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Investigaciones

Caso Álvarez Puga-Gómez Mont salpica a cercano de Osorio Chong

La Fiscalía presume que Paulo Uribe Arriaga, un personaje ligado a Osorio Chong desde que era gobernador en Hidalgo, fue pieza central en la asignación de contratos simulados y el presunto desfalco de casi 3 mil millones de pesos. Actualmente enfrenta orden de aprehensión.

Por Áxel Chávez
9 dic 2021

Inés Gómez Mont
El entramado del caso Álvarez Puga-Gómez Mont alcanza a personajes cercanos a Osorio Chong. Fotos: Instagram y Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La trama de malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos presuntamente cometida por el matrimonio Álvarez Puga-Gómez Mont lleva a un miembro directo del grupo político del senador Miguel Osorio Chong, Paulo Uribe Arriaga, también señalado por posibles omisiones en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La Fiscalía General de la República (FGR) presume que este personaje estuvo involucrado en la asignación de contratos simulados, cuyos recursos fueron dispersados a través de empresas fantasma.

Uribe fue acusado de presunta responsabilidad en la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, debido a que, como funcionario del sistema penitenciario, era el responsable de contratar los servicios de seguridad dentro de los penales federales; además, por no atender alertas sobre la posible evasión del reo, entonces líder del principal cártel del narcotráfico en México (Sinaloa). Sin embargo, fue absuelto por acuerdo entre un juez federal y la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque el senador Miguel Osorio Chong ha asegurado que desconocía el caso y que no tuvo nada que ver con las operaciones ilícitas de subalternos del Grupo Hidalgo en la Secretaría de Gobernación (durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), el tema involucra nuevamente a un operador directo. 

Al igual que en el desvío de 2 mil 500 millones de pesos mediante la Policía Federal, en el que la FGR imputa a otra de sus incondicionales, Frida Martínez Zamora, prófuga de la justicia desde octubre de 2020, buscada en 195 países tras la ficha roja emitida por Interpol. 

 

 Paulo Uribe pertenecía al equipo de Osorio Chong desde que era gobernador de Hidalgo. Foto: Especial. 

 

RENDÍA CUENTAS A NUVIA MAYORGA

Paulo, la pieza del grupo Osorio Chong en el último desvío desde Segob que dio a conocer la Fiscalía, fue coordinador de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo cuando la titular de esta dependencia era Nuvia Mayorga Delgado, otra operadora directa del actual líder de la fracción del PRI en el Senado, su compañera en la Cámara Alta y a quien impulsa su grupo como aspirante a la gubernatura de su estado en 2022, candidatura que también buscó en 2016.

 

Paulo Uribe estuvo bajo las órdenes de la actual senadora Nuvia Mayorga. Foto: Facebook. 

 

Al terminar su sexenio en Hidalgo (2005-2011), el entonces secretario de Gobernación Osorio Chong integró a su bloque político en la administración de Enrique Peña Nieto a dos de sus principales operadores financieros como gobernador: Mayorga Delgado, como comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Uribe Arriaga, a quien ubicó como director general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), encargo en el que fue señalado como uno de los principales responsables de la fuga de Guzmán Loera, el 11 julio de 2015.

Uribe Arriaga es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Estado de México, por el que obtuvo la cédula profesional 1943714 en 1994. Bajo el mando de Nuvia, principal de Osorio, era encargado del análisis de proyectos de inversión y el movimiento de los recursos del erario hidalguense.

Con Peña Nieto, este funcionario local, sin experiencia en el ramo de seguridad, ascendió a lo más alto del sistema penitenciario. Entre sus tareas estaba contratar los servicios de seguridad periféricos y subterráneos en las cárceles federales, lo que omitió en el caso del penal del Altiplano que permitió la fuga del Chapo, sentenciado a perpetuidad en Estados Unidos tras una tercera captura y extradición.

El hombre de Osorio Chong había sido advertido, junto con Juan Ignacio Hernández Mora, entonces comisionado del OADPRS, de esas fallas, pero no actuó. Por esas omisiones, que derivaron en el escape del capo sinaloense a través de un túnel de casi kilómetro y medio, ambos fueron consignados, en principio, pero exonerados por un acuerdo entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el juez federal Víctor Octavio Luna Escobedo.

 

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga están prófugos actualmente. Foto: Instagram.

 

FIRMAS FALSAS, PRESTANOMBRES… 

En el caso que implica, junto a mandos de la Segob en el periodo de Osorio Chong, a la conductora de televisión Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Paulo Uribe Arriaga es una pieza central contra quien ya hay una orden de aprehensión, debido a que validó las operaciones fraudulentas que terminaron con depósitos a una red de empresas fachada, que se encargaron de dispersar el dinero, mientras simulaban entregables. Actualmente se encuentra prófugo.

Con base en la investigación que realiza la FGR, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mediante Emmanuel Castillo Ruiz, excoordinador general de Centros Federales del OADPRS, y el operador de Osorio Chong a cargo del manejo financiero de este organismo, adjudicó dos contratos a la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que terminaron en firmas falsas, pasados por un supuesto testaferro y en manos de los Gómez Mont.

La ruta de estos funcionarios lleva a un personaje, Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quien, según el Padrón de Proveedores y Contratistas del Poder Ejecutivo de Michoacán, es el representante legal de la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, proveedora de servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad, la cual realiza operaciones mediante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) SPI0705255B4.

No obstante, la fiscalía asegura que Zorrilla es el principal prestanombres de Álvarez Puga, ya que rastreó, a través de informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que los beneficiarios finales de los movimientos son Víctor Manuel y su esposa Inés Gómez Mont. Ellos, presume, pudieron cobrar una comisión por lavar el dinero.

Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, declarada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS)”, como se conoce a quienes emiten facturas para simular servicios o bienes, pero carecen de infraestructura, personal y recursos para realizarlos, ya había sido sancionada en Michoacán por incumplimiento de contratos.

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Uno de ellos, firmado en 2019, fue rescindido por requerimiento de la Secretaría de Educación Pública estatal, debido a incumplimiento. Además, detectó irregularidades que permitían suponer que esta firma, que además se ostentaba como una Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), sólo existía en el papel.

Por las mismas anomalías, la Secretaría de Finanzas y Administración de esa entidad rescindió un segundo contrato a esta empresa asentada en una vivienda particular en Morelia.

El presunto prestanombres de los Álvarez Puga-Gómez Mont es graduado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por la cual recibió, en 2011, la cédula profesional 7266796, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas.

La FGR acusa que para justificar los montos de los contratos que recibió dicha empresa para un programa de interconexión de siete penales federales al C4 del OADPRS, entre agosto y octubre de 2016, se simuló competencia y falsificaron entregables; además, según información publicada por Animal Político, distribuyó el dinero, mediante mil 446 operaciones bancarias, a tres factureras más, y éstas, a su vez, a otras cuatro: Modemo S.A. de C.V.; Tecnología e Innovación Arromlop S.A. de C.V.; Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V.; Creación y Modificaciones Gardel S.A. de C.V.; Comcelint S.A. de C.V.; Rangel S.A. de C.V. y Gupea Construcciones S.A. de C.V.

La Fiscalía señala al miembro del grupo Osorio Chong y a Emmanuel Castillo, excoordinador general de Centros Federales del OADPRS, porque el organismo al que representaban adjudicó los contratos entre anomalías evidentes. Por ejemplo, el supuesto estudio de mercado para asignar uno de los dos contratos, por mil 950 millones de pesos, incluyó, además de Seguridad Privada de Inteligencia Cibernética, a dos empresas más –Sistemas Integrales Computarizados S.A. de C.V. y Grupo Profesional Shalom S.A. de C.V. –, pero las tres presentaron propuestas idénticas; además, el mismo día: 8 de agosto de 2016.

Para este entonces, presume, el desvío ya estaba orquestado, porque las siete factureras en las que se dispersó el recurso que recibió Seguridad Privada se crearon meses atrás, con apenas tres semanas de diferencia: entre el 18 de febrero y el 12 de mayo de 2016.

LOS DEMÁS IMPLICADOS

El lunes 10 de septiembre, el juez de Control del Penal de Almoloya de Juárez, Iván Aarón Zeferín Hernández, giró diez órdenes de aprehensión contra posibles implicados en el caso Álvarez Puga-Gómez Mont. Además de Paulo Uribe Arriaga y el supuesto prestanombres Héctor Oswaldo Zorrilla, también está Eduardo Guerrero Durán, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

Guerrero Durán fue socio director de la empresa Seinco SA de CV y encargado de la planeación estratégica de cinco empresas del grupo.

Seinco del Centro SA de CV obtuvo contratos entre 2011 y 2017 por 449 mil 172 pesos, como proveedor de servicios al entonces Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen), órgano también dependiente de Segob, a cargo de otro incondicional de Osorio Chong: Eugenio Ímaz Gispert.

El juez federal también libró órdenes de aprehensión contra Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del OADPRS, cuyas funciones, según su perfil de Linkedin, era coordinar el desarrollo tecnológico mediante la implantación de sistemas informáticos, creación de sistemas, desarrollo de infraestructura, equipos electrónicos de seguridad, desarrollo redes voz y datos, que, entre otras, son las áreas en la que se cometió el presunto desvío mediante la empresa fachada toral y las otras siete factureras.

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También, busca a Jorge Arnaldo Nava López, destituido de su cargo como fiscal de la Zona Norte en Chihuahua para que sea investigado, quien en 2016 laboró en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social durante siete meses y regresó a Ciudad Juárez al inicio del mandato del exgobernador Javier Corral Jurado; así como a José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López, Ricardo Cortés Contreras y Yareli Eunice Delgado.

Cuando fue cuestionado sobre el presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos en la Policía Federal, Miguel Osorio Chong aseguró que no tuvo conocimiento, aunque Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de esta corporación y el supuesto cerebro de este saqueo de recursos mediante compras irregulares de aeronaves, patrullas, tecnología y software de espionaje, es una de sus incondicionales.

Como gobernador, el actual coordinador del PRI en el Senado la designó directora de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, y los ascensos continuaron con Osorio en el gobierno federal, primero como titular de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano en el Cisen y después en la Policía Federal. Hoy está prófuga y es una de las piezas en el entramado delictivo que, de acuerdo con la FGR, operó desde la Secretaría de Gobernación para el saqueo de recursos.

El 31 de agosto, cuestionado sobre si tenía conocimiento de los manejos irregulares de sus operadores, específicamente por el caso de Frida Martínez, el hidalguense dijo a Grupo Reforma: “No, y siempre pedí que en todas las áreas se revisaran por quien correspondía”.

A la pregunta, ¿tiene responsabilidad en el caso?, contestó: “¿Responsabilidad de qué? Apenas es una investigación”. Su cercanía con la prófuga no la pudo negar: “todos los que tenían un encargo eran gente que tenía relación, pero el tema es el imperio de la ley y no juzgar anticipadamente”.

Ahora, un nuevo saqueo de recursos apunta a otro de sus incondicionales, en la víspera de la elección a gobernador en Hidalgo de 2022, en la que su grupo busca la nominación del PRI. 

 

@axelchl  

 

 


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