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EMEEQUIS. Para evitar ser detenidos por imputaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) relacionadas con el esquema de presunta simulación de servicios y transferencias a empresas fantasma conocido como la Estafa Siniestra, alcaldes y exfuncionarios del gobierno de Omar Fayad Meneses recurren a amparos en busca de la protección federal, con el fin de librar la prisión preventiva en la que ya se encuentran tres presidentes municipales.
Las cuatro primeras detenciones por esta “red de corrupción” –como la llamó originalmente el mandatario Julio Menchaca Salazar cuando dio a conocer, en una gira en la Huasteca, el hallazgo de obras facturadas pero no ejecutadas, ocurrieron el 23 de noviembre: Fidel Arce Santander, de Epazoyucan; Felipe Juárez Ramírez, de Huautla; Elías Sanjuán Sánchez, de Yahualica, y Luis Enrique Cadena García, de Nopala, quienes fueron acusados de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones agravado, que, en estos cuatro municipios, alcanzaron un monto de 172 millones 978 mil 67 pesos.
No obstante, el presunto desvío de 522 millones 824 mil 955 pesos en la que, presume la fiscalía, participaron 13 ayuntamientos y dos secretarías del estado, durante la administración del priista Fayad Meneses.
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El peculado, de acuerdo con el Código penal del estado, se sanciona de 4 a 14 años de prisión, que puede extenderse a un tercio más si es agravado, en tanto que el uso indebido de atribuciones se penaliza con uno a 8 años de cárcel.
Aunque ambos delitos no ameritan la prisión preventiva oficiosa, el encargado del despacho de la procuraduría, Santiago Nieto Castillo, anticipó que pedirían la prisión preventiva justificada porque los alcaldes tienen un ámbito de influencia en sus espacios de gobierno y podrían evadirse de la justicia; de igual forma, pedirán que los procesos se sigan en Pachuca.
PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA
No obstante, la madrugada del día siguiente a la detención, el morenista Luis Enrique Cadena, de Nopala, fue liberado por un amparo para seguir su proceso en libertad. El domingo siguiente acudió a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y el lunes, cuando tenía que presentarte en juzgados para el seguimiento de su caso, ya no lo hizo.
La jueza le otorgó un plazo para que compareciera, pero, al no hacerlo, lo declaró prófugo de la justicia y libró una nueva orden de aprehensión en su contra.
En Nopala, con base en la causa penal, fueron 22 millones de pesos transferidos de recursos extraordinarios para rehabilitación de caminos, mediante el arrendamiento de maquinaria, y 49 millones por servicios de mantenimiento y fumigación los que, presume la procuraduría, se facturaron, pero sin realizarse.
Además del morenista Cadena, el alcalde del municipio rural de Pisaflores, Luis Francisco González Garay, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 24 de noviembre, con orden de aprehensión por los posibles delitos de uso ilícito de atribuciones agravado y peculado agravado por 30 millones 960 mil 890 pesos.
La asamblea de este municipio pidió al Congreso del estado su intervención para que, dada la declaración de fuga y la pérdida de derechos como edil, al ser destituido, de González Garay, se llame al suplente, porque, aseguraron los integrantes del Cabildo, está en riesgo la gobernabilidad de esta demarcación.
El pasado 29 de noviembre, los alcaldes de Epazoyucan, Fidel Arce Santander; Huautla, Felipe Juárez Ramírez, y Yahualica, Elías Sanjuán Sánchez, que no libraron la prisión preventiva, fueron vinculados a proceso y, de acuerdo con la designación de la jueza, permanecerán en reclusión.
Contra los alcaldes en prisión las imputaciones son por 26 millones 615 mil 780 pesos en Huautla, 29 millones 224 mil 727 pesos en Yahualica y 14 millones 215 mil 780 pesos en Epazoyucan.
LA PUNTA DEL ICEBERG: NIETO CASTILLO
Tras estas acciones, Nieto Castillo declaró que eran sólo “la punta del iceberg” de corrupción en el caso de la Estafa Siniestra y que el objetivo era llegar al autor intelectual que, según declaraciones de implicados que buscan un criterio de oportunidad, es un exintegrante del gabinete de Omar Fayad.
Al menos dos de los miembros del círculo político del exgobernador, C.R.M.V, que ocupó el cargo de secretario de la Contraloría, y Martiniano Vega Orozco, otrora Oficial Mayor, promovieron amparos para evitar ser detenidos.
Debido a que, en el modus operandi develado por la PGJEH, el primer paso en la presunta malversación del erario fue la solicitud de apoyo con recursos extraordinarios que los presidentes giraron a la Secretaría de Finanzas, entonces a cargo de Jessica Blancas Hidalgo, y que esos requerimientos fueron aprobados y se transfirieron los montos a las cuentas bancarias de los municipios, además de que posteriormente se validó la “comprobación” del gasto mediante facturas de posibles empresas simuladoras, EMEEQUIS conoció que la titular y funcionarios de esta dependencia igualmente son investigados.
Recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, el exedil de Huautla –ya destituido del cargo– promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra la resolución del día en que fue presentado ante la jueza de control, en la que se formuló su imputación y por la que, posteriormente, fue vinculado a proceso. El veredicto constitucional se dará a finales del primer mes de 2023.
En tanto, evadido de la justicia y calidad de prófugo, el también destituido alcalde de Pisaflores promovió un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) para que no procesa la suspensión de sus derechos político-electorales y conserve su cargo.
Además de ellos, el alcalde de Huazalingo –otro municipio inmerso en las investigaciones por la Estafa Siniestra, por supuesto peculado de 18.5 millones de pesos– Julio César González García, promovió dos amparos ante posibles órdenes de aprehensión.
Al igual que él, los presidentes de Singuilucan, Marcos Miguel Taboada Vargas; de Atotonilco el Grande, Hugo Ramírez López, y de Zacualtipán, Edgar Josué Moreno Gayosso, también buscan ampararse y evitar detenciones.
En Atotonilco el Grande, gobernado por el extinto partido local Podemos, el monto imputado es de 19 millones 920 mil 400 pesos; en Zacualtipán, 14 millones de recursos extraordinarios ligados a este caso, y en Singuilucan, donde Taboada fue nominado por Nueva Alianza, la fiscalía reclama esclarecer el destino de 109 millones 645 mil 325 pesos, el mayor monto de este esquema,
El resto de ediles implicados, que siguen en funciones, pertenecen a Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo; y Mineral del Monte, con el priista Alejandro Sierra Tello.
En Acaxochitlán el presunto desvío asciende a 32.9 millones y en Mineral del Monte, a 17.5 millones de pesos.
Del PRI hay un edil más: Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río, a quien la PGJEH demanda 98 millones.
El último alcalde es José Alfredo Díaz Moreno, de Movimiento Ciudadano, con 29 millones 225 mil pesos por aclarar.
@axelchl
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