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Trabajadores de empresas mineras de Zimapán, Hidalgo, se manifiestan frente a la presidencia municipal por el acoso de un Sindicato de trabajadores del Estado de México. Foto: Punto por Punto MX.
EMEEQUIS.– Mientras el sector minero ve en la prohibición de la minería a cielo abierto un riesgo que podría detonar en la pérdida masiva de empleos y una contracción económica, los trabajadores viven amenazas de grupos que intentan controlar la actividad minera, incluso presuntamente armados.
A este panorama se suman las condiciones de vulnerabilidad en las que ejercen un oficio que consideran olvidado por las autoridades.
En el contexto de la posible aprobación de un proyecto de reforma que prohíbe dar permisos para la minería a cielo abierto, salvo casos excepcionales que evaluará el gobierno, surgieron una serie de conflictos en los estados que se relacionan con el manejo de minas.
El proyecto fue validado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y ahora deberá ser votado en el pleno.
Hace unos días, en Zimapán, Hidalgo, un municipio en la región del Valle del Mezquital, con una longeva vocación minera, un grupo foráneo, denominado Sindicato del Cemento, amedrentó con armas e impidió los accesos a las minas, lo que generó un conflicto social por la posibilidad de que tomara el control de esta actividad económica, de la que depende la mayor parte de la población.
El Sindicato proviene del Estado de México y, con sujetos presuntamente armados, bloqueó las entradas a las minas, lo que impidió que al menos 2 mil trabajadores pudieran ingresar. Este parón de actividades también detonó en pérdidas estimadas en miles de dólares.
El caso generó una movilización a Pachuca, a la sede del Poder Ejecutivo e, incluso, el amago de la creación de grupos de autodefensa entre la comunidad minera para contrarrestar el ingreso de la organización externa.
Los mineros pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intervenir en el conflicto, para evitar que detone en violencia directa contra alguna de las partes, principalmente por el amago con armas de uso militar.
Lo vieron como si un cártel, de repente, ingresara a su comunidad y se apodara del territorio; en este caso, con la amenaza de controlar la principal actividad económica de la localidad.
“Nadie, ni sindicatos o no sindicatos pueden estar usando la fuerza”, dijo el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, después de que representantes de la minería demandaron atención a la problemática e, incluso, habían cuestionado la falta de respuesta por parte de los representantes de la Secretaría de Gobierno, los primeros emisarios en el caso. Aunque, tras la movilización masiva, se logró un acuerdo, según el gobierno, anticiparon que harán todo para defenderse, sin dejar que la minería llegue a manos foráneas, aunque lo intente a través de las armas.
El despliegue policiaco del estado permitió el reingreso de trabajadores pero las tensiones siguen.
En Zimapán, se estima que el 75 por ciento de la actividad económica está relacionada con la minería, por lo que hubo una afectación directa por los días que pararon por los cierres de las minas Purísima, Balcones y Guadalupe. Asimismo, ven el riesgo de pérdida de inversiones extranjeras por las amenazas a la seguridad; principalmente, este municipio recibe recursos de empresas canadienses.
En medio de este escenario, un derrumbe de mina en el municipio de Chapantongo, también en el Valle del Mezquital, ocasionó el deceso de un hombre de 65 años que laboraba en la extracción de arcilla, lo cual generó una discusión social sobre la seguridad para ejercer este trabajo.
Los accidentes han sido una constante en las minas del país. El pasado 22 de octubre, un trabajador de Guanajuato Silver murió luego de que una roca le cayera encima dentro de la mina San Ignacio que se ubica en la capital de ese estado. La empresa suspendió las actividades y expuso que cuando concluyan las investigaciones por este deceso podrían tener una mayor orientación sobre los protocolos de seguridad adicionales para evitar que se repita un hecho similar.
Hace tres semanas, en Mazapil, Zacatecas, un joven de 22 años falleció tras caer, mientras pretendía vaciar un viaje de mineral en el área de locomotoras de acarreo, en el nivel 25 de la minera Frisco Unidad Tayahua, que se ubica en la Terminal de Providencia.
En abril, un minero en Coahuila murió después de que le cayera una roca que se desprendió del techo de la mina de carbón donde laboraba, en la ranchería del municipio de Múzquiz, entre otros sucesos que han abierto la discusión sobre la necesidad de perfeccionar y reforzar los protocolos de seguridad, así como tener una reacción inmediata eficiente ante emergencias o sucesos de riesgo.
BENEFICIO ECONÓMICO DE MINERÍA A CIELO ABIERTO
En el artículo Minería en México 2024: Análisis de Impacto y Proyecciones Post-Reformas de AMLO, se advierte que las medidas de los últimos gobiernos han generado incertidumbre no solo entre las empresas individuales sino también en los lazos económicos entre México y Canadá. En este sentido, la minería a cielo abierto representa más del 60 por ciento de la producción minera del país.
Según la Cámara Minera de México (Camimex), entre 2012 y 2022 las compañías canadienses invirtieron hasta 8 mil millones de dólares en exploración en México, lo cual representa el 70 por ciento de la inversión extranjera en el sector. Esta tendencia, advierten, ha sufrido un declive drástico, con una caída del 51 por ciento en la inversión en exploración en 2022 respecto a 2012.
Durante el panel Panorama Económico y Político de México 2024, economistas, politólogos e internacionalistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey expusieron que la economía mexicana no creció según lo proyectado en 2023 y para 2024 no preveían que superara el 2.2 por ciento debido a la desaceleración económica, las elecciones y el aumento de las actividades económicas ilícitas.
La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para este año es de 2.2 por ciento; es decir, experimentará un menor crecimiento en su economía en comparación con el año pasado. Asimismo, aunque hay un buen consumo privado y de remesas familiares, un gran segmento de la población aún se mueve en la informalidad, elemento que consideraron inquietante.
En este sentido, el sector minero considera que prohibir la minería a cielo abierto generará una caída económica, por la serie de industrias que dependen de esta actividad.
La Camimex afirma que el 60 por ciento de la producción minero-metalúrgica en el país proviene de las minas a cielo abierto. Para ellos, de aprobarse la reforma en las dos cámaras, existe un riesgo de pérdida de un millón de empleos formales, así como un impacto negativo en los índices de desarrollo de más de 690 comunidades mineras rurales.
Asimismo, ven comprometidos más de 30 mil millones de pesos que, como parte de diversas aportaciones fiscales, forman parte del erario federal. En este sentido, alertan también de una posible contracción económica por 250 mil millones de pesos anuales.
Desde la prospectiva de la Cámara Minera de México, el país dejaría de tener autosuficiencia minera y se convertiría en importador. Estiman que las importaciones crecerían 132 por ciento, lo cual ocasionaría un déficit en la balanza comercial de 93 mil millones de pesos.
En cuanto a relaciones comerciales internacionales, creen que el papel de México como productor de nueve minerales críticos para la región de Norteamérica dentro del marco de la transición energética quedaría restringido.
Su postura es que la minería a cielo abierto no debería prohibirse, sino operarla de una forma segura, con un marco normativo que garantice la protección al medio ambiente y a las comunidades. De igual forma, ven en la postura gubernamental un juicio a priori sobre las mineras, sin adentrarse en las circunstancias de esta industria y el impacto tanto en la economía como en la sociedad.
@emeequis
