SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– El doble feminicidio del centro nocturno Jet Set en Hidalgo llevó a una línea de investigación por posible vínculo entre el crimen organizado y, al menos, una familia política en la región del Valle del Mezquital: los Charrez Pedraza.
Esta parentela había sido señalada en un informe del gobierno de estatal de 2020 por su presunta protección a un cártel que opera en aquella jurisdicción, Los Hades. Asimismo, recibió una mención este año en archivos elaborados por el ejército y filtrados en GuacamayaLeaks por supuestos nexos con un líder criminal dedicado a la extorsión, secuestro y robo de hidrocarburo, que actúa bajo el nombre de la Familia Michoacana.
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Lucero y Cynthia, trabajadoras del Jet Set, fueron privadas de su libertad el 26 de septiembre de 2021, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Horas más tarde de ser raptadas de su lugar de trabajo aparecieron con signos de tortura en la cajuela de un vehículo.
Las autoridades apuntan a una venganza intracártel, el de Los Hades, el grupo en expansión que consideran una de las principales amenazas en el estado.
Un informe requerido al Departamento de Identificación Fisonómica de la Fiscalía General de la República (FGR) arrojó que, mediante la utilización del software de análisis y reconocimiento facial, la persona identificada en los peritajes a las cámaras de grabación del mens club como “sujeto 4”, quien fue la responsable de sacar a las víctimas del lugar, es Julia N, alias La Loba, detenida 15 días después, el 11 de octubre de 2011 junto con nueve individuos más por posesión de arma de fuego. La versión de la policía es que presuntamente como parte de un comando trató de liberar a miembros, presumiblemente, de La Familia.
En el primer video se observa a “La Loba” con Lucero y Cynthia.
La identificación se logró al encontrar “continuidad morfológica y dimensional” del rostro entre ambas personas, por imágenes recabadas, una de la filmación, y otra del perfil realizado a La Loba tras su puesta a disposición. Por la capacidad de fuego, basada en el armamento asegurado, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) presume que los implicados pertenecen a un cártel del narcotráfico.
No obstante, esta no es la única posible evidencia que relaciona a La Loba en ambos eventos y de la cual se desprende la presunta relación entre la organización criminal y la familia política.
LOS INDICIOS
Además del doble feminicidio, en el Jet Set hubo tres homicidios. La Loba, captada en las grabaciones del circuito de seguridad del centro nocturno, es quien, junto con sicarios, saca de los cuartos a Lucero y Cynthia. Ella, sostienen las investigaciones a las que EMEEQUIS tuvo acceso, inicialmente se relacionó con presuntos miembros de Los Hades y comenzó a realizar algunos “trabajos” relacionados con el cobro de derecho de piso a comercios, incluidos bares y los dedicados al sexoservicio. No obstante, su relación principal –por la cual supuestamente llegó a relacionarse con este cártel–, no era delictiva, sino, inicialmente, política.
Con base en el informe que rindieron tres agentes de investigación involucrados en las detenciones del 11 de octubre, aquel día, en principio, acudieron a la comunidad de Panales, en el municipio de Ixmiquilpan, porque pobladores alertaron que un sujeto, que se ostentaba como miembro de un grupo delictivo, los amenazaba. Afirmaron que en la inspección al vehículo en el que éste viajaba encontraron armas y que el presunto dijo llamarse Moisés H.C; además, detuvieron igualmente a otros masculinos que lo acompañaban.
De acuerdo con su relato, cuando realizaban el traslado de los detenidos y el armamento asegurado, una camioneta tipo Kia Sumara Sorento color gris, con placas BRB-563-B de Hidalgo trató de cerrar el paso a la patrulla. Ellos, narran, encendieron la torreta y reclamaron que les abrieran paso, pero afirman que las dos mujeres y un hombre que viajaban en la Kia comenzaron a gritarles: “ni madres que se los van a llevar”, “¿no sabes con quién se meten? Somos la Familia Michoacana”.
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Sin precisar la manera en que lo lograron, los agentes señalan en su informe que lograron evitar que los tripulantes de la camioneta los bloquearan y que, al contrario, los hicieron descender –en esta parte no hay secuencia de las acciones, para pormenorizar cómo lo consiguieron–, y que tanto en el asiento del piloto como en el del copiloto encontraron armas largas.
En esa operación detuvieron a un sujeto que inicialmente dijo llamarse José López González, pero que tras la certificación oficial fue identificado como David R.G., de 32 años. Igualmente, las mujeres se presentaron como Lizbeth Campos Díaz y María Elena Bosco Juárez; no obstante, sus nombres reales, según la causa penal en la que están implicadas, son Jennifer O.T., de 24 años, y Julia A.S., de 34, a quien, por los registros de inteligencia con los que contaba la procuraduría, conocían con el alias de La Loba, por seguimiento a radiografías de seguridad en la región.
Otro de los elementos encontrados es un arma propiedad del gobierno de Estados Unidos, que conocieron por la leyenda “Property of U.S. Govt”, M-16, calibre 5.56 milímetros. En el doble feminicidio del centro nocturno también se usaron armas de este origen, al igual que en la fuga de los hermanos Mariano y José Artemio Maldonado Mejía, líderes del cártel de Pueblos Unidos o Los Michoacanos, el 1 de diciembre de 2021 de la cárcel de Tula en una operación que incluyó autos explosivos, por lo que las autoridades investigan el suministro de fusiles a grupos asentados en Hidalgo.
En síntesis, los tripulantes de la Kia, a decir de los agentes, intentaron rescatar a los detenidos de Panales con un comando. Aquel día, en total, fueron puestas a disposición diez personas. Dos de ellas, Blanca H.C. y Manuel M., en el área de urgencias del Hospital Regional del Valle del Mezquital, por heridas de arma de fuego.
Por lo que declararon los involucrados, más la información previa sobre La Loba, las investigaciones arrojaron a que se trataba, presuntamente, de una célula que se identificaba como La Familia Michoacana, relacionada, además, con el huachicoleo, delito por el cual disputaban la plaza de Ixmiquilpan y los municipios circunvecinos.
En sus primeras declaraciones, bajo custodia ministerial, uno de los detenidos, Miguel V.P., dijo que, aunque no lo conocía físicamente, sabía que uno de los comandantes del grupo respondía al apodo de “Chucky”.
Para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), basado en informes de inteligencia sobre la situación del robo de hidrocarburo hackeados por el colectivo Guacamaya, El Chucky es Ulises Estanislao Campos Galiote, quien en 2014 fue detenido en la Ciudad de México acusado de liderar una banda de extorsionadores que operaba al oriente de la capital.
A sus víctimas, indicó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina cuando hizo pública la “desarticulación del grupo”, las identificaba, principalmente, de zonas de mercados y tianguis; después las amenazaba y les cobraba derecho de piso. Era, les afirmaba, jefe de la Familia Michoacana. Bajo ese nombre cometía la extorsión.
En abril de este año, la Décimo Octava Zona Militar intercambió información con el mando nacional sobre políticos hidalguenses posiblemente involucrados con el robo de hidrocarburos, en el cual refirió que el excandidato a diputado federal y a la alcaldía de Ixmiquilpan por el Partido del Trabajo (PT) Vicente Charrez Pedraza estaría relacionado con El Chucky en la extracción de crudo.
Los informes no refieren la manera en la que el presunto líder de este grupo delictivo se vinculó con Charrez; sin embargo, a través de fuentes de seguridad que pidieron la reserva de identidad se conoció que El Chucky incursionó en el huachicol en la zona del Valle del Mezquital en el periodo de Omar Fayad y era responsable del cobro de la extorsión a empresarios y comercios, además de disputar, después, la plaza con un ala del cártel de Los Hades. Fue identificado en videograbaciones en las que están personas sometidas, presuntamente miembros de células rivales, y amenaza a capos contrarios con asesinarlos si no abandonan el territorio. Asimismo, es acusado de homicidio y secuestro.
En dicho listado de posibles relaciones político-criminales, a los hermanos Toribio Ramírez Martínez –exalcalde– y Pablo –expresidente interino, cuando por aplazamiento de elecciones se designó un Concejo municipal en 2020– también se les señala como supuestos aliados del Chucky.
En teléfonos asegurados, más rastreo a fuentes abiertas –incluidas redes sociales–, peritos encontraron fotografías, en situaciones diferentes, en las que se mostraría a La Loba y Vicente Charrez; igualmente, a Miguel V.P. y Charrez.
De igual forma, agentes de la PGJEH creen que la camioneta que intentó cerrar el paso a la unidad que trasladaba a los supuestos miembros de la Familia Michoacana y una que se utilizó en el doble feminicidio, es la misma. En ambos casos, a cargo de La Loba. Aunque en el Registro Público Vehicular –consultado por EMEEQUIS – el número de placa (reservado por la investigación en curso) no arroja resultados, agentes presumen que este vehículo es otra ruta al posible vínculo político.
En el segundo video La Loba sube a Lucero y Cynthia a una camioneta, mientras sicarios asesinan a tres hombres
Una fuente reservada también mencionó que de la intervención telefónica al dispositivo de esta mujer habrían conseguido ubicar y detener a un objetivo prioritario de la lucha contra el huachicol, en octubre de 2021: Salvador Reséndez Hernández, El Rex, quien era uno de los líderes de Los Hades, grupo con el que el gobierno de Omar Fayad Meneses (septiembre de 2016 a septiembre de 2022) ligó públicamente a otro de los hermanos Charrez, Pascual –en ese momento alcalde de Ixmiquilpan y otro miembro de la parentela–.
El 18 de junio de 2020, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevó a cabo en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de Hidalgo (C5i), en el municipio de Zapotlán, el entonces gobernador Fayad presentó una radiografía de objetivos prioritarios en el combate a la delincuencia, en la cual vinculó a Pascual Charrez con Los Hades.
Con base en informes a los que se tuvo acceso, Los Hades o Cártel de Palmillas tuvieron en la recta final de la pasada administración estatal una fisura que acabó en enfrentamiento entre los últimos líderes: Orlando Medina Velázquez, “El Fénix”, y Salvador Reséndiz Hernández, “El Rex”.
“El Rex” se asoció con Los Germanos, grupo formado por exmiembros del Cártel del Golfo y de Los Zetas, y se enfrentan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el lado de San Luis Potosí, desde arriba de Jacala hasta Huejutla, Hidalgo.
Con “El Rex” detenido, su organización es liderada por su hermano Monserrat Reséndiz y se enfrenta a Los Fénix, que es la célula principal de Los Hades.
La comunicación con La Loba, infieren los analistas a cargo del caso, era porque en algún momento estuvieron en un mismo “grupo”, antes de la separación entre Los Rex y Los Fénix, y también antes de la supuesta vinculación de la parentela política con el Chucky. Este último signaba sus ataques como la Familia Michoacana, firma que apareció en los cuerpos de Lucero y Cynthia, víctimas del Jet Set.
Chucky, en algún momento, refieren estas fuentes, estuvo asociado también con Los Hades “primera generación”.
Cuando se dio a conocer en la conferencia del presidente López Obrador el señalamiento por parte del gobierno de Fayad a Charrez y otro alcalde entonces en funciones, Erick Marte Rivera Villanueva, de Zimapán –municipio aledaño a Ixmiquilpan–, la oposición al gobierno priista pidió a dicha administración estatal precisar el supuesto involucramiento con el huachicol, además de llevar el caso, de haber elementos, a un terreno más allá de la exhibición mediática. Pascual Charrez y Rivera se dijeron dispuestos a colaborar tras la presentación de la radiografía.
En ese periodo, Los Hades se convirtieron en una de las principales amenazas a la seguridad. Los informes de la Sedena refieren que crecieron al amparo de la protección local. No sólo de alcaldes, sino también de corporaciones de seguridad. Incluso, en mensajes dejados entre grupos, se acusan de estar coludidos con ministeriales y mandos estatales.
LA ESTIRPE POLÍTICA
Cipriano, Pascual, Vicente y José Charrez Pedraza conforman una estirpe política que ha controlado durante casi tres lustros el municipio de Ixmiquilpan. Los hermanos, sin embargo, han rivalizado por el poder, y sus diferencias han pasado de las declaraciones públicas a supuestas agresiones físicas y amenazas de muertes, según denuncias en las que están inmersos.
Cipriano fue presidente municipal de Ixmiquilpan de 2012 a 2016, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), por el que, después, sería diputado local. Su hermano Pascual lo sucedió en el cargo, abanderado por el mismo instituto político, que después lo expulsó, aunque él se había deslindado de ellos al asegurar que, si bien obtuvo el puesto por estas insignias, su gobierno era “de izquierda” y “perredista” (en ese entonces ese partido no se había sumado al PRI y el PAN para hacer coalición conjunta).
En octubre pasado, Cipriano abandonó el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, donde permaneció recluido tres años, con un último cargo de homicidio culposo, después de que la autoridad judicial autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por prisión domiciliaria para continuar su causa penal.
El proceso que se le seguía era por un percance vial en el que su camioneta Ford Raptor propició la muerte por calcinación de un joven 21 años que viajaba en un Pointer, vehículo contra el que se impactó y provocó un incendio. Los hechos ocurrieron la madrugada del 6 de octubre de 2018 sobre la carretera federal México-Laredo a la altura del libramiento el Cardonal Colonia El Fitzhi, en Ixmiquilpan. Cipriano, que para ese momento era diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), salió auxiliado por un subalterno. llevaba el rostro cubierto con un saco y abandonó el lugar mientras la víctima estaba atrapada entre las llamas, según la fiscalía que siguió su caso. Por lo tanto, también se le imputó omisión de auxilio.
Para la detención del político fue clave su hermano Pascual. Charrez fue aprehendido el 20 de septiembre de 2019 no por el homicidio, por el que tenía un amparo mientras buscaba un acuerdo de reparación con la familia, sino por otro delito –intento de homicidio, acusado por su hermano Pascual, de quien recibió el perdón legal hasta enero pasado–. A ese proceso se sumó la causa penal por la muerte del joven en el choque, cuando ya estaba recluido.
Cipriano acusó a Pascual de aliarse con el gobierno de Omar Fayad, con quien había rivalizado políticamente, para encarcelarlo. Tras obtener su libertad, se reincorporó a sus actividades políticas.
Pascual intentó dejar a su hermano Vicente como alcalde, postulado por el PT, partido en el que ambos militan.
Vicente fue electo presidente en 2020, pero los comicios fueron anulados por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) por uso de recursos públicos del ayuntamiento de Ixmiquilpan –cuando estaba a cargo de su hermano Pascual– y actos anticipados de campaña, por tal motivo, también fue inhabilitado para contender en la elección extraordinaria.
En los comicios fue electa Araceli Beltrán Contreras, quien pertenece a su grupo político.
En febrero pasado, Vicente Charrez Pedraza fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad con el agravante de violencia en pandilla, y lesiones, ambos en contra de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El día 13 de ese mes, Vicente fue detenido por un percance vial en el barrio San Nicolás, en su natal municipio. Al estar detenido de manera preventiva, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) imputó los dos delitos federales por hechos del 20 de febrero de 2020, cuando, tras una mesa de diálogo entre pobladores de Ixmiquilpan y autoridades de la SCT, un grupo comandado por Charrez agredió verbal y físicamente a funcionarios, a quienes obligaron a caminar sobre la carretera México-Pachuca con pancartas, según la carpeta de investigación.
Cuando llevaba el proceso en libertad, el 31 de marzo fue detenido por portación de arma de fuego, cuando, señala la relatoría oficial, realizaba detonaciones en la vía pública, cerca de la presidencia municipal. Por ese posible delito fue vinculado a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva.
Los presuntos nexos del crimen organizado con esta parentela política son parte de las investigaciones del Jet Set y por el comando que intentó liberar a presuntos miembros de la Familia Michoacana; además, son parte de notificaciones al superior mando de la Sedena mediante informes de la Décimo Octava Zona Militar.
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