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Herencia maldita: Entre hermanos, una historia de amenazas, cárcel y presión desde el poder en Hidalgo

Los hijos de Enrique Baños Zúñiga mantienen desde su muerte en marzo de 2020, un enfrentamiento que escaló por acusaciones de falsificación de documentos y amenazas de muerte. Un hermano está en la cárcel, otro en el centro del poder político local, y la familia confrontada

Por ESPECIAL EMEEQUIS
1 jul 2022

Herencia maldita Enrique Baños Gómez Baños Pérez secretario de Turismo Hidalgo disputa
La muerte de Enrique Baños Zúñiga, padre del secretario de Turismo de Hidalgo, trajo una disputa entre sus hijos por las propiedades que dejó. Se acusan de corrupción y amenazas de muerte.

Por Áxel Chávez

EMEEQUIS.Dos hermanos enfrentados –y dos propiedades de su difunto padre en disputa–. Uno, Lucio, está en la cárcel; el otro, Eduardo Baños Gómez, es el titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo.

Uno, el preso, como albacea de sus demás hermanos, acusa al funcionario de falsificar la firma de su fallecido progenitor para apropiarse de propiedades que, asegura, le pertenecían a los siete hijos.

El secretario, a su vez, denunció a Lucio por amenazas de muerte (causa penal 830/2021), delito por el cual está recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca desde el 5 de noviembre del año anterior, además de acusarlo de querer apoderarse de inmuebles que, asegura, legalmente le pertenecen.

El patriarca de la familia, Enrique Baños Zúñiga, falleció el 8 de marzo de 2020. La amenaza de muerte denunciada presuntamente ocurrió un día después, luego de que la familia acudiera al panteón por las acciones fúnebres, aunque la carpeta de investigación 12-2021-987 se inició casi un año después, el 4 de marzo de 2021.

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Para entonces, los hermanos estaban confrontados porque Lucio y los demás –el primero como albacea de todos, figura que antes recaía en Eduardo Baños– habían denunciado al integrante del gabinete de Omar Fayad Meneses de falsificar la firma de su padre para, supuestamente, apropiarse de propiedades que les pertenecían a todos. Tenían un peritaje privado que, afirman, mostraba 42% de diferencia en un rasgo determinante de la rúbrica original, comparada con la que presentaban los documentos con los que el secretario de Turismo ampara la donación a nombre de su padre.

Desde prisión, donde entabló contacto con EMEEQUIS, Lucio pide que la justicia intervenga para sancionar una probable irregularidad en los documentos, con la cual, insiste, se les pretende despojar de la herencia de don Enrique Baños Zúñiga, además de castigar posibles anomalías en su caso porque, sostiene, su hermano ejerce influyentismo en el aparato de procuración de justicia en el estado por medio de la posición que ocupa como allegado de Fayad Meneses.



Audio de Lucio desde el Cereso de Pachucha


Desde las oficinas de su correduría pública, la número 5, el secretario responde en entrevista: “yo no lo tengo en la cárcel, lo tienen sus actos”, y remata: “de lo único que soy culpable es de tener hermanos delincuentes”.

Ninguno oculta lo que opina del otro; ambos se acusan de mentir e ir en contra de la voluntad de su padre. Ambos son abogados. La casa principal, que ocupaba don Enrique Baños Zúñiga hasta sus últimos días, está valuada, conforme a escritura pública, en 7.4 millones de pesos; de la posesión de ésta deviene el principal pleito.

 

El secretario de Turismo Enrique Javier Baños Gómez, hermano de Lucio.


LOS CARGOS

Con base en la declaración del secretario Eduardo Javier Baños Gómez –a la que se tuvo acceso de la carpeta iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)–, el 9 de marzo de 2020, aproximadamente a las 5 de la tarde, fue amenazado de muerte por su hermano con un arma de fuego calibre .38.

“Aproximadamente las 17 horas, al llegar en compañía de los señores Erick Gerardo H. B. y Jaime Jiménez G. a la casa objeto de despojo y querer ingresar a la misma me percato que Lucio Baños junto con Luis Fernando Baños e Hilaria Graciela C. A. se encontraban ya en el interior de la casa y trato de ingresar a la misma y Lucio se para frente a la puerta y me dijo que no estaba de acuerdo con la donación que me hizo mi padre, refiriéndose a una fracción conocida como fracción A, de manera precisa de la casa habitación en la que pernoctaba mi padre. Lucio, al momento de estar cerrando la puerta Luis Fernando e Hilaria, comienza a decir que yo no tenía ningún derecho sobre esa casa. Le dicen a Lucio que ya no abra la puerta y en ese momento cierra completamente la puerta. Después de que me cierra la puerta abrió la puerta nuevamente, y en cuestión de minutos veo que Lucio abre la puerta y en una de sus manos traía un arma de fuego de color negro y cromada al parecer revólver 38 mm de 20 cm de largo, aproximadamente. Apunta el arma hacia mi persona a la altura del pecho y me dice que no se me ocurra demandarlo o denunciarlo, que si lo hago me mata; que él tiene armas cortas y largas. Posteriormente, dirige el arma hacia arriba y realiza una detonación. Yo doy dos pasos hacia atrás y observo que junto a la puerta por la parte de adentro se encuentra Luis Fernando e Hilaria, por lo que le dije que se calmara y que no tenía por qué sacar armas, y en ese momento me retiro del lugar con las personas que me acompañaban”.

Un peritaje particular que la defensa de Lucio busca que adquiera valor probatorio en el caso señala que, según un análisis al teléfono del acusado –con número de serie terminación 26NPN–, al extraer la geolocalización del dispositivo se obtuvo que entre las 14:41 y las 15:45 horas el hermano del funcionario estuvo en el panteón municipal de Mineral de la Reforma; después, de las 16:04 a las 17:47 horas, en el restaurante Don Horacio, en la localidad de Pachuquilla, a 12.4 kilómetros de distancia del lugar de los hechos; posteriormente, argumenta, realizó un recorrido de 33 minutos hasta el sitio en el que supuestamente realizó la amenaza, el cual se encuentra en rancho Las Colonias, en Pachuca.

Al peritaje, añade 19 capturas de pantalla de conversaciones entre los hermanos, para argüir que existió, antes, durante y después del momento en el que supuestamente ocurrió el amago con el arma de fuego una relación cordial y de buen trato entre los implicados.

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Un día previo a los supuestos hechos, el 8 de marzo, Lucio –según este peritaje a cargo de la empresa Security & Criminology– le escribe a las 5:05 pm al secretario de Turismo: “hermanito, hay propuesta de nuestros demás hermanos de llevar mariachi de la iglesia al panteón. Qué opinas”. El contacto registrado como Lalo G.B. responde, en tres mensajes: “Sí. Adelante. 👍”.

Ya a la una de la tarde del 9 de marzo, el secretario, siempre con base en este análisis encargado por la defensa de Lucio, es quien sugiere que los mariachis comiencen a tocar desde un punto en el que se encuentran tractores hasta llegar al panteón, después de que fue consultado por su hermano, que le contesta: “van a tocar canciones que le gustaban a nuestro papasito”. La respuesta de Eduardo es “Sí. Luego Lucio envía un emoji 👍”.

La conversación vía WhatsApp se suspende a la 1:06 pm y es reanudada por Lucio a las 6:48, hora en la que, con base en la relatoría del secretario, con la que dio inicio la carpeta de investigación por parte de la procuraduría hidalguense, ya habría sucedido la amenaza de muerte.

Son dos contenidos multimedia que están omitidos, enviados por Lucio y, luego, un mensaje de Eduardo Gómez Baños a su presunto agresor: “Te quiero mucho hermanito!!”, a las 8:18 pm. No hay referencias, en estos análisis al dispositivo, de la amenaza.

LO QUE DICE EL FUNCIONARIO

El secretario de Turismo hidalguense asegura que estas comunicaciones son falsas, que el contenido de los mensajes no es correcto, aunque reconoce que se comunicaron en las fechas indicadas vía mensajes; asimismo, asevera que, en el proceso, carece de valor probatorio este peritaje y que no ha sido aceptado por la jueza Karina Vértiz Marín.

Al día siguiente, según la narrativa del análisis de su dispositivo móvil, Lucio le pide al secretario una reunión con los demás hermanos, que han pedido abordar unos asuntos. Eduardo le sugiere un listado de puntos a tratar en esa reunión y, minutos después, se la envían. Entre estos asuntos están el pago de los gastos del sepelio, el reparto de dinero en banco, los gastos del rancho y la renta de locales.   

En los chats siguientes los hermanos también acuerdan verse, sólo ellos dos, y tratar algunos asuntos en privado. También mencionan que en una cuenta bancaria de su padre no hay beneficiarios, por lo que sugieren la alternativa de iniciar un juicio para la distribución entre los siete. Lucio igualmente dice que algunos de los hermanos necesitan dinero en esos momentos y que sabe, más o menos, cuánto hay en una cuenta de cheques, entonces acuerdan expedir algunos de estos para dar el dinero a los demás.

Eduardo Baños dice que este no es un asunto político, sino familiar; defiende que los procesos son apegados a la ley. Replica: “Soy secretario de Turismo, no procurador de justicia”, ante el cuestionamiento de una posible influencia en el caso por su posición como funcionario, como acusa su hermano.

LA CONFRONTACIÓN ABIERTA

Reunidos los hermanos para tratar asuntos de la distribución de bienes, Eduardo, secretario de Turismo, les dijo: “Fíjense que esto me lo donó mi papá”, se refería, inicialmente, a la casa de una hectárea que era de don Enrique.

“¿Cómo? –replicaron los hermanos– si en sus últimos días de vida, estando tú presente, mi papá nos dijo: ‘hijos, esta casa es para todos ustedes, aquí reúnanse’”. La intención era que la familia no se desintegrara, que la siguieran habitando. Esta versión la cuenta Lucio desde la cárcel de Pachuca.

El secretario de Turismo insiste que esto es falso, y cuenta otra versión: en 2017 –dice sin precisar día ni mes– dos de sus hermanos, Lucio y Patricio, comparecen ante su padre y le reclaman haberle dado la casa principal a Eduardo. Desde entonces lo sabían, asegura, y reprocha que no le reclamaran en vida. Iban armados, acusa. Aunque sugiere un encuentro amenazante, el señor Baños Zúñiga no presentó denuncia al respecto. Su padre, dice el funcionario y corredor público, no recula en una decisión que, repite constantemente, ya había tomado, entonces opta por ir ante un segundo notario.

 


Hay un documento notarial con fecha anterior a 2017. Como fedatario de la cesión de bienes del patriarca de la familia fungía el titular de la Notaría Pública Número 4 de Apan, Alejandro Martínez Blanquet, cuya patente fue revocada por irregularidades en el ejercicio público, según la notificación publicada en el Periódico Oficial del Estado del 22 de mayo de 2017. No se explica en ese fallo cuáles fueron los casos en los que se detectaron anomalías.

La escritura 70171 pasada ante la fe de Martínez Blanquet del 13 de abril de 2015 señala que el señor Baños Zúñiga dona a su hijo Eduardo la casa en Las Colonias, Pachuca.

Los hermanos, representados por Lucio, contrataron al perito Alfredo Sevilla Rodríguez, quien asegura que la firma atribuida a su padre en los documentos de donación era 42% más amplia que la auténtica.

“Si hubiera sido real esa donación ningún problema habría, pero se hubiera arreglado en ese momento (el del supuesto encuentro con los hermanos y su padre). Así de fácil: que él hubiera dicho ahí: ‘oye, papá, pero tú ya me la donaste’. Y que le hubiera contestado: ‘ah, sí, hijo’, pero no dijo nada, siempre cayó ante la opinión de mi padre que esa propiedad era para todos”, narra Lucio desde reclusión.

Prosigue: “Ya cuando muere, ahora sí nos dice que eran de él, pero sacamos cuatro peritajes para determinar si era verdadera la firma y los cuatro salieron que era falsa, entonces por esa razón procedimos contra él penalmente (carpeta de investigación 8313/2020); entonces, cuando ya se siente acorralado, en marzo de 2021 él denuncia unas amenazas que supuestamente yo le cometí un año antes, al día siguiente que murió mi padre”.

Eduardo revira: afirma que la denuncia que cita Lucio no la iniciaron directamente contra él, sino contra quien resulte responsable de posible falsificación de firmas para la cesión de esa propiedad y otro terreno en Jagüey de Téllez que, según el burócrata, tiene un aproximado de 500 metros. Además, cita que con base en un dictamen de grafoscopía (DC-FO-016) del 12 de marzo de 2021, la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó que las rúbricas son auténticas. Directamente contra él, sostiene, no hay ningún proceso abierto.

Además del documento que refiere que la propiedad fue donada, la escritura 70171 –que los todos los hermanos reconocen existe, pero Lucio y los demás insisten en que se falsificó la firma de su padre– existe otro expediente notarial. El 28 de agosto de 2019 la notaria 2 de Mixquiahuala, Aida Gálvez, dio fe que compareció ante ella el padre de los hermanos Baños Gómez, para decir que había donado a su hijo Eduardo la casa en cuestión, y citó la escritura elaborada por el notario público número 4 de Apan, Alejandro Martínez Blanquet.

El secretario de Turismo también exhibe una Constancia del Registro Público de la Propiedad del 30 de septiembre de 2015 –casi cuatro años antes de que muriera su padre–, que señala que la casa está a su nombre, así como un documento catastral del 20 de mayo de 2015. Con esto, sostiene, existe legalidad y certeza de la posesión.

LAS DENUNCIAS

Para Lucio, un aspecto esencial en lo que, asevera, es una irregularidad en el caso por el cual está en prisión es que la denuncia se inició hasta cuatro días antes de que se cumpliera un año, lo cual, expone, no es lógico para alguien que, supuestamente, se ha visto en riesgo. Su hermano responde que, para él, el asunto es sencillo: ocurrió durante la pandemia y las oficinas del ministerio público no atendían con normalidad. Él mismo, añade, tuvo Covid; estuvo en el plazo que establece la ley, repite.

Lucio opina: “si fuera una amenaza de muerte, no se entiende lógico que lo hagas hasta casi un año, porque esta denuncia la hizo el 4 de marzo de 2021; es decir, cuatro días antes que se cumpliera el primer aniversario del fallecimiento. La ley te permite un año, pero para mí no es lógico que si alguien es amenazado de muerte, como él dice, denuncie tanto tiempo después, máxime él que es un funcionario público que tiene a su alcance a todas las instituciones de seguridad”.

Por lo tanto, considera: “Al sentirse descubierto (de la presunta falsificación), y como yo represento a todos mis hermanos, porque soy el albacea de la sucesión testamentaria y además llevo la dirección de todos los juicios que se iniciaron para revocar esas escrituras y también la denuncia penal en contra de él, entonces se asoció con dos de sus empleados –las personas que el secretario refiere que lo acompañaban aquel día y que secundaron su declaración ante el MP–, dice que yo lo amenacé, solicitan un cateo que se realiza el 5 de noviembre de 2021 a las 4 de la mañana. Yo estaba en la cama, me levantan como si fuera un narcotraficante, con hombres armados rodeando la casa, una cuestión verdaderamente asquerosa de parte del aparato del estado, porque un supuesto delito de amenazas no ameritaba eso”.

A punto de cumplir ocho meses en prisión, Lucio tiene otro proceso en curso, por despojo, que ocurrió el mismo día que la presunta amenaza, dice, el 8 de marzo. Acusa que el aparato de gobierno se ha volcado contra él y su familia para beneficiar a Eduardo, quien es, afirma, personaje muy cercano del gobernador Omar Fayad.

Su hermano Eduardo dice que el ministerio público no actúa por consigna, sino que, asegura, se presentaron elementos que permiten considerar hay indicios de los hechos; además, dice que Lucio recurrió a la justicia federal, a través de un amparo, por las actuaciones de la juez local, el cateo y la formulación de la imputación, pero que no le dio la razón.

“Tenemos que hacer justicia porque se manchó la memoria de mi padre y se traicionó a la familia de manera asquerosa”, replica desde el reclusorio Lucio, al tiempo que cuestiona “la celeridad” con la que, acusa, operaron las instituciones gubernamentales para detenerlo y mantenerlo en prisión preventiva según determinación de la jueza Karina Vértiz por un delito que, remarca, no lo amerita, contrario a lo que sucedió con la denuncia que ellos presentaron por la posible falsificación de firmas.

Para ambos hermanos, el móvil del asunto es uno: la ambición, de lo cual se acusan mutuamente.

La herencia de su padre, Enrique Baños Zúñiga, fue de 27 inmuebles, todos ante el notario Alejandro Martínez Blanquet; la repartición, menciona el secretario de Turismo, dejó de tres a cuatro propiedades a cada uno.

Todas, excepto una donación de maquinaria para tres hijos –Eduardo, Lucio y Enrique– que tuvo verificativo el 12 de marzo de 2019, con base en la escritura pública 24,290, ante la fe del notario Juan Carlos Velázquez, de Ixmiquilpan.  

Lucio dice: “al aparato de justicia está totalmente torcido (…) quiero salir, pero con la frente en alto, hasta mostrar que esto es una garrafal mentira. Este gobierno ha sido lo más corrupto”. Hasta donde tope, añade. “Se ensució la memoria de mi padre”, reclama.

Baños Gómez contesta: “yo no soy culpable que mi padre me haya preferido y que por los actos de ellos mi padre los haya excluido, incluso, a algunos de ellos, hasta de cuentas bancarias (…) defenderé la voluntad de mi padre”, añade.

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