SOBRE EL AUTOR
Ángeles Cruz protestó en la Guelaguetza. Foto: Carolina Jiménez / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– El crimen organizado en Oaxaca asesinó a Román, hermano de la actriz y cineasta mexicana Ángeles Cruz. Su cuerpo sin vida y el de otros cuatro agentes de seguridad de la sierra mixteca fueron encontrados en noviembre del año pasado cerca del Santuario de las Aves en el municipio de San Miguel El Grande.
“Yo acudí al reconocimiento de mi hermano y pude entrar a la zona, era una masacre, no había manera de salir vivo de ahí (…) Todas las personas que venían manejando fueron (asesinadas) con un tiro en la cabeza. Personas altamente entrenadas los atacaron por enfrente y por los costados”, cuenta la directora de cine en entrevista con EMEEQUIS.
Asegura que, a ocho meses de la emboscada, las autoridades de Oaxaca, a cargo del gobernador Salomón Jara Cruz, no han dado avance de las investigaciones contra los responsables, han ignorado pruebas en el caso y pese a prometer el diálogo, no han emitido acciones concretas para detener al crímen en la localidad. En San Miguel El Grande la violencia no ha dado tregua y ha ido en aumento.
Usando una camiseta con un mensaje de auxilio, la actriz oaxaqueña se manifestó durante la Guelaguetza, donde estuvieron presentes autoridades del gobierno local y federal, como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. Sin embargo, algunas personas cercanas aparentemente cercanas al gobernador Jara, intentaron sabotear la protesta.
La agresión donde fue asesinado Román ocurrió a sólo 400 metros de una estación de la Guardia Nacional (está desde mayo de 2023) en la comunidad de Lázaro Cárdenas rumbo a Villa Guadalupe Victoria la cual, se acababa de instalar por petición de seguridad para el pueblo. Sin embargo la violencia sigue ocurriendo a plena luz del día y a la mira de los encargados de la seguridad pública, afirma la actriz.
Las otras personas asesinadas fueron el agente municipal de Villa Guadalupe Victoria: José Pérez Mendoza, el agente de Lázaro Cárdenas: Gabriel Cruz Ortiz y dos personas de la fiscalía
“Hemos contabilizado más de 20 agresiones en el año pasado, todas estas se han dicho. Ha existido el diálogo, pero no han existido acciones contundentes que detengan esta violencia sobre San Miguel El Grande y mientras eso no suceda nosotros seguimos en riesgo latente”, comenta Cruz que pese a que se desconocen las causas de la violencia las agresiones contra la comunidad han aumentado desde un cambio de concesión forestal y de recursos naturales.
A la comunidad le pareció excesivo el número de camiones de madera que salían de la comunidad con rumbo a Tlaxiaco, al preguntar las autoridades comentaron que era por “saneamiento del bosque”, comenta.
“Sabemos que ese cerro tiene muchos recursos naturales, pero hay muchos intereses políticos, de dinero. (…) Esta concesión en bienes comunales de San Miguel El Grande la tenía una persona de Michoacán, pero cuando llega la nueva administración, a petición de muchas personas de la comunidad, hace que se concluyera el contrato y que se trabaja con la gente de nuestras comunidades para sanear el bosque. No sé si eso molestó intereses”, explica Ángeles.
En Oaxaca la violencia no se limita sólo a estos municipios, sino que la escalada aumentó desde el año 2023, en el que inició la gestión del gobernador morenista Salomón Jara Cruz. A pesar de que en la gestión del expriísta Alejandro Murat, la entidad tuvo graves problemas de inseguridad, durante la actual gestión han aumentado los homicidios, y carpetas de investigación por narcomenudeo subieron casi al doble.
INCIDENCIA DELICTIVA EN AUMENTO
Durante el primer año de gobierno de Salomón Jara Cruz, los delitos de homicidio, violencia sexual y narcomenudeo han mostrado una tendencia a la alta; de acuerdo con datos públicos de incidencia delictiva del fuero local del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los asesinatos en Oaxaca subieron un 10.1% durante el 2023, primer año de gestión del actual gobernador, en comparación con el año previo. Mientras que durante el año 2022 se registraron 1 mil 873 personas asesinadas; para el año siguiente la tendencia subió a 2 mil 62 casos.
Mientras que en los primeros seis meses de 2024, en Oaxaca han asesinado a mil 163 personas, reportan cifras oficiales.
El asesinato del rapero zapoteco Rosty Bazendu ha sido uno de los casos más recientes en la comunidad oaxaqueña. El pasado martes 30 de julio fue encontrado en Juchitán el cuerpo del joven, tenía impactos de bala y rastros de tortura, de acuerdo con los reportes policiales.
Del total de los homicidios ocurridos en Oaxaca del 2022 a la fecha, el 41% fueron contabilizados como homicidios dolosos.
De acuerdo con el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, el 35% de los homicidios reportados durante 2023 están relacionados con la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la entidad, mientras que el resto, afirma el funcionario, se deben a “conflictos interpersonales”.
Durante el primer año de gobierno del morenista Salomón Jara, el delito con mayor aumento en Oaxaca han sido casos de narcomenudeo. Durante el año 2022 se reportó la apertura de 310 carpetas de investigación por este delito, mientras que en el año pasado, en Oaxaca se iniciaron 626; lo cual representa un aumento del 101.94% respecto a las indagatorias del año previo.
Otro aumento en la incidencia delictiva se registra en las investigaciones iniciadas por delitos de violencia sexual, como violación, abuso o estupro. Por estas conductas se iniciaron 1 mil 626 carpetas durante el año 2022; mientras que en el siguiente el aumento fue de 6.27% al reportar 1 mil 728 agresiones. Para este año, las denuncias suman 789 registros durante los primeros seis meses de la gestión.
Pese a las denuncias por uso irregular de recursos naturales, así como al asesinato o amenazas de activistas defensores del territorio, las autoridades de Oaxaca sólo reportan la apertura cuatro investigaciones por delitos contra el medio ambiente, de 2019 a 2024.
ACTIVISTAS AMENAZADOS Y ASESINADOS
El pasado 19 de julio los cuerpos calcinados del defensor de la tierra, Lorenzo Santos Torres y su familia, hija y esposa, fueron localizados en la comunidad de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Antes del ataque había recibido amenazas de muerte.
El defensor comunitario había sido víctima de violencia e intimidaciones previo a su asesinato y era conocido el riesgo latente en que viviía. En 2013 fue asesinado su hijo Lorenzo Santos Torres, cuando apenas tenía 10 años de edad, por esta razón mantenía medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo perdieron su vigencia en 2022.
Por defender los intereses jurídicos y de territorio de la comunidad de Santiago Amoltepec, el activista tuvo desencuentros con autoridades locales. Se opuso a intereses políticos, como el cacicazgo del expresidente municipal de Santiago Amoltepec, Pedro Luis Jiménez Hernández, quien se encuentra preso por intentar asesinar al activista.
Las agresiones en su contra culminaron con el asesinato de casi toda su familia y ahora, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exige protección en favor de los familiares del activista asesinado.
Este no es el único caso de defensores de la tierra y el territorio que han sido asesinados por oponerse a intereses políticos o económicos que amenazan con la destrucción de recursos naturales de las comunidades.
Organizaciones civiles han denunciado que existe una crisis de derechos humanos en Oaxaca, por el alto número de defensores y activistas que han sido asesinados durante el último año.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” informaron que en la entidad han sido asesinados al menos, 42 defensores y defensoras de derechos humanos, de a tierra y los recursos naturales tan sólo durante lo que va de 2024.
Afirman que la crisis de violencia contra las y los activistas en Oaxaca ocurre ante conflictos intercomunitarios, migratorios y extracción de los recursos humanos, donde sus voces y exigencias son indispensables. Refirieron que las comunidades indígenas y los pobladores se mantienen bajo el acoso y hostigamiento de grupos criminales que operan de manera impune en Oaxaca, aseguran, por lo que no existen condiciones de seguridad para los defensores.
En respuesta, el gobierno de Salomón Jara emitió un comunicado en el que aseguró que “ninguna persona defensora de derechos humanos que se encuentra dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Sego, ha perdido la vida”.
Señalan que las cifras presentadas por las organizaciones “carecen de sustento” y que, por el contrario, los casos de violencia han disminuído.
Sin embargo, los asesinatos de activistas son cada vez más frecuentes y en algunos casos, se les ha negado la protección del estado.
Durante la última semana, en la región mixteca fue asesinado Rafael González López, defensor de derechos humanos y militante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), días antes, mataron a Bonifacio Martínez Cruz, dirigente de la comunidad triqui de San Quintín.
A la cineasta oaxaqueña Ángeles Cruz, el gobierno de Oaxaca y las autoridades federales le ha negado el acceso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos; ya que aseguran que “no corre riesgo fuera de Oaxaca”, pese a que se ha encargado de denunciar las agresiones que sufre la comunidad.
“Yo he insistido en que estoy en riesgo. Para llegar a mi comunidad tengo que pasar obligatoriamente por Tlaxiaco, tengo que pasar obligatoriamente por el lugar donde fueron secuestradas personas. No tengo seguridad. (…) Evidentemente tengo miedo, mi familia tiene miedo de perder a otra persona en la casa, hay una frustración horrible y no entendemos el por qué de la impunidad”, denuncia la cineasta en entrevista con EMEEQUIS.
@GloriaPE_
