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EMEEQUIS.- El 30 de diciembre, 32 migrantes fueron secuestrados en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Entre las víctimas había venezolanos, hondureños, colombianos, incluidos varios menores de edad, que fueron liberados el 3 de enero.
Para el gobierno de Joe Biden, una de las principales adversidades en su política antimigratoria son las redes criminales que hay en México, dedicadas al secuestro, la extorsión y la trata de migrantes.
Asimismo, aunque reconoce que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha “endurecido” el trato hacia quienes buscan llegar a la frontera norte alineados a la exigencia de EU, alerta que el incremento de acciones militares a través de la Guardia Nacional ha llevado a originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, a buscar rutas más peligrosas, donde son víctimas tanto de contrabandistas que prometen el cruce en condiciones de hacinamiento y los estafan o dejan varados, así como de cárteles y grupos delictivos dedicados a plagiarlos en busca de rescates.
En el informe “Esfuerzos federales de aplicación de la ley para contrarrestar el contrabando y la trata de personas”, elaborado en noviembre de 2023, el Congressional Research Service advierte que las redes de delincuencia organizada transnacional generan ganancias sustanciales (las estimaciones van desde los cientos de millones a miles de millones de dólares) provenientes del contrabando de inmigrantes a los Estados Unidos, “principalmente a través de rutas de contrabando a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”.
En 2022, la administración de Joe Biden lanzó la campaña contra el tráfico de personas para atacar redes criminales de tráfico, cita el informe, cuya autoría es de Kristin Finklea, experto en seguridad doméstica, el cual añade que en ese año se iniciaron más de 2200 investigaciones por este delito.
“Específicamente, la Unidad de Contrabando de Personas (HSU) trabaja para identificar, desarticular y desmantelar redes de viajes criminales y tráfico de personas”, para lo cual, en conjunto el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado implementan una operación denominada “Centinela”.
En tanto que la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), anunciada en junio de 2021, investiga y procesa las redes criminales de contrabando que operan en México y los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. A finales de 2022, añade el reporte, el JTFA había dado como resultado 120 detenciones nacionales, 38 internacionales y 54 condenas.
Agrega que, con base en datos de la Comisión de Sentencia de EU, el número de personas condenadas por tráfico de extranjeros en tribunales federales aumentó de 2018 a 2022. “El contrabando fue el cargo principal para 4 mil 56 sentenciados en el año fiscal 2022, en comparación con 2 mil 843 en el año fiscal 2018. De los delincuentes sentenciados en 2022, el 73.8% eran ciudadanos estadounidenses; más de la mitad de los casos (52.3%) los involucrados contrabandearon, transportaron o albergaron a menos de seis personas; y el 10.9% de los delitos de tráfico de extranjeros implicaron un menor no acompañado”.
ENDURECIÓ AMLO POLÍTICA MIGRATORIA
En otro informe de marzo pasado, “Mexico’s Immigration Control Efforts” (Los esfuerzos de control migratorio de México), Clare Ribando Seelke, directora interina de investigación, y Ramón Miro, analista de asuntos en América Latina, refieren que en 2018, el presidente López Obrador asumió el cargo “comprometiéndose a adoptar un enfoque humanitario ante la migración”, además de promover el desarrollo en Centroamérica como una solución a la migración no autorizada.
“El historial del gobierno en estas áreas es mixto. Por ejemplo, la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR) sigue careciendo de fondos suficientes y mantiene una gran acumulación de casos de asilo. Los observadores también cuestionan la efectividad de la contribución de México a Sembrando Oportunidades, un programa de desarrollo de México para abordar las causas profundas de la migración irregular desde el Triángulo Norte”, critican.
Asimismo, afirman que desde 2019 López Obrador “ha adoptado una línea más dura hacia migración, en parte debido a la presión estadounidense”.
Con ello, remarcan, “su gobierno ha aumentado las detenciones de inmigrantes y restringido el acceso a visas humanitarias, particularmente para aquellos que viajan en grandes grupos o cantidades (caravanas).
“Al igual que durante aumentos repentinos de aplicación de la ley (de gobiernos) anteriores, los inmigrantes han tomado rutas más peligrosas y han aumentado su dependencia de los contrabandistas. Después de que México desplegara su nueva Guardia Nacional para el control migratorio, los informes de maltrato a los inmigrantes aumentaron. En una operación de enero de 2021 contra los traficantes de migrantes, la policía estatal habría matado cerca de la frontera con Estados Unidos a 19 personas, incluidos inmigrantes guatemaltecos”.
Asimismo, los especialistas suman que México ha impuesto nuevos requisitos de visa para aquellos de Brasil, Ecuador y Venezuela, además de aumentar las expulsiones de migrantes.
En el caso de Tamaulipas, las 32 personas fueron liberadas, sin que las autoridades pormenoricen sobre lo sucedido, como el lugar en el que estuvieron cautivos y las condiciones en las que se dio la privación de la libertad y los sucesos posteriores. La versión oficial refiere que un grupo armado a bordo de camionetas interceptó el autobús en el que se desplazaban y dejó libres sólo a cinco, además de los choferes, que alertaron a las autoridades.
La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, reconoció: “Hay que decir que este tipo de eventos se daba con uno, dos o tres migrantes, pero este número en esa zona es atípico”, además de asegurar que no es una cuestión que se esté dando frecuentemente. Se refiere a la cantidad de víctimas, no al plagio, que reconoció como eventos que se dan, pero como uno, dos o tres personas.
@axelchl
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