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La Guardia Nacional reanudó incorporación a la Sedena pese a amparo en contra

La Guardia Nacional sigue adelante con su traspaso a la Sedena, a pesar de que una jueza lo frenó. Un comunicado interno revela que dieron luz verde para continuar: “... debiendo reanudar desde luego las acciones correspondientes para que esta dependencia del Ejecutivo Federal asuma el control operativo y administrativo del citado Cuerpo de Seguridad Pública…”.

Por Emequis
11 / 1 / 22

EMEEQUIS.– La Guardia Nacional sigue adelante con el proceso para completar su adscripción total a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Un comunicado interno revela que, por órdenes de DN-1 (el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval), los procedimientos de incorporación están de nuevo en marcha.

Esto pese al amparo concedido por una jueza federal que frenó la adscripción operativa y administrativa de la GN al Ejército.

Aunque desde el pasado 19 de octubre hubo una orden expresa al interior de la GN y de la Sedena para detener todos los procedimientos, estos siguen de nuevo su curso, como consecuencia de una contraorden difundida apenas el 24 de octubre.

A pesar del amparo definitivo otorgado hace unos días por la jueza federal Karla María Macías, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, para frenar la incorporación y control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, la corporación que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio ordenó dar marcha atrás a la suspensión del procedimiento.

Un Mensaje C.E.I. (Comunicación Electrónica de Imágenes) fechado el 24 de octubre y con carácter de “Urgente”, con el número C.E./Opva. 8033, emitido por el Inspector General José Francisco González Hernández, Coordinador Estatal de la GN en el estado de Hidalgo, revela que el alto mando de la Defensa Nacional cambió de parecer y dio una contraorden para echar atrás su propia decisión de suspender temporalmente el proceso de adscripción. 

LA CONTRAORDEN 

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El Mensaje emitido desde la Coordinación Estatal “Hidalgo”, en Pachuca de Soto, Hgo, va dirigido al Cuartel General de la 18 Zona Militar en Pachuca, Hidalgo, Estado Mayor S-1 (Sección Primera, Operaciones), haciendo referencia al Mensaje F.C.A. (Formato Cifrado Arcano) Número S1/Ops./53058 del 21 de octubre de 2022, el cual se dirigió originalmente al comandante del 96 Batallón de Infantería, con copia a la Coordinación Estatal de la GN en Hidalgo.

El texto cita entre comillas el Mensaje F.C.A. P-I- /94461 del 211 de octubre de 2022 “girado por DN-1”, Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estudio (Lomas de Sotelo, Ciudad de México) “se le nulifica el contenido de mi Msje F.C.A. No. S1/Ops./52806 de 19 de Oct. 2022, en el que ordenó la suspensión temporal de la aplicación del Procedimiento de actuación para materializar el control operativo de la Guardia Nacional por parte de la S.DN”.

La contraorden es clara: “… debiendo reanudar desde luego las acciones correspondientes, para que esta dependencia del Ejecutivo Federal asuma el control operativo y administrativo del citado Cuerpo de Seguridad Pública…”.

 La contraorden.

Luego, se le ordena al Segundo Subinspector, Jefe de la Sección Administrativa, Erick Rafael Reyes Baxín, difundir lo dispuesto entre todo el personal de las seis coordinaciones de la Guardia Nacional en el estado de Hidalgo; Comandante Puesto de Mando “Rodríguez”, perteneciente al 2° Batallón de Guardia Nacional en Singuilucan, Hidalgo; Comandante Puesto de Mando “Walter”, perteneciente a la coordinación Estatal en Chiapas, Teocalco, Hidalgo; Comandante Puesto de Mando “Aldana”, perteneciente al 21º Batallón de Nacional en Atotonilco de Tula, Hidalgo; a los titulares de la 1ª y 5ª Compañías de Campo; a la Coordinación de la Sección de Seguridad en Vías de Comunicación, en Mineral de la Reforma y a la Coordinación de la Sección Segunda Aeroportuaria en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

BATALLA JUDICIAL

La guerra de amparos promovidos por diversas organizaciones civiles en contra de la adscripción de la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena y den su control total, operativo y administrativo, por parte de los militares, se agudizó a finales de septiembre. Esto se dio luego de las reformas aprobadas por diputados y senadores para incorporar a la GN a la estructura militar y después para prolongar la permanencia de las tropas en las calles del país cumpliendo labores de seguridad pública hasta bel 2028.

TE RECOMENDAMOS: LA CONSULTA DE LA GUARDIA NACIONAL: LA MENTIRA

El 12 de octubre, el Juez Noveno de Distrito en Guanajuato dio trámite un amparo con el que se suspendía la entrada en vigor del decreto para incorporar a la GN a la Sedena. La decisión del juez frenó temporalmente la incorporación de la corporación a la estructura castrense.

Durante su conferencia mañanera del 14 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el fallo del juez pero reconoció la existencia de al menos 53 amparos promovidos por diversos personajes y organizaciones para evitar el control operativo y administrativo de la Guardia a partir del argumento de que ésta debe ser una institución de carácter civil. 

López Obrador reiteró entonces que los amparos promovidos no harían que la Guardia Nacional dejara de operar o cesara en sus funciones. Y así fue. 

Algunos de los amparos fueron promovidos por activistas de derechos humanos como Ángel Castro Gómez, en una dinámica de reacciones y medidas tomadas por organizaciones como Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, Unión Cívica del país, Firma Jurídica, AC&AC Asociados, Tojil Eek, y otros grupos civiles que buscan frenar la militarización del país”.

En líneas generales, los amparos intentaban que no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, para que la Guardia Nacional siga bajo control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tal como prescribe el artículo 21 de la Constitución.

Sin embargo, el 21 de octubre, un Tribunal colegiado se pronunció sobre los amparos concedidos y falló en sentido opuesto, revocando le decisión para permitir que la Guardia Nacional siguiera con su incorporación operativa y administrativa a la Sedena.

La decisión del tribunal se basó en el hecho de que el promovente del amparo no demostró interés o personalidad jurídica para justificar la aplicación la aplicación del instrumento demandado.

La disputa jurídica dio un giro más el pasado 24 de octubre, cuando la jueza Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva para frenar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.

La jueza determinó que era procedente conceder el amparo definitivo promovido por la organización civil Uniendo Caminos México, encabezada por representada por Ángel Castro Gómez, por lo que se debe regresar el control operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La juzgadora precisó que suspensión “no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”.

En esta dinámica y luego de conocerse el amparo definitivo otorgado, otras 24 organizaciones civiles promovieron instrumentos similares para frenar la llegada de la Guardia Nacional a la Sedena y su control operativo y administrativo. Entre las organizaciones promoventes aparecen México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Intersecta y Data Cívica, para las cuales la incorporación total de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional es un atentado contra la democracia y las vías civiles del país.

@JorgeMedellin95

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Emequis

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