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La Secretaría de Seguridad lleva 69 recomendaciones de CNDH… Sin funcionarios sancionados

La dependencia encargada de velar por la seguridad de la sociedad civil a nivel federal está cerca de llegar a las 70 recomendaciones por violaciones a derechos humanos. Van 24 desde que Rosa Icela Rodríguez está en el mando. Mientras tanto, la dependencia no expone registro de funcionarios sancionados.

Por Aldo Canedo
9 jun 2022

recomendaciones cndh a sspc
Desde su llegada, la dependencia ha recibido 24 recomendaciones de la CNDH. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– Se trata de la dependencia con más importancia a nivel de seguridad pública en el país. Sin embargo, el desempeño de algunos de sus funcionarios deja mucho que desear en cuanto a derechos humanos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha recibido, de 2019 a marzo de 2022, un total de 69 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios. De ellas, 14 son por delitos graves.

A pesar del número de recomendaciones (casi dos al mes) que ha recibido la entidad, y el hecho de que, según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, ha aceptado el 94% de todas, la Secretaría, actualmente al mando de Rosa Icela Rodríguez, no tiene registro de funcionarios sancionados.

¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS RECOMENDACIONES?

Según el portal oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los principales objetivos de la dependencia son la protección y defensa de los Derechos Humanos. Para ello, el principal instrumento con que cuentan son sus recomendaciones.

“Son el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad de la CNDH que permiten proporcionar a la víctima de violaciones a Derechos Humanos una reparación del daño sufrido e impedir la repetición de futuras violaciones”, expone el documento.

La historia de estas recomendaciones data del 10 de junio de 2011, cuando por mandato constitucional se estableció que todas los servidores públicos están obligados a responder dichas recomendaciones. Asimismo, en el artículo 1º constitucional se estableció que todas las autoridades deben “respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Por tanto, es el estado quien deberá sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas.

No obstante, en el periodo de tiempo reportado, no hay ni un solo funcionario sancionado por la dependencia, según la PNT.

El organismo garante de derechos humanos afirma que es “primordial” la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones, ya que esas acciones dan una muestra del compromiso que tienen las autoridades frente al respeto de los Derechos Humanos de sus ciudadanos.

La SSPC cumple con la “aceptación”, ya que de las 69 recomendaciones ha aceptado 65; es decir, el 94%. Además no ha rechazado ninguna. Por el contrario, el “cumplimiento” ha sido menos positivo. De todas las recomendaciones, el organismo no ha ofrecido pruebas de un cumplimiento total en ninguna, por lo que no ha conseguido concluir por completo ni una. 

De las 65 recomendaciones que se tiene registro de haber sido aceptadas, la Secretaría posee 56 con pruebas de un cumplimiento parcial de la violación a derechos humanos, 3 que aún tiene tiempo para contestar, 4 en tiempo de presentar pruebas de cumplimiento y 2 sin pruebas de cumplimiento.

Aquellas de las que no ha ofrecido pruebas de cumplimiento surgen en 2019. Se trata de la RECOMENDACIÓN 36/2019 y la RECOMENDACIÓN 39/2019. 

La primera de ellas aborda varias violaciones: la inviolabilidad del domicilio; libertad personal, detención arbitraria; legalidad por la falta de notificación, contacto y asistencia consular;   integridad personal por tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como al interés superior de la niñez en agravio de personas menores de edad en el momento de los hechos. 

Dichos actos fueron cometidos por servidores públicos de la Policía Federal y de la entonces Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México durante 2014.

La segunda, la recomendación 39/2019, aborda el caso de violación a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y seguridad personal en agravio; a la integridad personal por tratos crueles inhumanos y/o degradantes y actos de tortura, así como al interés superior de la niñez en agravio, y acceso a la justicia, por hechos ocurridos en el municipio de Macuspana, Tabasco 

En el caso hubo más de 20 víctimas, y los funcionarios implicados corresponden a la Fiscalía General de la República, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Comisión Nacional de Seguridad (ahora Secretaría

de Seguridad y Protección Ciudadana), Fiscalía General del Estado de Tabasco, Agente del Ministerio Público de la Federación, así como los CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social) 4,5 y 16. 

Si bien las recomendaciones pueden exponer la violación de derechos humanos por parte de distintas dependencias y organismos, los documentos van dirigidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que esta entidad, como máxima responsable de velar por la seguridad de las y los mexicanos, tome cartas en el asunto. 


Pese a que Rodríguez ha manifestado públicamente que la estrategia de seguridad es la correcta, lo cierto es que no ha logrado erradicar las acusaciones y recomendaciones por violaciones a derechos humanos. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com.


LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Las 69 recomendaciones que ha recibido la SSC se dividen así: 51 han sido recomendaciones específicas, 4 recomendaciones generales y 14 recomendaciones por violaciones graves.

Respecto a las violaciones graves, 8 se emitieron en 2019, 2 en 2020, 3 en 2021 y 1 en lo que va de 2022.

La recomendación 52VG/2022 es la más reciente. Se trata del caso de violaciones graves a derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal, por uso ilegítimo de la fuerza, que resultó en lesiones de una persona y en la privación de la vida de otra. 

Fueron acciones atribuibles a elementos de la Guardia Nacional, en Delicias, Chihuahua. Este hecho fue retomado por la prensa ya que, en septiembre de 2020, seis elementos de la GN fueron detenidos por su papel en el asesinato de Jessica Silva, quien iba regresando junto a su esposo Jaime Torres de una protesta para evitar la extracción del líquido de la presa La Boquilla, que sería entregada a Estados Unidos.

Otro ejemplo de la gravedad de estas recomendaciones es la 44VG/2021. Aquí se exponen delitos como: violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad ciudadana, de acceso a la justicia y a la verdad, así como al principio del interés superior de la niñez y adolescencia, todo esto por una irregular integración de las carpetas de investigación. 

Esta vez, la violación se dio contra personas migrantes que fueron secuestradas durante su tránsito por Tamaulipas. En total, la recomendación incluye 4 casos que suman más de 100 secuestros en el estado hacia personas presuntamente migrantes que viajaban en autobús de la línea comercial 3 y 2. 

En esta extensa recomendación se determinó que ninguna de las dependencias garantes de seguridad pública cumplió en proporcionar el derecho a la seguridad ciudadana por parte de las personas privadas de su libertad en Tamaulipas.

Para cumplir con su compromiso ante la aceptación de las distintas 69 recomendaciones, la SSC ha solicitado el auxilio de algunas dependencias gubernamentales como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Fiscalía General de la República, Secretariado Ejecutivo, o el Órgano Administrativo Desconcentrado de Policía Federal. Aunque como ya se mencionó, no han logrado culminar por completo ninguna.

DISTINTA PERSONA, MISMO RESULTADO

Alfonso Durazo fue el encargado de la dependencia desde la entrada de AMLO hasta octubre de 2020, cuando decidió dejar el puesto para postularse a la gubernatura de Sonora. En aquel momento, el presidente lo elogió: “Hoy se despidió de nosotros Alfonso Durazo, ya se va. Le hicimos un reconocimiento por su trabajo como coordinador de gabinete de seguridad, ayudó mucho, un servidor público ejemplar”. 

Durante los casi dos años de Durazo al mando de la seguridad del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil registró 45 recomendaciones por violaciones a derechos humanos. El 2019 fue el año más drástico en este sentido, ya que la dependencia de seguridad recibió 35 recomendaciones.

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Rosa Icela Rodríguez entró en 2020, tras ser Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, como sucesora de Durazo. Se tenían altas expectativas. AMLO la anunciaba como la primera mujer en comandar la seguridad pública del país y expuso su confianza en ella:  

“Es una mujer que viene del trabajo, es originaria de la huasteca potosina, de una familia humilde, que estudió, es periodista de profesión, fue reportera del periódico la Jornada, posteriormente estuvo conmigo en Seguridad Pública, cuando creamos las coordinaciones en la ciudad, para atender el problema de la seguridad pública. Fue también secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de la ciudad”, explicó AMLO. 

Sin embargo, su papel no ha sido el esperado. Pese a que Rodríguez ha manifestado públicamente que la estrategia de seguridad es la correcta, lo cierto es que no ha logrado erradicar las acusaciones y recomendaciones por violaciones a derechos humanos. Desde su llegada, la dependencia ha recibido 24 recomendaciones de la CNDH.

En comparación con otros organismos dedicados, la SSPC está por delante de otras secretarías encargadas de velar por la seguridad. Para contrastar, mientras la SSPC acumula 69 recomendaciones entre 2019 y 2022, la Secretaría de Defensa Nacional en este mismo periodo tiene 15, y la Secretaría de la Marina posee 24.

 

@aldo_canedov

 

 


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