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Debilitan Defensoría Federal y se enturbia caso Wallace

Con la salida de personajes clave del Instituto Federal de Defensoría Pública, se agitan las aguas en contra de los acusados por el secuestro de Hugo Wallace, cuyos casos están repletos de irregularidades y violaciones a los derechos humanos. La activista Isabel Miranda de Wallace es señalada por seguir moviendo los hilos.

2 / 8 / 23

EMEEQUIS.– “Hoy celebramos que la @defensoriaifdp (Instituto Federal de Defensoría Pública) se libera de una bola de hampones y corruptos”, escribió en sus redes sociales Isabel Miranda de Wallace, la controvertida activista contra el secuestro y aliada del expresidente Felipe Calderón

Horas más tarde, fueron despedidos funcionarios de la Defensoría Pública, algunos de ellos, cruciales en la defensa de los presuntos responsables del homicidio y secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista. 

“¡Señora! ¡Présteme su bola de cristal!”, respondió el abogado Netzaí Sandoval, quien fuera, hasta hace una semana, director del Instituto Federal de Defensoría Pública. Hasta ese momento, era el único que había presentado su renuncia.

“Cuando usted publicó este tuit, la única renuncia era la mía. Pero usted ya sabía que venían muchos despidos. La nueva directora ni había rendido protesta”, recriminó a Wallace el extitular del IFDP.

Antes de que la nueva titular de la Defensoría Pública Federal tomara el cargo, la activista contra el secuestro parecía ya conocer el descabezamiento que estaba por empezar en la institución. 

Otra de las renuncias que se darían más tarde fue la del abogado Salvador Leyva Morelos Zaragoza, entonces secretario técnico de Combate a la Tortura, quien representaba las estrategias de litigio en favor de los implicados en el Caso Wallace. Además de otros, con presuntas violaciones a derechos humanos, como la de Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Sobre los cambios al interior de la Defensoría Pública General, que ocurrieron tras la llegada de la ministra Norma Lucía Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el abogado Leyva Morelos denuncia que existe influencia de “poderes externos” a la institución; como una marcada intromisión de Miranda de Wallace en el proceso. 

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“Ya había sospechas incluso desde antes de la llegada de la ministra Norma Lucía Piña, de que podría afectarse la defensa de ciertos casos como el de Juana Hilda (González) y de Brenda Quevedo”, cuenta en entrevista con EMEEQUIS.

Ante un caso plagado de irregularidades, tortura y violaciones a derechos humanos, la Defensoría Pública tomó los casos de los presuntos responsables del crimen: Brenda Quevedo, Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle, César Freyre, Albert y Tony Castillo Cruz. 

Los abogados lograron en años recientes, avances y revelaciones que no se daban desde hace más de 15 años. Como tambalear pruebas presentadas por la familia Wallace que apuntan a la fabricación del caso, denunciar a Isabel Miranda por falsedad documental, además de que los casos de los presuntos responsables han llegado hasta instancias internacionales.

El año pasado, el caso de Juana Hilda González Lomelí fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en semanas recientes se aprobó que el caso de Brenda Quevedo sea revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Sin embargo, al tiempo que se daban estos avances, los defensores públicos involucrados en este caso fueron espiados con el software Pegasus. Tras analizar sus equipos se dieron cuenta que cuando se daban revelaciones importantes para la defensa de los implicados, sus teléfonos eran hackeados. 

A estos esfuerzos por desacreditar el caso Wallace, los recientes movimientos en el Consejo de la Judicatura Federal y de la Defensoría Pública vuelven a enturbiar el proceso. 

Denuncian la existencia de un conflicto de interés y la intromisión de Isabel Miranda de Wallace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que la nueva titular de la Defensoría Pública, Taissia Cruz Parcero, es esposa de Renato Sales Heredia, excomisionado de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y ahora fiscal de Campeche, quien mantiene acusaciones por, en su momento, permitir la tortura contra los implicados. 

¿QUÉ PASA CON LA DEFENSORÍA?

Con la llegada de la ministra Norma Lucía Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzaron a realizarse cambios de personal al interior del Poder Judicial.

Recientemente, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, órgano del que depende la Defensoría Pública Federal, aprobó la destitución como director de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. En su lugar fue nombrada Taissia Cruz Parcero. 

“Es más visión del ejecutivo llegar a barrer, sacar y meter gente. Acá nosotros teníamos por lo menos dos años más, que es el periodo que ya habían ratificado al exdirector, pensaríamos que en una institución con más estructura como el Poder Judicial Federal dejarían que culminaran los dos años y luego ya no lo ratifican”

Por lo menos en cinco áreas de la Defensoría Pública Federal se han presentado renuncias de sus titulares. El litigante Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública, fue el primero en hacerlo el pasado 31 de enero.

“A la fecha creo que ya no queda ningún titular del equipo de Netzaí Sandoval y fue el definitivo de que estos poderes ya estaban teniendo injerencia en la defensoría pública”, afirma en entrevista con EMEEQUIS, el abogado Salvador Leyva. “Por lo que hemos visto, hay intención de hermetizar el poder judicial, de cerrarse totalmente a la sociedad civil, a la crítica, la transparencia”.

Netzaí Sandoval fue reemplazado por Taissia Cruz Parcero. Fotos: Especial. 

Otro señalamiento a la Presidencia de Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es su cercanía con Isabel Miranda de Wallace.  Esto bajo la figura del secretario de Estudio y Cuenta de la ministra, Abraham Pedraza Rodríguez, a quien señalan como “cuñado” de la activista contra el secuestro. 

Desde que los defensores tomaron el caso, Isabel Miranda comenzó la intimidación, iniciando investigaciones contra los abogados. 

“Isabel Miranda lleva cuatro años presentando denuncias en mi contra, investigaciones en contra de personal que ha trabajado directamente en el caso. Tanto penales como administrativas”, comenta Leyva Morelos; refiere que el ataque más reciente fue la confirmación de que sus teléfonos estaban infectados con el malware espía, Pegasus. 

Tras la filtración de unos mensajes entre el abogado y el periodista Ricardo Raphael, se analizaron los teléfonos de Leyva y miembros de su equipo que llevaban la representación de los implicados en el caso Wallace, donde se confirmó que habían sido infectados por la herramienta de espionaje. 

“Los únicos que salimos infectados fuimos quienes estuvimos relacionados con el caso y en fechas muy particulares que tenían que ver con descubrimientos cruciales para la fabricación del caso”, señala Leyva, quien además ha recibido amenazas posterior a su salida de la institución. “Por el momento lo importante es el tema de seguridad e integridad mía y de mi equipo. Ya ha habido un par de amenazas después de la renuncia”. 

El abogado refiere que, por la influencia y poder que está reflejando Miranda de Wallace en la Corte y Defensoría Pública, no existen las condiciones para que la defensa de los implicados se mantenga adecuadamente, pues se trata de un “poder económico filtrado de influencias familiares metidas en instituciones públicas”. 

Isabel Miranda de Wallace continúa con los controvertidos anuncios espectaculares. Fotos: Especial. 

¿QUÉ SIGUE CON LOS CASOS DE BRENDA Y JUANA HILDA? 

Brenda Quevedo desde hace 15 años está recluida en espera de una sentencia que dé certeza sobre su supuesta participación en el homicidio y secuestro de Hugo Alberto Wallace; de quien no se ha encontrado rastro físico desde 2005. 

Organizaciones internacionales la han reconocido como víctima de tortura. En agosto de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que Brenda fue víctima de detención arbitraria, y que la demora en su enjuiciamiento “ha hecho que las actuaciones contra ella sean fundamentalmente injustas”. Sin embargo, se mantiene en prisión y se le ha negado el cambio de medidas cautelares. 

 El abogado Salvador Leyva acuda que “hay intención de hermetizar el poder judicial”. Foto: Especial.

La representación de los seis imputados por el caso Wallace, como lo es Brenda Quevedo, queda inestable una vez más. Con el despido de los abogados que formularon la estrategia legal en el Instituto Federal de Defensoría Pública, y la posible intromisión de Miranda de Wallace, los avances que se habían logrado tienen posibilidad de quedar estancados.

Ante ello, la planificación de la defensa fue blindar los procesos a través de la intervención de organismos internacionales. 

“Una de las estrategias para que no pudiera haber vuelta atrás, si es que nos íbamos, era haber llevado el caso de Brenda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de llevarlo ante la ONU, al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el de Juana Hilda ante la Suprema Corte”, explica el litigante Salvador Leyva. Pese ya no formar parte del IFDP, prevé que pueda seguir llevando la representación de los casos ante instancias internacionales, decisión que le compete a la familia de las víctimas. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió en enero la revisión del caso de Quevedo, al considerar posibles violaciones a derechos humanos y sobreutilización de la prisión preventiva oficiosa. 

“Los procesos en la Comisión y el Sistema Interamericano son lentos. Por lo menos le cuelgan unos dos años a ese caso. Se puede resolver el de Jacobo pronto, podría ser este o el siguiente año”, comenta su abogado Salvador Leyva. Reconoce que lo mejor para los casos es sacarlos del IFDP para darles continuidad sin presiones de poder externas. 

“Retirar el caso de la defensoría, que no hubiera injerencia de ningún tipo. No creo que continúen con la estrategia integral, estos amparos para impulsar investigaciones, el tema de los espectaculares. Lo que no pueden hacer es retirar la defensa pública”, explica. 

Consultada para esta entrega, Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, afirma que los cambios en el Consejo de la Judicatura fueron un “balde de agua fría” para las familias de los implicados. Sin embargo aún no tienen definido lo que ocurrirá en el proceso sin los abogados que llevaban su representación, por lo que solicitará una audiencia con la nueva titular de la Defensoría.

Para el caso de Juana Hilda González Lomelí, el caso se detiene en la Suprema Corte de Justicia, pese a aprobarse la atracción, está en espera por los impedimentos presentados por Miranda de Wallace contra tres de los ministros que votaron en favor de la imputada. 

Los ministros Margarita Ríos Farjat y Arturo Zaldívar fueron denunciados por delincuencia organizada y tráfico de influencias por haber atraído el caso a la Corte; de igual forma, 

Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, quien está encargado de hacer el proyecto de fondo. El único que se mantiene activo es contra la ministra, los otros dos fueron desechados. 

“En la SCJN primero tienen que resolver el impedimento que presentó Isabel Miranda contra la ministra Margarita Ríos Farjat. Ya tiene un par de meses y todavía no lo han listado. Hasta que no se resuelva no pueden resolver el fondo”, explica su abogado. 

Además, como seguimiento en la Corte y la CIDH, para el caso Wallace se mantienen pendientes litigios contra la Secretaría de Desarrollo urbano y Vialidad de la Ciudad de México, por permitir que el año pasado se volvieran a colgar anuncios incriminatorios de los preguntos responsables; además de amparos relacionados a las investigaciones penales por el delito de tortura en contra de implicados. 

Además de la presunta intromisión en la Corte para dejar de defender a los seis imputados; también los abogados refieren que “hay elementos o agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México que están siendo partícipes de esta fabricación”; pues mantienen activa una averiguación contra Juana Hilda por secuestro, la cual refiere, le ha servido a Wallace para coaccionar testigos y que cambien sus declaraciones en la denuncia penal.

A pesar de que ya no forma parte de la Defensoría Federal, Salvador Leyva asegura que no se le puede retirar representación a los imputados del caso Wallace, pero sí hacerla favorable para la parte incriminatoria. “No le pueden retirar la defensa que tenían, pero lo que pueden hacer es cambiarla y poner defensores a modo. Es lo que ocurría en el caso de Brenda, Juana Hilda y Jacobo. Isabel se metía, metían a cualquier defensor que no conocía el caso, hacían mal trabajo y eso beneficiaba a la contraparte”. 

Por ello se ha se ofreció para llevar la representación fuera del IFDP, pero afirma, “todavía confío en la Suprema Corte, en los 10 ministros restantes en que son personas que no se prestarían a hacer cualquier tipo de actuación irregular”. 

@GloriaPE_

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Gloria Piña

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