SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Cuatro “informes excepcionales”, derivados de una fiscalización especial que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASEH) a cuatro municipios implicados en lo que las autoridades de Hidalgo han denominado “la estafa siniestra”, arrojó irregularidades por 143 millones 754 mil 769.52 pesos, que son parte de los recursos extraordinarios recibidos a través de los cuales, según la tesis de la Procuraduría, se llevó a cabo la simulación de servicios y triangulación de dinero en agravio del erario hidalguense.
La “estafa maestra” es una presunta red de corrupción que involucraría a miembros del grupo político del exgobernador Omar Fayad Meneses, alcaldes y empresas presumiblemente falsas.
Los municipios cuyos alcaldes son protagonistas de esta fiscalización especial son: Epazoyucan, Pisaflores, Nopala y Huautla.
Los cuatro informes corresponden al mismo número de ayuntamientos. Dos de sus alcaldes están presos y dos más fueron destituidos de sus cargos para que enfrenten los procesos penales por corrupción. Hay tres alcaldes en la cárcel.
Quien permanece libre es el alcalde de Nopala, Luis Enrique Cadena, quien fue detenido en noviembre pero liberado por amparo. Después de unos días se le giró nueva orden de aprehensión, misma que no se ha cumplido: el acusado cuenta con más recursos legales. Es el mismo que posteó fotos suyas en la marcha de López Obrador del 27 de noviembre pasado.
En total hay 12 municipios implicados en la “estafa siniestra”, pero esta vez sólo se hicieron cuatro auditorías extraordinarias que confirman el modus y las acciones indebidas: a Huautla, Epazoyucan, Nopala y Pisaflores.
Los alcaldes de Huautla y Epazoyucan están en prisión preventiva, el de Pisaflores, vinculado a proceso. El alcalde de Nopala sí había sido detenido, pero con argucias legales salió.
Los hallazgos tras las auditorías consisten en no probar que los servicios pagados se realizaron, aunque los municipios intentaron presentar facturas emitidas por contratistas y proveedores, más reportes fotográficos, por ejemplo, de maquinaria supuestamente arrendada para mejorar caminos rurales, o medicamentos que afirman entregaron a población vulnerable en el marco de la pandemia por Covid-19.
En los informes individuales, la auditoría refiere que el 1 de octubre del año 2022 –52 días antes de que se ejecutaran las primeras órdenes de aprehensión contra alcaldes–, se presentó ante la Unidad Central de Correspondencia de la ASEH el oficio número PGJH-06/FEDC/DGIL/U-III/606/2022, signado por el Agente de Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
A través de ese documento, comunicó al ente fiscalizador hechos en los que incurrieron 12 municipios –entre ellos los cuatro auditados– y dos secretarías estatales. Esos movimientos, explicó, pudieran ser constitutivos de actos, omisiones o irregularidades en la captación, uso y destino de recursos extraordinarios transferidos durante el ejercicio fiscal 2022.
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EL HILO DE LA “ESTAFA”
Un conflicto entre el alcalde de Huautla, Felipe Juárez Ramírez –hoy procesado por peculado agravado y uso indebido de funciones, recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca– con su tesorero municipal permitió al entonces equipo de transición –hoy en el gobierno– conocer un esquema en el que, mediante requerimientos de presupuesto extraordinario, autorizaciones de la Secretaría de Finanzas, asignación de contratos fuera del conocimiento de la asamblea municipal, transferencias a empresas dudosas y servicios inexistentes presuntamente se harbía desviado dinero.
El caso, ya con el cambio de administración, llegó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) e inicialmente se consideró como un mecanismo empleado en dos municipios de la Huasteca –Huautla y Yahualica–; no obstante, acumularon información, a través de denuncias, que les permitieron crear la tesis de que era un modus operandi posiblemente orquestado desde el gobierno, con la colusión principal de alcaldes, el cual llamaron “la estafa siniestra”.
RECURSOS NO APLICADOS
El dictamen de la auditoría especial a Huautla refiere que la Secretaría de Finanzas Públicas, entonces a cargo de Jessica Blancas Hidalgo, ministró durante 2022 recursos al rubro de Apoyos a Municipios por Diversos Conceptos, por 40 millones 818 mil 780 pesos, pero que el ayuntamiento reintegró 14.2 millones durante julio; asimismo, la alcaldía registró y administró la totalidad de los recursos junto con sus rendimientos financieros en una cuenta bancaria productiva y específica.
Por el reintegro de los 14.2 millones, Finanzas emitió los recibos 080198 y 080199.
Con base en la inspección financiera, los posibles actos de corrupción surgieron con los 26.5 millones que llegaron a las arcas del municipio.
De la revisión de la Partida “Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas”, y del Expediente Unitario de su acción denominada “Arrendamiento de Maquinaria Diseñada para Rehabilitar y Mejorar Las Vías de Comunicación Primaria, de Accesos y Espacios Recreativos” en Huautla, con número de contrato MHU-EXT-2022-002, la ASEH detectó recursos no aplicados por 14 millones 615 mil 780 pesos.
Esto significó, con base en los auditores, que aunque el monto fue justificado en la supuesta renta de máquinas para trabajar en caminos rurales, no lograron acreditar que esto sucediera.
Esta situación consta en las actas circunstanciadas 004/DEN/HUA/2022, 005/DEN/HUA/2022, 009/DEN/HUA/2022, 011/DEN/HUA/2022 y 012/DEN/HUA/2022 de fecha 29 Noviembre de 2022 y en las actas circunstanciadas 015/DEN/HUA/2022, 018/DEN/HUA/2022 y 022/DEN/HUA/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022.
No obstante, el gasto de este recurso se intentó justificar mediante dos facturas con los folios A68 y A96, emitidas el primero de abril y el 20 de mayo del año anterior. Por estos folios fiscales, el recurso se dispersó mediante transferencias bancarias a una cuenta, primero el 4 de abril y luego el 28 de junio, lo cual quedó registrado en las pólizas C00937 y C01009, respectivamente.
En el rastreo al presupuesto extraordinario, la ASEH identificó que otro cargo por 2 millones 597 mil 271.89 pesos en la partida “Materiales y Suministros Médicos” tampoco se justifica, porque no existen documentos que acrediten que los supuestos insumos, primero, fueron adquiridos, y, después, se distribuyeran o aplicaran entre la población objetivo, para enfrentar la contingencia por Covid-19.
La pandemia, la urgencia por combatirla con acciones extraordinarias es, con base en los requerimientos de presupuesto que hicieron los alcaldes y es parte de los documentos que integran las carpetas de investigación, el origen de la movilización del dinero.
La falta de evidencia sobre la compra de insumos y su distribución entre los pobladores lo confirmaron los inspectores tras análisis a los Presupuestos de Egresos aprobados el 17 de febrero y Presupuestos de Egresos aprobados el 26 de marzo del 2022, pólizas contables, transferencias bancarias, facturas, el contrato No. TES/197/2022 del 3 de febrero de 2022, así como la constancia de entrega a entera satisfacción de los artículos objeto del contrato y la memoria fotográfica.
La “memoria fotográfica” fue una constante entre los presuntos implicados, quienes, con esta “prueba”, buscaron justificar que las acciones se habían realizado, lo cual habían logrado con la administración anterior, que culminó en septiembre pasado.
En el caso de Huautla, estas inconsistencias ahora constan en las actas circunstanciadas con número (003/DEN/HUA/2022, 006/DEN/HUA/2022, 007/DEN/HUA/2022, 008/DEN/HUA/2022, 010/DEN/HUA/2022, 013/DEN/HUA/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022) y (014/DEN/HUA/2022, 016/DEN/HUA/2022, 019/DEN/HUA/2022, 021/DEN/HUA/2022, 023/DEN/HUA/2022, 024/DEN/HUA/2022, 026/DEN/HUA/2022, 027/DEN/HUA/2022 de fecha 30 de noviembre de 2022).
Los auditores –cuya inspección fue paralela a la integración de carpetas por peculado que tienen bajo proceso a los alcaldes– también corroboraron que 1 millón 962 mil 720 pesos que, como parte de la partida de “Servicios de Jardinería y Fumigación”, se pretendieron justificar con un contrato a una empresa también investigada, posiblemente no se llevaron a cabo, porque no hay “documentación justificativa que acredite la distribución de los productos y aplicación de los servicios (supuestamente) adquiridos”.
Para llegar a esa conclusión, la ASEH analizó las pólizas contables, transferencias bancarias, facturas, el contrato No. TES/197/2022 firmado el 3 de febrero de 2022, la constancia de entrega a entera satisfacción de los artículos objeto del contrato, actas de entrega recepción de servicios terminados y memoria fotográfica.
Con estos mismos elementos que, con base en la inspección, el ente estatal refuerza que posiblemente se simularon trabajos por los que se emitieron pagos, la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Omar Fayad validó las operaciones. Por tal motivo, también es parte de la indagatoria por la denominada “estafa siniestra”.
La falta de elementos que prueben que los servicios se llevaron a cabo constan en las actas circunstanciadas con número 017/DEN/HUA/2022, 020/DEN/HUA/2022, 025/DEN/HUA/2022, de fecha 30 de noviembre de 2022.
De igual forma, en 3 millones 310 mil 523.20 supuestamente aplicados en Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza, tampoco se probó, con documentación fehaciente, el destino del dinero.
El edil de Huautla fue detenido el 23 de noviembre del año anterior, acusado de posible peculado agravado. Es uno de tres que permanecen, desde aquel día, en prisión preventiva. Los otros dos son Fidel Arce Santander, de Epazoyucan, y Elías Sanjuán Sánchez, de Yahualica.
A Felipe Juárez, de Huautla, la imputación por peculado por 26 millones 515 mil 780 pesos, los recursos extraordinarios que, finalmente, recibió el municipio después de reintegrar los 14.2 millones antes referidos. Los 26.5 millones son las “recuperaciones probables” que determinó también la ASEH, aunque precisó: “lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables”.
Garay: Pisaflores.
EL MORENISTA QUE BURLÓ A LA FISCALÍA
Detenido el miércoles 23 de noviembre junto con los alcaldes de Huautla, Yahualica y Epazoyucan, Luis Enrique Cadena, entonces edil en funciones de Nopala, fue liberado la madrugada siguiente por un recurso legal. De ese modo, no llevó a cabo la audiencia en la que, como al resto, la representación del ministerio público pidió la prisión preventiva justificada contra los imputados, al argumentar riesgo de fuga, por los recursos económicos, capital político e influencia en las demarcaciones que gobernaban.
El domingo siguiente asistió a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador –con quien, publicó el alcalde en sus redes sociales, había acompañado por 11 años hasta ver “consolidado” su movimiento–, que tuvo como fin el respaldo político al mandatario.
El lunes siguiente tenía programada una audiencia para tratar su situación jurídica, imputado por peculado agravado y uso ilícito de atribuciones agravado por 71 millones de pesos. Sin embargo, no asistió al argumentar enfermedad por Covid-19. Desde entonces, suma tres meses sin que se determine la situación de su proceso.
Cadena fue amparado a la marcha de AMLO de noviembre pasado.
En Nopala, de acuerdo con la auditoría extraordinaria, existen irregularidades por 71 millones 960 mil 890 pesos, que son los imputados al morenista.
La primera irregular documentada es que al analizar la póliza de ingresos I00296 del 1 de julio de 2022, el estado de cuenta bancario de marzo de 2022 de la institución bancaria con la que el municipio operó este presupuesto, el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 30 de septiembre de 2022 y el oficio número SFP-CPF-01-DPF-1328/2022 de autorización emitido por la Secretaría de Finanzas, la ASEH detectó que el ayuntamiento no registró oportunamente los recursos extraordinarios.
En el rastro a fondo del uso del dinero encontró que existen pagos improcedentes por 49 millones 350 mil pesos en un supuesto “Servicio de limpieza y manejo de desechos” del que, acorde con la narrativa de la procuraduría que sigue el proceso penal por la “estafa siniestra”, no se encontró evidencia de que se hubiera realizado.
Los auditores también constataron que “el servicio contratado no fue realizado, como se hizo constar en acta circunstanciada número ASEH/DGFSM/01/NOP/2022 de fecha 28 de noviembre de 2022”; asimismo, comprobó que para asignar el contrato a la empresa, con posible característica de fachada, el alcalde –que evadió la prisión preventiva en la que se encuentran los otros tres ediles detenidos el mismo día que él por un recurso jurídico– incurrió en acciones indebidas al exentar la licitación pública y favorecer a la firma que, aunque recibió dinero, no cumplió con función alguna.
Fidel Arce: Epazoyucan.
La ASEH corroboró que otro servicio de “Arrendamiento de maquinaria y equipo” con cargo al erario por 22 millones 610 mil 890 pesos tampoco se realizó, lo cual consta en las actas circunstanciadas números ASEH/DGFSM/02/NOP/2022, ASEH/DGFSM/03/NOP/2022, ASEH/DGFSM/04/NOP/2022, ASEH/DGFSM/05/NOP/2022 y ASEH/DGFSM/06/NOP/2022 del 28 de noviembre de 2022, por lo cual también se inició una demanda contra la presunta empresa simuladora, cuyo nombre –al igual que el resto de firmas mencionadas en las cuatro auditorías– permanece testada en el expediente.
De nueva cuenta, en este segundo contrato el edil facilitó la adjudicación directa e hizo los pagos por los cuales la PGJEH lo acusa de peculado agravado.
En ambos casos, el ente fiscalizador resolvió que “la excepción a la Licitación Pública no está debidamente justificada y motivada para la formalización con el proveedor asignado, como lo dictaminó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Nopala de Villagrán”, regido por Cadena.
El gobernador Julio Menchaca Salazar, emanado del mismo partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha comprometido que no habrá protección política hacia ningún presunto implicado. El mensaje lo reiteró después de que Cadena fuera el único de los cuatro primeros –y hasta ahora únicos– detenidos que libró la prisión preventiva.
Los tres que permanecen recluidos (dos priístas y otro de formación similar pero postulado al último cargo por el Partido Encuentro Social) han buscado, a través de requerimientos de amparos, recuperar su libertad, pero se les ha negado.
Felipe Juárez: Huautla.
EL MECANISMO REPLICADO
En Epazoyucan, la ASEH detectó inconsistencias en el manejo de 14 millones 215 mil 780 pesos de recursos extraordinarios, mismo monto por el que enfrenta los cargos de uso ilícito de atribuciones y peculado el priísta Fidel Arce Santander, recluido en la prisión de Pachuca.
De la revisión a las Pólizas de egresos, transferencias bancarias, facturas, entre otros, la auditoría sostiene que no hay soporte que ocurriera un “Arrendamiento de Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas”, por el cual se “pagaron” los 14.2 millones.
Los inspectores citan que también contrastaron con una serie de documentos que no prueban los servicios: contrato de servicio, minutas administrativas de entrega, minutas de campo, reporte fotográfico, bitácora de campo, acta de sitio, tickets de combustible y estados de cuenta bancarios.
Asimismo, mencionan que también revisaron el oficio de solicitud de recursos extraordinarios, oficio de autorización de recursos extraordinarios, trámite de gestión de recursos ante la Secretaría de Finanzas, contrarrecibo emitido por la misma dependencia, solicitud de excepción a la licitación, análisis de cotización, acta de sesión de comité de adquisiciones, arrendamiento y servicios, auxiliar contable, padrón de proveedores, constancia de situación fiscal, acta constitutiva de la empresa, en las cuales no se acreditó por qué fue elegida esta empresa en un proceso cerrado, sin probar que era idónea.
Igualmente, se elaboraron las actas circunstanciadas número 001/EPA/2022, de fecha 28 de noviembre de 2022, 002/EPA/2022, 003/EPA/2022 y 004/EPA/2022, 006/EPA/2022 de fecha 29 de noviembre del 2022.
Asimismo, de la revisión del expediente unitario de la acción denominada Arrendamiento de Maquinaria para Rehabilitar Caminos y Carreteras, Instalar Infraestructura de Escuelas y Espacios Públicos erogaciones realizadas con otra empresa por parte de Epazoyucan, que corresponden al número de contrato PME-022/2022-001 por adjudicación directa, la ASF detectó que dicho instrumento jurídico no contiene todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicada.
Cuando revisó el expediente unitario del acuerdo entre ayuntamiento y empresa, detectó que no existe fianza de cumplimiento
Además, de la revisión a las actas de asamblea del municipio del 01 de enero al 30 de junio del 2022, corroboró que en ninguna de éstas se autorizó al presidente municipal a celebrar contratos con la empresa, por lo que actuó indebidamente y sin la autorización del Cabildo.
En el caso de Pisaflores, cuyo alcalde destituido, Luis Francisco González Garay, tiene orden de aprehensión y logró evadirse de un operativo de captura también en noviembre pasado, la ASEH observó 30 millones 962 mil 229.62, que, igualmente, puso como “recuperaciones probables”. Fue detenido y actualmente está vinculado a proceso.
De estos, 17 millones 960 mil 890 pesos se facturaron como “Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas”; no obstante, en la revisión al auxiliar contable, pólizas de egresos, control presupuestario, transferencia, estados de cuenta bancarios, facturas CFDI y memoria fotográfica se detectó que no hay elementos que acrediten la correcta aplicación de los recursos.
Otros 51 mil 400 pesos fueron etiquetados por el ayuntamiento como “Ayudas sociales a personas”, según póliza C00458 emitida el 2 de julio de 2022; no obstante, tampoco hay documentación que ampare el movimiento ni evidencia de la entrega de dichas ayudas.
La ASEH constató que por dos movimientos con el mismo monto, 6 millones 499 mil 480 pesos, por los cuales se emitieron el mismo número de pólizas –C00095, el 25 de febrero, y C00176, el 14 de marzo–, la alcaldía no tuvo forma de acreditar una compra por “Medicinas y productos farmacéuticos” y otra por “Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos”.
Las cifras llegaron a dos empresas indagadas por la PGJEH por emitir los comprobantes fiscales, aunque no se acredita que los objetivos por los que fueron contratadas se llevaran a cabo.
REVISIONES EXTRAORDINARIAS: OMISIONES EXTRAORDINARIAS
En su dictamen, la ASEH determinó que los cuatro municipios con revisiones extraordinarias presentaron “errores y omisiones relacionados con deficiencias en el procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; falta, insuficiencia, entrega extemporánea o inadecuada formalización de garantías de seriedad, anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etcétera”, además de “incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en proyectos y acciones e incumplimiento o deficiencias a la formalización de contratos, convenios o pedidos”.
@axelchl
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