SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Hace dos semanas Cecilia Flores tuvo la esperanza de volver a ver a los suyos.
A donde ella va, viaja portando las fotografías de sus hijos Alejandro y Marco Antonio, secuestrados y desaparecidos en 2015 y 2019 en Sonora y Sinaloa. Con anuncios en su ropa y camioneta, pide a las personas entregar cualquier información que le de una pista sobre su paradero. Hace algunos días el indicio se volvió a iluminar.
Un sujeto se le acercó para ofrecerle datos con la promesa de llevarla hasta donde podría encontrar el cadáver de uno de sus hijos. Dinero a cambio de esperanza. “Págame yo sé dónde está tu hijo”.
Acudió al lugar en Bahía de Kino, localidad de Hermosillo, Sonora; pero sólo encontró un hoyo donde ella y el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora ya habían encontrado cuerpos en 2019. “Espérate yo aquí ya había encontrado cuerpos”, le refirió Ceci Flores. “Sí, ya encontraste a tu hijo”, contestó la fuente anónima.
Del 22 al 29 de septiembre de 2019, las madres realizaron búsquedas de campo en la avenida 36 Sur, del pueblo Bahía de Kino. Dieron positivo a cuatro cuerpos y dieron aviso a las autoridades, pero ahora, de esos restos no se sabe nada.
“Encontré cuatro cuerpos en 2019 que, al parecer uno de ellos puede ser mi hijo, pero están perdidos. Cómo puede ser que del Semefo se hayan perdido cuatro cuerpos”, cuenta Ceci Patricia Flores, presidenta del colectivo a EMEEQUIS.
La Fiscalía de Sonora no encuentra los cuerpos, ni tiene referencia de ellos en sus libros. “¿Cómo confiar en ellos si nos han defraudado tanto?”, se pregunta la madre buscadora.
En un país con más de 100 mil reportes de personas desaparecidas, son las familias quienes buscan. Sin embargo, al hacerlo también son criminalizadas por el gobierno y violentadas por el crímen organizado.
Sus esfuerzos parecen en vano cuando no se les da nombre ni identidad a las personas que se encuentran enterrados en la tierra.
Reflejo de la omisión de autoridades. Foto: Madres Buscadoras de Sonora.
LA DOBLE DESAPARICIÓN
Ellas buscan. Sin conocimiento antropológico, forense, ni de leyes o de protocolos homologados de búsqueda.
“Siempre vamos sin acompañamiento. Nos basamos en llamadas anónimas, vamos al lugar y checamos que haya hundimiento de tierra o algún indicio que nos diga que pueda haber algún cuerpo”, explica Ceci Patricia Flores, la madre buscadora que acompaña y da asesoramiento a colectivos en todo el país.
Buscan con sus propias herramientas, sin recursos y bajo el sol. Emprenden las investigaciones de campo que, pese a ser responsabilidad del Estado, en muy pocas ocasiones son acompañadas por autoridades.
“Hacemos una prospección con nuestra varilla vidente, y si nos damos cuenta que hay cuerpo, excavamos. Después damos aviso a las autoridades y llegan haciendo su protagonismo acordonando el área sin dejarnos avanzar”, afirma.
Cuando el tiempo apremia, antes de que lleguen las autoridades toman fotografías a las evidencias. Los restos que encontraron, las prendas e indicios que puedan ayudar a la investigación y dar con la identidad de los cadáveres encontrados.
Qué prendas usaba, el color y tipo de camisa, los zapatos, accesorios en alguna parte del cuerpo, el pantalón, algún tatuaje o seña particular.
Esas fotografías o videos en vivo suelen compartirlos en redes sociales, con el objetivo de difundir los hallazgos y que, con suerte, alguna familia identifique a su desaparecido, lo reclame y vuelva a darle identidad.
Hacen estas búsquedas y esfuerzos de identificación por desconfianza en el actuar de las autoridades. Afirman que de no hacerlo, los Ministerios Públicos y Fiscalías ocultan la evidencia y es casi imposible lograr la identificación de los restos humanos.
“Ellos mantienen todo oculto y por eso hay tantas personas en las fosas comunes. Es una doble desaparición. Nosotras sacamos y ellos vuelven a enterrar”, refiere Cecilia.
La desaparición institucional es la otra cara de la crisis: desatención e insensibilidad de las autoridades. Cuando por errores, omisiones o negligencia, los cuerpos o restos hallados llegan a una fosa común sin nombre, sin efectuar estudios genéticos o esfuerzos para hacer posible su identificación.
Los hijos de Ceci Flores. Fotos: Cortesía.
Eso mismo le ocurre a Ceci con los cuerpos encontrados en Sonora, también lo han vivido otras familias que encuentran a sus familiares años después de la búsqueda en una fosa común.
“Fui a checar en la Fiscalía y esos cuerpos están desaparecidos. Ni están en los libros, ni aparecen en el sistema. ¿Entonces dónde están esos cuerpos que se encontraron en esa fecha?”, se pregunta.
La desconfianza institucional es lo que las mueve a actuar, afirma. La desatención de las autoridades las hace ejecutar búsquedas de campo que instituciones de gobierno no cumplen. Sin embargo, ahora también se enfrentan a criminalización por sus prácticas, al grado de negarles continuar con las búsquedas en algunos estados del país.
GOBIERNO BUSCA UTILIZAR LEY INGRID PARA INHIBIR BÚSQUEDAS
La difusión masiva en prensa y medios de comunicación de imágenes referentes a la escena del crímen del feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrido en febrero de 2020, dio origen a una legislación que impide la difusión y revelación indebida de material que forme parte de una carpeta de investigación.
En algunos estados como en Ciudad de México, Sonora, Oaxaca, Colima y el Estado de México esta normativa está vigente. La propuesta de reforma federal fue aprobada en marzo de 2022 en la Cámara de Diputados, pero aún no en el Senado para aplicarse a nivel nacional.
Esta norma pretende sancionar con hasta 10 años de prisión a quien filtre o difunda imágenes, videos, grabaciones de audios o documentos de una víctima, con el objetivo de impedir revictimizar a personas asesinadas o sus familias.
Sin embargo, con esta misma ley, ahora se pretende enjuiciar a las madres buscadoras, por difundir fotografías de restos humanos pues podrían representar un agravio a la memoria y dignidad de las víctimas.
Para la abogada feminista, Gabriela Amores Moya, responsabilizarlas es un error, ya que los colectivos de madres buscadoras han suplido una labor que el Estado ha dejado de hacer en tiempo, forma y con las diligencias inmediatas para buscar, recolectar y analizar los cuerpos para su identificación.
“La misma sociedad está buscando a los suyos. Estamos viviendo en una falta de Estado de derecho, porque el tema de desaparición no se está haciendo, ni se está buscando”, afirma.
Refrenda que, acorde al apartado C del artículo 20 de la Constitución, donde se establecen los beneficios procesales de las víctimas, estas podrán aportar “todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes”, establece la norma.
La abogada especialista en derecho penal afirma que la labor de las buscadoras es tan sólo una reacción a toda la omisión de las autoridades y que, fuera de criminalizarlas, las autoridades deben visualizar las necesidades para responderle a la sociedad
“Caemos en las justificaciones. Si no se da dinero, insumos, no tienen personal. En esto se justifica el Estado, pero quien está enfrentando todo en la primera línea es la sociedad”, comenta.
Incluso, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas establece además de las autoridades, en las búsquedas podrán participar familias, colectivos y otros actores sociales.
Se establece que “este derecho incluye el aportar todo tipo de información para la búsqueda de las personas desaparecidas y que ésta sea prontamente considerada por las autoridades, compartir su experiencia en general, sugerir la realización de acciones de búsqueda, asistir a acciones de búsqueda en campo, y opinar sobre la planeación y logística de todos los tipos de búsquedas”.
Hace unas semanas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo un llamado a los colectivos de madres a no incumplir la ley y evitar la manipulación de restos de personas desaparecidas al momento de la búsqueda.
Pidió a las buscadoras no irse “por la libre”, pues se “está violando la ley”. Les invitó a que apeguen a los protocolos existentes para evitar que se manipulen indicios útiles en las investigaciones.
Esto en respuesta al hallazgo de 20 bolsas con restos humanos que encontró el colectivo Madres Buscadoras de Sonora el mes pasado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Por falta de acompañamiento de las autoridades es que se viola la cadena de custodia para resguardar los restos , afirma la madre buscadora Cecilia Flores.
“Eso lo están agarrando como excusa porque les molesta que nosotros vayamos a visibilizar el mal gobierno que hay y el estado que se les está cayendo”, dice.
Además refiere que no debe aplicarse la Ley Ingrid contra ellas, ya que la difusión de las imágenes en campo se hace para fomentar que los cuerpos sean ubicados por las familias y puedan identificarse.
“Gracias a la difusión que se hace en las transmisiones se ha logrado volver a casa a las familias”, afirma que las Comisiones de Búsqueda han mantenido puerta cerrada con las víctimas, sin proporcionales acompañamiento o capacitación para actuar acorde a las diligencias necesarias.
VIOLENCIA Y CRIMEN CONTRA LAS MADRES
Esmeralda Gallardo fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en Villa Frontera, Puebla. Foto: Especial.
La violencia institucional no es lo único que agrava el nivel de vulnerabilidad de las madres buscadoras, también el crímen organizado.
Durante este año, al menos tres madres han sido asesinadas durante las búsquedas por encontrar a sus seres queridos, y siete en lo que va del gobierno del presidente López Obrador.
La semana pasada, la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en Villa Frontera, Puebla. Era activista del colectivo La Voz de los Desaparecidos y desde hace un año y medio buscaba a su hija Betzabé Alvarado.
@GloriaPE_
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