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Bañistas visitan la playa Manzanillo en Acapulco, ubicada en la zona tradicional del puerto, en donde aun se observaban las embarcaciones varadas por el huracán Otis en abril de este año. Foto: Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Desde el 22 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzó a emitir alertas sobre la formación y trayectoria de lo que inicialmente fue una depresión tropical. Las comunicaciones oficiales advirtieron repetidamente sobre el riesgo que representaba Otis, instando a extremar precauciones, especialmente en la navegación marítima y las áreas costeras de Guerrero.
Sin embargo, estas advertencias no se tradujeron en acciones preventivas efectivas por parte de las autoridades competentes, tanto a nivel federal como estatal y municipal.
¿Quiénes son, con nombre y apellido, las personas en la cadena de responsabilidades que probablemente no actuaron con la suficiente determinación? En EMEEQUIS revisamos documentos, organigramas y comunicaciones para determinar qué funcionarios, desde lo local hasta lo federal, participaron en esta cadena de omisiones que contribuyó a la magnitud de la tragedia.
La investigación de EMEEQUIS “HURACÁN OTIS: LO QUE EL GOBIERNO NOS OCULTÓ” publicada el 26 de agosto reveló que el número de víctimas fatales por el huracán Otis fue significativamente mayor que el informado por el gobierno, con al menos 68 muertos confirmados, en contraste con los 52 reportados oficialmente.
Este aumento en la cifra de fallecidos, junto con las inconsistencias en la respuesta gubernamental, apunta a graves omisiones que empeoraron la situación que ya de por sí fue mayúscula por los daños humanos y materiales.
Según la directriz jerárquica de las secretarías, empezando por la federal, en la cúspide de la cadena de responsabilidades se encuentra Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, quien tenía la obligación de coordinar los esfuerzos a nivel nacional para preparar a la población y mitigar los efectos del huracán.
Junto a ella, Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fue responsable de emitir las alertas meteorológicas, mismas que, según pudo constatar este equipo de investigación, no fueron conocidas ni por marineros, capitanes, población general ni turistas.
Marcos Eduardo Olmos Tomasini, director General para la Gestión de Riesgos, y Óscar Zepeda Ramos, director General de Protección Civil, ambos del orden federal.
Zepeda Ramos, el día 24, emitió un Aviso Especial del huracán Otis dirigido a los titulares de Protección Civil de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. A través del oficio SSPC/CNPC/DGPCI/01449/2023 refería que derivado de la Nota Informativa Aviso especial por “lluvias torrenciales a extraordinarias, vientos fuertes y oleaje elevado que se espera por HURACÁN OTIS DE CATEGORÍA 3”, de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, Otis continuaría sobre Guerrero durante las siguientes 48 horas después del impacto, ocasionando lluvias torrenciales a extraordinarias en Guerrero, occidente de Oaxaca y oriente de Michoacán.
Comunicaba también la necesidad de activar los protocolos correspondientes para alertar a la población. Lo anterior, cuando estaba a horas de que el ojo del huracán tocara tierra.
Olmos Tomasini, a su vez, biólogo de formación, firmó el 30 de octubre la Declaratoria de Emergencia para el estado de Guerrero “por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes el 24 de octubre de 2023”. Inicialmente, sólo consideró a dos municipios: Coyuca de Benítez y Acapulco bajo la categoría de zona de desastre.
No obstante, por la presión social, el 2 de noviembre se amplió la declaratoria para 47 municipios. La declaratoria de emergencia feneció el 9 de noviembre; es decir, sólo estuvo activa 16 días.
Zepeda Ramos fue quien comunicó el reporte de población afectada inicialmente, indicando que únicamente identificó al municipio de Acapulco de Juárez con población afectada.
A nivel estatal, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, tenía la responsabilidad de movilizar los recursos y coordinar las acciones de protección civil en su jurisdicción. Sin embargo, su administración no actuó con la celeridad requerida, a pesar de contar con información precisa sobre el peligro inminente.
Según la respuesta solicitada vía transparencia sobre las acciones realizadas por el estado para evitar muertes, se confirmó que sólo tres equipos de cinco personas salieron a dar información a las calles y playas, en una ciudad de casi 800 mil habitantes.
Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral y Gestión de Riesgos de Guerrero, y Ricardo Ramírez Ibarra, subsecretario de Prevención y Reducción de Riesgos, también pudieron haber fallado en implementar medidas que pudieran haber salvado vidas y reducido los daños materiales, ya que su labor es aminorar los riesgos con acciones preventivas.
Durante su comparecencia en el Congreso estatal en noviembre del año anterior, Arroyo Matus dijo que Guerrero está preparado ante los fenómenos naturales y que con anticipación a la temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2023 invirtieron 59 mil 333 pesos en el mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Alerta Hidrometeorológica de Acapulco.
Resaltó también. la importancia que, afirmó, le ha dado la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la protección civil de manera preventiva, “impulsando políticas públicas que fomenten la cultura de la prevención de riesgos en la población guerrerense”, sin reconocer fallos.
En el ámbito local, Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, e Iván González, director de Protección Civil de Acapulco, no lograron activar los protocolos de emergencia de manera oportuna. Esto es particularmente grave dado que Acapulco fue uno de los puntos más afectados por el huracán. La falta de comunicación y coordinación en los municipios de Coyuca de Benítez, San Marcos, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez y Tecpán de Galeana, cuyas autoridades locales también forman parte de la cadena de responsabilidades, contribuyó al caos y la desprotección de la población.
La investigación de EMEEQUIS publicada este lunes 26 de agosto destacó que, a pesar de las advertencias recibidas, las autoridades no actuaron con la diligencia necesaria para evitar la catástrofe. Documentos internos, comunicaciones de alerta firmadas y registros oficiales muestran que estas figuras clave, con nombre y apellido, tenían conocimiento de la gravedad de la situación y, aun así, no implementaron medidas preventivas adecuadas. Esto plantea serias dudas sobre la responsabilidad legal de estos funcionarios y la necesidad de que enfrenten las consecuencias de sus omisiones.
El huracán Otis no solo expuso la vulnerabilidad de las infraestructuras en Guerrero, sino también la ineficacia de un sistema de protección civil que, pese a tener tiempo para prepararse, falló en su deber de proteger a la población.
Las 68 muertes confirmadas por la Fiscalía General del Estado de Guerrero son un testimonio doloroso de las fallas en la respuesta gubernamental, fallas que, como señala la investigación, podrían haberse evitado con una actuación más rápida y eficaz por parte de las autoridades responsables.
@axelchl
