EMEEQUIS.– El asesinato de Milagros Monserrat en el espacio público –así como la viralización del crimen en video– es el ejemplo extremo de lo que sucede en el país, no sólo en materia de inseguridad, sino de violencia de género y la falta de respeto por la dignidad de las víctimas, alertan activistas.
Tras el crimen ocurrido en Guanajuato el pasado 10 de agosto, y en entrevista con EMEEQUIS, abogadas, especialistas y activistas coinciden en cuáles son las fallas principales en este y el resto de casos de feminicidio y asesinatos de mujeres en la entidad así como la reacción en el país a distintos niveles.
¿QUÉ PASÓ CON MILAGROS MONSERRAT EN GUANAJUATO?
Milagros Monserrat fue asesinada en el día de su cumpleaños 40, al filo de las 7:00 horas cuando se dirigía a su trabajo en León. El agresor, Miguel “N” fue captado por una cámara de seguridad particular y posteriormente se observa cómo el hombre agrede a Milagros con un arma blanca. Los últimos minutos con vida de la mujer fueron grabados.
Como pólvora, el video, en extremo delicado, fue filtrado y circuló en redes sociales sin filtro ni advertencia. La imagen de la víctima se replicó una y otra vez a la par que se pedía la identificación y detención del agresor. Casi 40 horas después, el agresor fue detenido.
LA RADIOGRAFÍA DE GUANAJUATO
“Guanajuato es un estado con números muy graves de violencia, actualmente es el primer lugar en asesinatos de mujeres entonces en donde no se está acreditando el delito de feminicidio. Estaba revisando que en lo que va del año sólo hay seis casos de feminicidio y 204 son homicidios dolosos de mujeres”, señala María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en entrevista con EMEEQUIS.
“Para mí, Guanajuato es un estado que debe de estar decretada una alerta porque tiene un problema grave de violencia grave de feminicidios y desaparición de niñas y mujeres”, resalta Luz Estrada.
Actualmente, en el estado de Guanajuato no existe una Alerta por Violencia de Género emitida, pero antes de que finalice el año deberá atenderse la recomendación emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para que en 17 municipios del estado se active dicha alerta debido a los altos índices de violencia.
Verónica Cruz, integrante de la colectiva feminista Las Libres, reconoce que Guanajuato no es la única entidad que esté pasando por una crisis de violencia, pero que el caso reciente de Milagros revela que todo el sistema federal, estatal y municipal no alcanza, sobre todo al analizar y comparar los registros de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios.
“Son fallas estructurales, porque por un lado aún si logramos tipificar un delito, no todos alcanzan para ser clasificados así. Pero la exigencia no debe estar solamente en que todos los casos sean feminicidios, sino que todos sean investigados con perspectiva de género, que todas las víctimas tengan acceso a la justicia y reparación del daño.
“Y si bien las razones de género no alcanzan para el tipo penal de feminicidio, sí hay razones de género que colocaron a las mujeres en ese riesgo de ser asesinadas y si no se entiende eso pues seguimos”, reitera.
Protesta por caso de Mariana Lima Buendía. Foto: Cuartoscuro.com.
Por su parte, Leslie Jiménez, abogada y coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, advierte que las diferencias entre homicidios dolosos y feminicidios es importante para que el concepto del delito no se utilice desde un ángulo politizado más allá del interés para erradicar la violencia feminicida en el país, tal como ocurre desde su punto de vista en el caso de Milagros.
“Eso sí, un aspecto importante para destacar de Guanajuato es que en sus investigaciones sí es muy opaco. Es muy poco transparente en aspectos de las carpetas que inician por homicidio doloso o con los feminicidios.
“Es importante mencionar que el que exista el delito de femicidio tiene que darle la claridad a la fiscalía justamente que al momento de que suceda una muerte violenta por mujeres a partir de la aplicación del protocolo se sepa si se investigará finalmente por feminicidio o será por homicidio doloso calificado”, explica la abogada.
URGEN UN ALTO A FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN
Para Luz Estrada es contrastante que, mientras las autoridades estatales le piden sigilo a las organizaciones civiles que acompañan casos de violencia feminicida, la información de casos delicados sea filtrada a medios y a través de redes sociales.
“Esto (divulgar el video) está en contra del propio protocolo de investigación del delito; no se puede estar revictimizando a las víctimas son imágenes muy fuertes en redes sociales y eso ya está establecido. No se puede estar filtrando información que está violentando el debido proceso de una investigación y nos ha pasado en todos en todos los casos que tienen una relevancia pública, como el de Ingrid Escamilla”, lamenta.
Protesta por el caso Ingrid Escamilla. Foto: Cuartoscuro.com.
Leslie Jiménez destaca que no solamente se muestra el hecho delictivo, sino que también pues se observa cómo escapa la persona imputada.
“Eso también habla de que no hay un cuidado por parte de las autoridades de proteger estas imágenes y pues afecta totalmente a un en una técnica de investigación. El video original, van a alegar las autoridades, que pues lo tienen ya resguardado, pero pues el video original se viralizó, cosa que sucedió con Milagros, entonces, eso también denota una falta de cuidado en la investigación.
“La persona imputada aunque no nos guste –y digo ‘no nos guste’ porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que por la falla del sistema se ha vuelto muy vengativa– tiene derechos y uno de sus derechos justamente también tiene que ver con la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso y técnica de investigación, entonces este tipo de circunstancias lo único que provocan es que la justicia o el acceso a la justicia se politice y se vea como un tema de venganza”, explica Leslie.
Verónica, a su vez, agrega que “el espectáculo de horror y violencia a través de los medios masivos de comunicación solo alimentan esta sed de venganza de la población mientras que por ejemplo, a los legisladores de Guanajuato los vimos a todos exigiendo justicia, que detuvieran al agresor, pero no resuelven lo que estructuralmente necesitamos, no los veo haciendo la legislación correspondiente para regular los medios masivos de comunicación para que esto no sea el pan de cada día”.
En Guanajuato, si bien no se ha aprobado la Ley Ingrid –a cual establece sancionar hasta con 10 años de cárcel a las y los servidores públicos que filtren imágenes, información o documentos correspondientes a casos de feminicidio– existe un marco normativo que protege a las víctimas y los procesos penales.
El artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica cuáles son los derechos de las víctimas en procesos penales, ya que en el caso de Milagros Monserrat fue visible su rostro e identidad en el video del crimen.
De igual forma, según la Ley General de Víctimas en el artículo 24 se establece el derecho a la vida privada por lo que al mostrar su rostro se viola dicha disposición.
DIGNIDAD Y RESPETO POR LAS VÍCTIMAS, URGENTE
“Esto es bien importante, porque las personas, vivas o muertas, tenemos el derecho humano a la dignidad y pues no solamente culmina cuando fallecemos, sino que es un derecho que trae implícito el cuidado de nuestra imagen, de nuestra persona. Entonces este tipo de videos lo que hacen es pues evidentemente transgredir la imagen porque no está autorizado por nadie, ni la víctima ni su familia”, lamenta Leslie.
A su vez, Luz Estrada apela a la empatía y respeto por parte de la sociedad, así como de los medios de comunicación, para no difundir hechos violentos que afecten la integridad de las víctimas.
“Los medios de comunicación también deben de tener una ética pensando en las familias, no piensan en el daño que causan. Cualquiera de quienes pudimos ver ese video nos asustamos e indignamos, ahora bien imaginemos a su familia de la joven. Que pudieran estar viendo cómo fue el ataque. Es terrible, es un impacto emocional irreversible para la familia estar viendo la manera en cómo fue asesinada”, señala.
“Y sobre la imagen del agresor, recordemos que es trabajo de la Fiscalía detenerlos, no de filtrar la imagen. Así que recordando eso el deber está en cuidar la dignidad de la víctima y no revictimizar a la familia”, finaliza.
@FridaMendoza_
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