SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS. Hace 18 años, el grupo Asamblea de Barrios –brazo electoral de partidos políticos en la Ciudad de México (CDMX)– se apoderó del edificio marcado con los números 104 y 108 de Antonio Caso, en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Invadieron el inmueble, metieron familias en condición de marginalidad que, con base en denuncias, también son parte de acarreo, porros y golpeadores en jornadas electorales.
Siete años después, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) inició un procedimiento de expropiación que integró la Consejería Jurídica. El edificio de 34 departamentos y nueve locales comerciales tiene un valor actual estimado de 150 millones de pesos y pertenece a Carlos y sus hermanos, quienes llevan las casi dos décadas buscando recuperar el inmueble del que han sido despojados.
Su historia fue documentada en Las siete mafias chilangas. ¿Quiénes gobiernan realmente la ciudad (Grijalbo, 2023), como parte del capítulo La mafia del despojo, que muestra cómo grupos ligados, ya sea a cárteles o al gobierno –en algunos casos a ambos–, se apropian de predios y edificios, en procesos en los que, aunque son denunciados ante la Fiscalía General de la CDMX, impera la impunidad.
Mientras la obra editorial estaba en proceso de producción, el INVI inició un nuevo procedimiento de expropiación, por lo que este edificio, invadido desde hace 18 años, dañado estructuralmente tras los sismos de septiembre de 2017 y con riesgo de colapso, es parte de una nueva disputa legal en la que Carlos denuncia un posible actuar ilícito de las autoridades, que, acusa, han protegido durante todo este tiempo al grupo invasor, que también pone en riesgo a los “ocupantes”, ante la posibilidad de derrumbe, como dictaminó Protección Civil.
SECUENCIA DE ILEGALIDADES
El timbre del teléfono le abrió los ojos como un golpe seco. El despertar abrupto aquella madrugada le hizo sentir una punzada en el pecho –mal presagio–y una descarga de electricidad al escuchar el tercer timbrazo del animal noctámbulo que era aquel teléfono fijo, con su cola de alambre conectada al tomacorriente. El miedo estaba por salir de la bocina, como vapor amargo en la oscuridad.
Apenas descolgó ese artefacto y el fuego se avivó dentro, como el ácido cuando sube a la garganta: “¡Ya deja de estar jodiendo, cabrón! Te vamos a quitar el edificio y no vas a poder hacer nada”. No era suficiente, venía la amenaza, incendiaria: “¡Piensa en tu familia, hijo de la chingada!”. Así comienza el capítulo de La mafia del despojo.
Era 2013 y aunque iban siete años de la invasión que lo dejó sin poder apoderarse de lo que era suyo, el INVI había iniciado un proceso de expropiación; mientras, las denuncias que él presentó por haber sido privado de su bien, por el que fue atacado con violencia cuando intentó recuperarlo, eran enviadas al no ejercicio de la acción penal.
“Hay muchos casos emblemáticos que prueban la complicidad de la autoridad, porque no se puede explicar de otra manera que me han retenido mi propiedad por 18 años sin imputar a nadie. Hoy la Fiscalía General de Justicia no tiene a nadie purgando una pena por el delito de despojo, cuando se afectan diez inmuebles al día”, denuncia Carlos, que obtuvo la cifra de la propia FGJ, según las denuncias presentadas, aunque se desconoce la “cifra negra”.
Acusó que desde 2006 se hizo una carpeta de investigación por la primera denuncia, cuando Asamblea de Barrios ingresó; después 2007 y 2010 acumularon otras. Todas fueron enviadas al no ejercicio de la acción penal a pesar de que, reclama, “el despojo es un delito de efectos continuos y por lo tanto no prescribe”.
En 2013, cuando iban siete años de la apropiación de su inmueble y recriminaba cada vez más a las autoridades una posible complicidad en lo que antes no sabía era parte de una mafia, se inició un procedimiento de expropiación por parte del INVI.
Al año siguiente, un juez federal en juicio de amparo precluyó la expropiación, por lo que el objetivo se veía truncado.
Asimismo, 2016, cuando se cumplía una década del despojo, Carlos presentó una nueva carpeta de investigación que, nuevamente, fue enviada el no ejercicio de la acción penal, pero hasta dos años después, en 2018.
En 2019 un juez de control, en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio determinó que la carpeta de 2016 estaba mal integrada, por lo que violaba los derechos humamos de quien legalmente era el propietario del edificio, específicamente los artículos 16 (nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones) y 20 (el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación) constitucionales.
Ante esta situación, el juez revocó el no ejercicio de la acción penal y pidió a la Ministerio Publico responsable que corrigiera las deficiencias que tenía la carpeta, que habían impedido que el caso llegara a proceso.
Aunado al triunfo legal en ese momento, en 2020 el juez de control, en audiencia, determinó que tenían que ser protegidos lo ocupantes del inmueble, por lo que la única manera de protegerlos era evacuarlos. Esta resolución se basaba también en los dictámenes de alto riesgo de colapso tras los sismos.
Esos dictámenes revelaron que había entre 18 y 20 familias que habitaban en el lugar. La orden era que “en tanto no exista dictamen de seguridad estructural favorable” las personas deberían ser evacuadas.
Lo anterior, porque el oficio SGIRPC/DGART/1155/2019 del 26 de julio de 2019 elaborado por la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, corresponde al Dictamen del inmueble, se estipula que es “de alto riesgo inminente”, y el ISCDF/DG/1539/2019, que el Instituto de Seguridad para las Construcciones creó el 5 de agosto de aquel año, refiere: Dictamen de Alto riesgo de Colapso, mismo que fue enviado a la Comisión de Reconstrucción, para solicitar que el edificio se demoliera.
Mientras el proceso continuaba, la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGJ, hoy Asuntos Internos, determinó mediante Acta Circunstanciada en 2020 que la carpeta tenía fallas administrativas graves que podrían ser constitutivas de delitos penales.
No obstante, Carlos denuncia que a finales del año anterior, en la carpeta de investigación, el Instituto de Vivienda informó al Ministerio Público que había iniciado un nuevo procedimiento de expropiación, lo cual, acusa, “es una violación flagrante de la ley, ya que fue definido que no había interés público para ello”.
En los archivos, en posesión de EMEEQUIS, se establece que al inmueble situado en maestro Antonio Caso (antes Antonio Caso) 104 y 108 se le asignó el número de expediente 108, “mismo que se encuentra en integración dentro del procedimiento denominado ‘Coadyuvancia en la Compilación de los Elementos-Técnicos Jurídicos de las Carpetas de Expropiación’”.
La etapa en la que se encuentra, añade el oficio DEAJI/SAI/JCI/00851/2022 del INVI, es en la que se someterá al Comité de Suelo.
En el intercambio de documentos en sus áreas internas, en Instituto de Vivienda recibió uno de la Subdirección de Asuntos Inmobiliarios que refiere que el edificio en cuestión “tiene precluido un procedimiento de expropiación por parte de la Consejería Jurídica en el expediente XPO1213, y es del conocimiento de la víctima que se inició un nuevo caso de expropiación.
Por su parte, la Subdirección de Normatividad y lo Contencioso reafirmó que el expediente 108 se encuentra en integración dentro del procedimiento denominado ‘Coadyuvancia en la Compilación de los Elementos-Técnicos Jurídicos de las Carpetas de Expropiación’”, pero añadió: “como medio de adquisición de suelo por vía de derecho público, promoviéndola a vecindades e inmuebles dictaminados con Alto Riesgo Estructural con la finalidad de proteger la seguridad física de sus ocupantes y de la comunidad en general, así como la de satisfacer la demanda de vivienda digna y decorosa”.
En la Subdirección de Asuntos Inmobiliarios también obra un oficio firmado por quien dijo ser la representante del inmueble en Antonio Caso, en el que los ocupantes, bajo protesta de decir la verdad, manifestaron que no tienen celebrado ningún contrato con el propietario del edificio, ya sea de arrendamiento, promesa de venta o cualquier otro que derive en la transmisión de la propiedad.
Dieciocho personas, que corresponden al mismo número de familias, signaron el oficio.
Carlos indicó que la representante, identificada como Beatriz Consuelo C.L. es una invasora que declara no vivir en el edificio y que también está involucrada en el despojo de un inmueble de Belisario Domínguez.
De igual forma, la Secretaría Particular del Subsecretario de Gobierno pidió al director del INVI, Raymundo Collins – que hoy tiene orden de aprehensión- que ayude en este procedimiento que lleva el edificio desde 2005, porque no han logrado la expropiación, aunque no especifica que el primer intento de expropiación fue precluido por orden del juez.
@axelchl
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