SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– “Pues oy les boy aser una comida a mis compas militares, ya somos compas (…)// no te confies son chaqueteros/son como las prostitutas se van con el mejor postor (sic)”.
Este es uno de los mensajes interceptados por autoridades judiciales de Estados Unidos que presuntos integrantes de Guerreros Unidos intercambiaron el 28 de marzo de 2014 –casi seis meses antes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos y que muestra la posible relación entre miembros del Ejército y la organización criminal.
Las comunicaciones fueron obtenidas de un dispositivo Blackberry asegurado a integrantes de este cártel, y es parte de una investigación que se lleva en el país norteamericano por trasiego de droga de Iguala a Chicago a cargo de Guerreros Unidos, con la posible colusión de policías municipales y estatales, así como las fuerzas armadas.
Estos textos son parte del IV informe sobre Ayotzinapa, “Situación del caso a ocho años de los hechos”, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en días recientes. En éstos, además, se hace referencia a la Marina. Por lo tanto, para el GIEI, es “otra línea que deberá investigarse para establecer si integrantes del Cártel de Guerreros Unidos infiltraron esta fuerza de seguridad”.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mando de Jesús Murillo Karam y en lo que restó del periodo de Enrique Peña Nieto, no requirió las comunicaciones hasta el cierre de sus “verdad histórica”.
El actual gobierno, en voz del mandatario Andrés Manuel López Obrador, defendió al Ejército ante su probable participación en el caso Iguala, aunque estos mensajes, e incluso evidencia integrada al informe oficial de la actual administración, muestran que los militares no sólo fueron un espectador pasivo y omiso –postura que ni siquiera reconocía el gobierno peñanietista–, sino que tuvieron una relación directa con Guerreros Unidos y, presuntamente, participaron en la desaparición de los 43.
LOS RASTROS DEL EJÉRCITO EN LA NOCHE DE IGUALA
En el capítulo III, Nueva información procedente de la interceptación de comunicaciones por autoridades judiciales de Estados Unidos, el GIEI cita que en las conversaciones intervenidas se menciona a un coronel Nieto: “Voy a ir a telo a traer cosas y ver a coronel nieto para k este bien todo”, dice uno de los Guerreros Unidos. Este nombre, señala el grupo de expertos, coincide con la persona que fungía como comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, durante los hechos: el coronel Rafael Hernández Nieto.
Aunque se solicitó su orden de aprehensión el 16 de agosto del 2022, porque habría participado en la desaparición de los 43 estudiantes, Hernández Nieto es uno de los mandos militares favorecidos con la exoneración de la Fiscalía General de la República (FGR), en una maniobra que dejó al margen a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), creada a petición de los padres y madres de los normalistas al presidente López Obrador.
En estos mensajes también se refieren al 27 Batallón, cuando hablan de un ataque que al parecer había sufrido: “Ok sale ay me dises porke si es el capi el compa es el del 27 vatallon (…) Vien adeser el capi el del 27 cheka vien”.
En algunas conversaciones, señala el IV Informe del GIEI, se refieren a integrantes del Ejército por su nombre: “Una pregunta como sellama el teniente q iba mucho al ranchito el cuando tubimos el pedo con el terser batallon y el q los de tubo q no la icieran de pedo//Crespo / Pero bien su nombre ire loq pasa q aqi en mi pueblo acaba de yegar otro teniente y disen q es atoda madre el (sic)”.
El capitán José Martínez Crespo fue detenido en noviembre de 2020 por delincuencia organizada y recluido en el Campo Militar 1-A; en septiembre de 2022 también fue ligado a proceso por el delito de desaparición forzada en contra de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Según los expertos, en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, el capitán Martínez Crespo lideró un recorrido por lugares con gran trascendencia en los hechos, como el Palacio de Justicia, Juan N. Álvarez, Hospital Cristina y Barandillas de la Policía Municipal. A este último lugar llevaron a un grupo de jóvenes detenidos que luego serían desaparecidos. Tanto en sus reportes, como en su primera declaración ante las autoridades ministeriales, omitió decir que había estado en Barandillas.
Con distintos testimonios que recabó, el GIEI describe que en el Hospital Cristina el militar intimidó y amenazó verbalmente a los jóvenes; asimismo, hubo “amenazas directas de que serán desaparecidos si no daban sus nombres reales, y amenazas de que iba a enviar a la policía municipal que era quien les había disparado anteriormente”, además de ser omisión en atención a la grave situación de Edgar, el normalista con un disparo en el rostro, con una fractura mandibular y pérdida dental con abundante hemorragia, que fue minimizada en información oficial por parte del capitán, quien señaló que se trataba de una herida superficial, que pasa rozando la piel.
Con base en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en al menos 12 mensajes interceptados se hace una mención específica a los militares.
“Ya está primo me estoy cuadrando para aser un jale con los militares y boy para aya porq qiero q me luz berde el m ok primo”, parte de una conversación del sábado 22 de marzo de 2014, entre dos presuntos miembros de Guerreros Unidos, que es parte de la averiguación previa FGR/FEMDH/UEILCA/3/2020.
También hay al menos cuatro mensajes que se refieren a comidas brindadas a los militares o que están comiendo juntos entre integrantes de Guerreros Unidos y miembros del ejército. Así, la sostenida el 28 de marzo de 2014: “Si no le contesto es porq boy aestar con los militares comiendo ya casi me boy adejarle la comida ok el cel lo dejo aqi en micasa porq aqi nomas agarra por el model ok primo”.
“O la conversación del 14 de abril de 2014: “Órale luego les voy a yevar caldo de cangurejos al teniente”. En un sentido similar la conversación del 25 de marzo de 2014: “Oye primo q los putos militares andan preguntando q q pedo dela comida de ayer q les digo q selas ise los barabas porq yodigo q uno delos tuyos es mi compadre”.
De los militares, aunque presuntamente les brindaban protección, los capos no se fiaban, porque los consideraban “chaqueteros”; “se van con el mejor postor”.
El GIEI señaló que el Ejército, al inhibir investigación y no proporcionar datos que podrían aportar al proceso, y la FGR, al cancelar órdenes de investigación, han frenado indagatorias y obstruido el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa.
Las fuerzas armadas, particularmente, dijeron, se han negado a brindar información referente al Centro Regional de Inteligencia Militar, que, a su vez, posee datos de la participación de batallones de infantería durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El GIEI reportó anteriormente actividades realizadas por la Marina en el lugar de los hechos un mes después. Foto: Captura de video.
LA MARINA: DUDA SEMBRADA
En los mensajes interceptados también hay referencias a la Marina.
“Dile a mazon que. Los voy a subir de guia con la marinela”, dice uno de los integrantes del cártel. Luego, éste le indica a otra persona: “A kira sise el primo ke tevas de guia con a marinela”. Es el 26 de abril de 2014, cinco meses antes del caso Ayotzinapa.
Ese mismo día, en una conversación, se vuelven a referir a la Marina: “Ya no conteste, Aguante estoy con los de la marina y voy al batallon (…)/ ay metiras cuando termine”, que es parte de textos enviados entre Pablo V. C. y un presunto sicario identificado como “Bin Laden”.
Finalmente, el 28 de abril de 2014, en otra conversación, se refieren a que la Marina está por ahí, luego de un encuentro violento: “Orale nesesitamos platicar ya estaban vienserkitas esos putos (…) Si pero ya les ronpimos su madre (…) Si pero nos chingamos unos (…) Ay anda la marina va departe de nosotros”.
El día anterior, 27 de abril de 2014, la Secretaría de Marina, el Ejército, policías estatales y federales realizaron un operativo en Arcelia, Guerrero, para detener Johnny Hurtado Olascoaga, “El Mojarro”, líder de la Familia en Guerrero.
Padres de Ayotzinapa en ceremonia religiosa por los 8 años. Foto: Centro Prodh.
EL INFORME OFICIAL
Juan N., quien aceptó ser miembro de Guerreros Unidos, había declarado en febrero de 2020, pero ahora, con el beneficio de testigo colaborador, amplió declaración en mayo de este año y afirmó que lo ocurrido aquellas horas se dio con el apoyo del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la municipal, que respondían a las órdenes de un líder de Guerreros Unidos conocido como “El Güero Mugres”, acaecido el 28 de marzo de 2018.
Este nuevo testigo es clave en la “nueva verdad” porque asevera que, como el asunto de los 43 alcanzó proyección mediática, no alcanzaron a calcinar y disolver todos los cuerpos en ácido, por lo que algunos restos fueron dispersados en más lugares, no sólo el basurero de Cocula, donde se centra la denominada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las comunicaciones que obtuvo la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) muestran que, el día que comienza esta historia de desaparición forzada, el cártel tenía especial interés en el estudiante apodado “El Cochiloco”, y en su primo, por supuestamente pertenecer a Los Rojos, lo cual evidencian mensajes enviados entre los sicarios Chino y Chucky.
Las conversaciones refieren que se habló de una entrega de “paquetes” para “El Gil”, para que los trabajara en su casa. Después, la orden de este último fue que se desaparecieran los estudiantes antes del amanecer, y que se ofrecieran cinco mil pesos extras y ascensos a los sicarios si hacían bien el trabajo. Que no quede ninguno vivo, hablan “El Chino” y “El Negro”, porque “son órdenes de arriba”.
La Comisión cree que una hipótesis es que este grupo, tanto de sicarios como de “Los Bélicos”, pudo haber salido de la zona de cobertura telefónica para apoyar en la desaparición de los normalistas.
Una posibilidad, señala, respecto al destino de los estudiantes es la utilización de crematorios, según dos declaraciones ante FGR. Una de ellas menciona que fueron llevados a la Funeraria El Ángel, cuyos crematorios se encuentran a la salida a Chilpancingo y centro
de la ciudad. Ahí “habrían sido cremados a partir de las 3 o 4 de la mañana del 27 de septiembre y terminaron la tarde del 28”, aunque, según esta declaración, hubo cuerpos que no fueron consumidos en su totalidad. En la dispersión de cenizas habrían participado varios sicarios, además de Los Tilos.
Otra fuente dice que los estudiantes fueron divididos en tres grupos, uno de éstos entregado a policías de Iguala, que los habrían trasladado a una funeraria en la colonia El Cayaco, en Acapulco.
Aunado a lo anterior, dice el informe, dictámenes presentados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), aseguran que los huesos encontrados en el basurero de Cocula presentaban características de haber sido expuestos a temperaturas constantes y controladas, “propiedades que coinciden con restos que han sido cremados”.
QUINTO AUTOBÚS
El GIEI remembra que desde su primer informe, en septiembre de 2015, señaló que se había ocultado la existencia de un quinto autobús, “Estrella Roja”, de la narración oficial de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Este autobús fue tomado por 14 estudiantes la noche de los hechos y salió por la parte de atrás de la “Comercial Camionera del Sur”, por la carretera hacia Chilpancingo. Luego de una breve parada en la calzada durante la cual una mujer en moto llevó un paquete al chofer del bus, el autobús siguió su ruta hasta poco antes de llegar al Puente del Chipote (21:35 horas), donde ya se encontraba el otro bus Estrella de Oro detenido por policías municipales.
La Policía Federal detuvo este quinto camión y obligó a los jóvenes a salir del autobús, quienes pasaron la noche huyendo de la policía, sufriendo disparos y persecución por diferentes lugares. El autobús permaneció en el lugar aproximadamente 12 minutos y continuó su ruta, escoltado por la Policía Federal hasta la caseta de cobro de la autopista y logró salir de la ciudad sin ser detenido en los distintos retenes que se habían instalado.
Desde el primer informe el GIEI señaló que debía indagarse si en ese autobús se trasladaban drogas, lo que podría haber actuado como desencadenante de las agresiones, explicar la intensidad del ataque en contra de los estudiantes, la potencia de fuego y el bloqueo de la salida de buses, incluyendo el del equipo de fútbol de los Avispones que salió poco más de una hora después por la misma carretera siendo atacado en Santa Teresa.
En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), mensajes enviados entre tres sicarios de Guerreros Unidos, “El Chino”, “El Chango” y “El Negro”, muestran el interés especial en los estudiantes, que los analistas explican por la idea que tenían de ser parte de una organización rival.
En uno de los textos piden monitorear a “los ayotzinapos” y revisar si con ellos venía un sujeto identificado como “El Takia”, a quien ligaban a Los Rojos.
Karen N, esposa de otro supuesto miembro de Guerreros Unidos, “El Pollo”, mandó un texto más que muestra la idea que se gestaba al interior de este cártel. “…según dicen que ya vez que en los camiones estos guardan droga, que según un primo del cuchiloco (Cochiloco) y otros venían en los autobuses y que Ai trian droga, y que ellos pensaron que se las iban a robar”.
Sidronio Casarrubias –hermano Mario Casarrubias, “El Sapo Guapo”, líder de Guerreros Unidos, que negociaba acogerse al programa de testigo colaborador para aportar datos a la Fiscalía General de la República (FGR), pero falleció el 26 de julio de 2021 a consecuencia del Covid-19– señaló en su declaración que la noche de los hechos “El Indio” le reportó que los de Ayotzinapa “no eran estudiantes, que eran Rojos iban uniformados”.
Esta idea surgió de reportes que hicieron halcones y sicarios del cártel.
Lo anterior se conoce porque también Gildardo N, “El Gil”, que era jefe de plaza en Iguala,
dijo que Víctor N, “El Tilo”, fue quien le dijo a “El Indio” que “eran contras, venían armados y estaban peleando la plaza”.
El GIEI cita que la SEIDO y PGR tenían evidencia desde al menos cinco meses antes del trasiego de heroína a través de buses, debido a la detención de Mario Casarubias Salgado, “El Sapo Guapo” en abril de 2014 por trasiego de drogas hacia Estados Unidos en autobuses de pasajeros y una interceptación de un cargamento junto con el Ejército en un bus de pasajeros, donde fue detenido alias “El Uruguayo”, miembro de dicha organización dos meses después de ese hecho. Sin embargo, a pesar de contar con esta evidencia, la PGR señaló que desconocía ese trasiego y desdeñó el señalamiento del GIEI como posible hipótesis del caso.
“La posibilidad de esta hipótesis se reforzaba con la existencia de investigaciones y enjuiciamientos en contra de la organización criminal Guerreros Unidos, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, por el trasiego de heroína y cocaína en autobuses de pasajeros desde la ciudad de Iguala, Guerrero, hasta la Ciudad de Chicago, Illinois, donde se distribuía al por mayor”, refiere el Grupo Interdisciplinario.
Una de las evidencias presentada por la fiscalía de EE. UU. ante las autoridades judiciales estadounidenses fue la interceptación de comunicaciones de Blackberry entre los integrantes de la organización criminal, en las cuales hacen referencia no sólo al trasiego, sino a la posible vinculación con militares.
AMLO aseguró en la mañanera que quieren “reventar” la investigación. Foto: Especial.
LA DEFENSA DE AMLO
El pasado 29 de septiembre, el presidente López Obrador negó que existan presiones por parte del ejército para desvirtuar la posible carga de responsabilidad de esta institución en el caso Ayotzinapa. Asimismo, dijo que hay quienes buscaron “reventar” la investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia al sobredimensionar la participación de los militares, con el fin de generar una rebelión interna.
“Como en todo esto hay intereses, buscaron ‘reventar la investigación’ hablando de más personas en el caso, por ejemplo, de los militares responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco, claro, de alto grado. Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados, pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie?”, cuestionó.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes afirmó que las 83 órdenes de aprehensión estaban fundamentadas, por lo que pidió a la FGR explicar por qué pidió cancelar 21 de ellas.
Desde la tribuna de Palacio Nacional, López Obrador les respondió:
“Ayer, con todo respeto a los expertos, se habló de obstáculos de la Fiscalía y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que en lo que a mí corresponde, la actitud del fiscal ha sido de colaboración no tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes, ese es mi testimonio”.
Con ello, respaldó el actuar del fiscal Alejandro Gertz Manero y su posición en torno al Ejército, pilar en su proyecto de gobierno.
@axelchl
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