Mineros sindicalizados se protegen del sol durante huelga en 2023, en las instalaciones de la empresa Newmont, Peñasquito, en Zacatecas. Trabajadores y empresa llegaron a un acuerdo en octubre de ese año. Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– En México, las industrias de la electromovilidad, la automotriz, la siderúrgica, la construcción, la química, la médica, entre otras dependen de los minerales extraídos a cielo abierto, y el país podría perder competitividad y presencia como productor frente a Canadá y Estados Unidos si se aprueba en el Congreso de la Unión la prohibición este tipo de extracción.
Hace unas semanas, la Cámara Minera de México (Camimex) estimó que el 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene de minas a cielo abierto y, de continuar con la reforma, se generaría una contracción económica por 250 mil millones de pesos anuales.
La Camimex advierte que restringir la minería a cielo abierto le restaría competitividad a México en nueve minerales básicos para América del Norte, por lo que nuestro país se convertiría en un importador, restándole competitividad en el T-MEC.
Las pérdidas anuales por la prohibición de la minería a cielo abierto equivale a 2.5 veces el presupuesto total destinado para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que costó 91 mil 977 millones de pesos, o el 50% del presupuesto total del Tren Maya, que ascendió 515 mil millones de pesos.
La aprobación de la reforma también implica desalentar las inversiones extranjeras y la recaudación por pago de impuestos para sostener los Programas del Bienestar de la llamada Cuarta Transformación (4T) y la construcción de infraestructura en México, alrededor de 30 mil millones de pesos.
El proyecto aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados -en lo general con 30 votos a favor y 7 en contra- y que debe ser votado en en Pleno, prohíbe la concesión de permisos para la minería a cielo abierto, salvo en casos excepcionales, considerados estratégicos para el desarrollo nacional, es decir, otorga al Ejecutivo Federal la capacidad de permitir casos específicos, lo que podría prestarse a tráfico de influencias, conflictos de interés y corrupción por la falta de transparencia en el otorgamiento de ciertas concesiones, porque se podría beneficiar a grupos políticos y económicos afines a los gobierno de Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá la facultad de nombrar a los integrantes de un Comité que decidirá qué proyectos de minería tienen un “carácter estratégico para el desarrollo nacional”, dejando la decisión a “expertos” que simpaticen con la 4T o gente con desconocimiento del sector minero que no analicen el impacto negativo en la economía.
Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Minería del Senado de la República es Lorenia Iveth Valles Sampedro, quien no tiene conocimientos en la materia, ella fue de 2021 a 2024 la Directora del Sistema DIF en Sonora, y de 2016 a 2018 Directora de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes de Durango, solo como diputada en LXII Legislatura de 2012 a 2015 fue integrante de la Comisión Especial de Minería.
Y en la Comisión de Minería del Senado también está Cecilia Guadiana, hija del finado Armando Guadiana, quien era conocido como “El Rey del Carbón” por ser un empresario minero que impulsó el uso del carbón como fuente de energía.
Cecilia Guadiana como experiencia reporta haber sido en 2023 “promotora del voto por Morena en la campaña a gobernador de Coahuila”, es decir, de su papá Armando Guadiana, y coordinadora del proyecto -Ella por-, en Coahuila, con la finalidad de encabezar los trabajos para impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México.
En esa misma Comisión de Minería está Saúl Monreal Ávila, hermano del diputado federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila; hermano del gobernador de Zacatecas (por Morena) David Monreal Ávila; hermano del gerente estatal de Liconsa en el Valle de Toluca, Elias Monreal Ávila; hermana de la Consejera de la SRE en San Antonio, Texas, Susana Monreal Avila; y tío de Caty Monreal, titular del Instituto Nacional de la Economía Social. Saúl Monreal Ávila ha sido dos veces alcalde de Fresnillo y diputado local en Zacatecas.
Estos integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara de Senadores podrían ser un reflejo anticipado del Comité que nombraría el Ejecutivo Federal para la toma de decisiones sobre minería a cielo abierto.
A nivel estatal hay otros ejemplos: el coordinador de la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos del Congreso de Coahuila es Jose Alberto Hurtado Vera, quien de 2015 a 2023 fue “Coordinador Comunicación Social del Partido Morena”. En Zacatecas, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería es Jesús Eduardo Badillo Méndez quien antes de ser diputado fue Encargado del área de compras en Ferreterías Badillo y encargado propietario de sucursal de Ferreterías Badillo en el municipio de Calera. En Guerrero, la presidenta de la Comisión de Minería es Citlali Yaret Téllez Castillo quien se hizo viral a principios de noviembre de 2024 por pasear en una Tesla Cybertruck en Chilpancingo, y quién señala haber trabajado en el SAT y en CAPUFE, pero que no aparece en el portal de servidores públicos del gobierno federal.
Pablo Daniel Taddei Arriola, sobrino de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, se mantiene como director general de Litio para México.
Por “medida de austeridad y racionalidad administrativa” a partir del 1° de septiembre de 2020, la Secretaría de Economía desapareció la Subsecretaría de Minería.
Los asuntos relacionados con la minería a nivel nacional se atienden en la Dirección General de Minas (José Castro) que depende de Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas (Fernando Aboitiz, ex secretario de Obras con Marcelo Ebrard y ex diputado de Encuentro Social), es decir, que asuntos estratégicos se deciden en una oficina ubicada en el tercer piso de la avenida Puente de Tecamachalco No. 6 en Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, estado de México. De acuerdo con la propia Secretaría de Economía, el sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 2.05 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exponen que el Sector minero-metalúrgico en México representa 406 mil empleos directos, y al menos el 40 por ciento con la aprobación de la reforma.
La minería es fundamental en la economía nacional, abastece a más de 70 sectores productivos, y es un pilar para el bienestar y calidad de vida de 696 comunidades situadas en 212 municipios del país, en el 10 por ciento de los municipios del país.
La encuesta anual del Instituto Fraser, por el sector minero México se ubica en el sexto sitio como destino de inversión en América Latina, y en el sitio 34 a nivel mundial del Índice de Atracción de Inversión.
Empleos, inversiones, crecimiento económico y el desarrollo están en riesgo con la aprobación de la prohibición de la minería. Y la posible decisión de nuevas concesiones estaría en manos de políticos y no de expertos, lo que abriría el paso a sospechas de corrupción, el tráfico de influencias y pago de favores con fines electorales.
@alatriste_III