas de primaria: fue inhabilitado por TRES AÑOS.
Las escuelas en México, en toda la República, viven este tipo de casos. Y con similares dosis de impunidad.
A través de registros de transparencia, EMEEQUIS pudo encontrar que la mayoría de las sanciones ejecutadas contra funcionarios públicos por violencia sexual en México ocurren en ambientes educativos. Es decir, que son protagonizadas por profesores, directivos, personal de limpieza y entrenadores, sobre todo en instituciones de educación básica, en un evidente problema de género que afecta principalmente a niñas, adolescentes y jóvenes adultas.
De los 160 registros de sanciones contra servidores públicos por delitos sexuales, 119 se refieren a funcionarios relacionados con el sector escolar. Estas se dividen de la siguiente manera:
- Querétaro: 53.
- Jalisco: 19.
- Instituciones federativas: 17.
- Nuevo León: 8.
- Campeche: 6.
- Tamaulipas: 5.
- Veracruz: 4.
- Guerrero: 2.
- Sinaloa: 1.
- Guanajuato: 1.
- Chihuahua: 1.
- Chiapas: 1.
- Aguascalientes: 1.
SANCIONES MÍNIMAS EN QUERÉTARO
Las agresiones contra menores de edad, que pueden dejar secuelas que duren toda la vida, no son suficientes para generar sanciones institucionales de más de 3 años, por lo menos en el estado de Querétaro.
Tal es el caso de Alejandro “N”, que incurrió en “Conductas de acoso sexual” cuando estaba al frente de un grupo de primaria en el estado. Pese a su conducta, sólo fue inhabilitado un año, en 2020, según el Órgano Interno de Control de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.
Esta situación se repitió con Eugenio “N”, también de Querétaro. Según su expediente, OIC DRA 014 2018, el funcionario no “incurrió en una falta grave”, por lo que sólo fue inhabilitado un año. En este momento es libre de poder ejercer cargos, incluso educativos.
Esto también se repitió con Jorge “N”, docente de primaria que en 2018 fue inhabilitado temporalmente (no está disponible el plazo de la sanción). Transparencia registró su carpeta, OIC DQS 009 2016 con seis sanciones por acoso sexual.
Martín “N”, docente de secundaria, también fue inhabilitado sólo dos años en 2018. El docente abusó de una menor, “aprovechando tal situación (como profesor) para sostener una relación sentimental y sexual con una menor de edad que era su alumna”. El exfuncionario cuenta con siete registros de sanciones por el mismo expediente. En pleno 2023 puede volver a tomar un cargo público frente a grupos de primaria, secundaria o cualquier otro centro de enseñanza gubernamental.
ABUSO EN TODOS LOS NIVELES ESCOLARES
La violencia sexual en centros educativos ocurre en otros estados de la República. Los registros narran que Humberto “N”, profesor de la escuela primaria “José María Morelos y Pavón” en Jalisco, fue destituido por “acoso sexual” (según consta su expediente). En esta ocasión también se consideró su falta como “Abuso sexual infantil”.
El expediente aclara que este hombre estaba plenamente consciente de sus acciones, entre las que se incluye el acoso a una alumna: “no la dejaba salir a desayunar, y cerraba la puerta del salón y las ventanas con las cortinas”.
Estos casos también suceden en niveles más altos, como en las preparatorias. En Nuevo León, en la Escuela Preparatoria No. 8, Carlos “N” fue expulsado por acoso a través de redes sociales, en acción del Protocolo de Atención para casos de Acoso u Hostigamiento Sexual de la UANL.
En la Universidad Veracruzana, Rubén “N” Luna recibió una “amonestación” por “Faltas de probidad y honradez, hostigamiento sexual”, sin especificar las circunstancias en las que se dio la agresión.
En otro caso, en Guerrero, se tomó como sanción la “renuncia voluntaria” de Domingo “N”, supervisor de mantenimiento en el Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Guerrero (CONALEP), tras ser acusado de “Hostigamiento y acoso sexual”.
Asimismo, en Reynosa, Tamaulipas, Óscar “N” fue destituido por “haber propuesto a la menor alumna tener una relación sentimental, esto en fecha 23 de enero de 2014, lo que se traduce (en) hostigamiento de índole sexual y que el día 28 de febrero del año 2014, abusó sexualmente de dicha alumna”.
Campeche no se libra de este tipo de situaciones. Pedro “N”, adscrito a la escuela primaria “María Esther Zuno de Echeverría”, realizó “conductas de connotación sexual (tocamientos inapropiados) en el ciclo escolar 2017-2018” a una alumna de quinto grado.
Pedro “N” apenas fue suspendido 7 días.
El expediente narra que una alumna escuchó que otra de sus compañeras fue tocada por el profesor. “al momento de llegar a comprar, me dice que en una ocasión el maestro se había sentado a una compañera en las piernas”.
“También me dijo ****** que el maestro intentó sentársela en la pierna pero ella no quiso porque el maestro le hace cosquillas al agarrarlas de la cintura”.
Una persona adulta del entorno de la escuela también testificó: “si me constó una conducta del Profr., pues fui a llevarle documentos, y vi que había una alumna muy pegada a él, él se encontraba sentado en su escritorio y la alumna estaba junto a él, pero muy cerca de él, al verme llegar de inmediato se separó de la niña”.
La historia también detalla que el hombre, durante las clases, había incurrido en este tipo de acciones, “picando las costillas y el las abraza”. Tres alumnas corroboraron que el maestro “les picaba la espalda para hacerles cosquillas y que les desagradaba tal situación”.
La solución que encontraron las autoridades fue “que el Área Educativa realicé los trámites inherentes para el cambio de adscripción del docente”. También fue suspendido durante siete días “sin goce de sueldo”.
Estas agresiones tienen una importante connotación de género. El INEGI, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, señala que mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela, 13.7% experimentó algún tipo de violencia sexual. Las estadísticas también señalan a Querétaro como un foco rojo de las agresiones a mujeres en contextos educativos, pues este estado presenta un 40.3% de prevalencia de violencias contra este grupo de la población, seguido por el Estado de México (36.6 %) y Colima (36.3 %). El 32.3% de las mujeres declararon la prevalencia de violencia en el ámbito escolar.
CONDICIÓN DE PODER DE PROFESORES FRENA DENUNCIAS
Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, dice en entrevista para EMEEQUIS que se suele silenciar “en todo el país” la condición “de poder en la que se encuentran profesores, profesoras, conserjes y otras personas que tienen bajo su responsabilidad la educación y la integridad de niños y niñas”.
Esto imposibilita a los infantes para denunciar los ataques o las agresiones a su integridad. “Hay un factor estructural y es que el Estado mexicano tiene una gran falla y negativa a instaurar o establecer lo que ya por mandato constitucional, en el Artículo 3ro. se establece, que es la educación sexual integral”.
Pérez García llama a impedir que dentro de los establecimientos educativos vivan personas. Foto: Especial.
El experto señala que a quien le corresponde es “directamente a los profesores, pero para ellos se requiere formación y seguimientos con programas y presupuesto”.
“Y esto ha permitido que proliferen grupos organizados de explotación sexual en las escuelas que ya han sido documentados al menos en 18 centros educativos en siete estados de la República a través de la Oficina de Defensoría de la Infancia”.
Esta situación muestra “precisamente los patrones de violencia sexual, la complicidad institucional y todo el entramado para garantizar la impunidad de los agresores”. Explica que las autoridades judiciales han sancionado a diversas personas, “sobre todo hombres”.
Pérez García llama a impedir que dentro de los establecimientos educativos “vivan personas, porque esto establecería zonas privadas que no serían observadas, que es donde han ocurrido la mayor parte de las agresiones”.
El informe “Es un secreto” (2021) de la Oficina de Defensoría de la Infancia detalla que se ha encontrado modus operandis en escuelas en las que se dan agresiones sexuales sistemáticas contra alumnas y alumnos. “Resulta sumamente difícil entender cómo las agresiones sexuales son perpetradas por tantas personas dentro de la escuela”.
En un comparativo de varios casos de agresiones sexuales infantiles, se estipula que el lugar en el que ocurren la mayor cantidad de estas situaciones es en las zonas de los sanitarios; aunque los salones de clases y las direcciones también son espacios propicios para este tipo de agresiones.
Pérez García expone la urgencia de contar con controles de confianza “estrictos” y transparencia con los empleados y empleadas de los lugares educativos, para que se pueda tener una “supervisión constante” que evite más casos en los que el bienestar de niñas y niños se vea vulnerado por funcionarios públicos que, en teoría, deberían protegerlos. Un ideal que contrasta con la realidad de impunidad, sanciones blandas y eventos traumáticos contra menores en las escuelas de todo el país.
@Ciudadelblues
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