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EMEEQUIS.– A pesar del atraso en la renovación de equipos de peaje y plazas de cobro, sobreprecios y pagos indebidos, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) suscribió un convenio modificatorio con las tres empresas proveedoras.
El convenio modificatorio se firmó en los primeros días del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, en el llamado amanecer de la Cuarta Transformación (4T).
Capufe es el organismo público descentralizado del Gobierno de México, que da mantenimiento mayor y menor a los caminos y puentes federales.
Una auditoría interna –en poder de EMEEQUIS– detectó que es “improcedente la formalización del convenio modificatorio con Proyectos y Sistemas Informáticos S.A. de C.V., Actica S. de R.L. de C.V. y Aystel Telecomunicaciones S.A. de C.V. por la ampliación indebida y sin justificación de los plazos de entrega”. Es decir, que les perdonaron los retrasos y, a pesar de eso, les extendieron el contrato.
El 5 de octubre de 2017, Capufe y las tres empresas firmaron el contrato 4500026743 por $1,249,728,509.48 (mil doscientos cuarenta y nueve millones setecientos veintiocho mil ocho quinientos nueve pesos 48/100) para la “adquisición de Equipos de Peaje e Informáticos para Plazas de Cobro, Centros Locales de Control (CLC) y Centros Liquidación Regional (CLR), además de Fibra Óptica y Equipos ITS, y los Servicios de Instalación, puesta a punto y Capacitación para el Eje Carretero México-Irapuato”, con plazo máximo de entrega total de 15 meses (31 de diciembre de 2018).
Sin embargo, los tres proveedores incumplieron con los términos del contrato con Capufe, y sin importarle argumentaron a su favor para que no los sancionaran económicamente.
De la revisión se concluyó que “no es procedente la justificación del atraso de los trabajos, debido a que describe riesgos consumados que eran previamente conocidos por el proveedor (clima, vandalismo y accidentes)”.
Pagos indebidos.
Condiciones ventajosas.
Era necesaria una multa por los atrasos.
Sin importar los retrasos registrados en la administración anterior, en el gobierno lopezobradorista se firmó el convenio modificatorio 5500008777 para ampliar los trabajos. Sin embargo, en la indagatoria interna se detectó que la ampliación del contrato era inviable. Incluso se les dio tiempo a las empresas para que concluyeran sus trabajos inconclusos.
“No es procedente la celebración del convenio modificatorio número 5500008777, firmado el 31 de diciembre de 2018, (…) en virtud, de que al formalizarlos entregaron condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente, al ampliar el plazo de entrega de la totalidad de los bienes para la prestación de servicios de 15 a 20 meses a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo (31 de mayo de 2019)”, expone el documento.
Además las empresas refirieron actos delictivos aislados con impresiones fotográficas y actas de Ministerio Público en las que se hacen constar sucesos acontecidos en 2019, y el convenio se firmó el 31 de diciembre de 2018, para justificar los atrasos de los trabajos por el clima y actos vandálicos.
“No se justifica y acredita las razones por las que el contrato se empleó por 5 meses, otorgando un plazo mayor para el suministro e instalación de los bienes contratados”, expone la investigación.
Los retrasos en la entrega de los trabajos y el cumplimiento del contrato debió derivar en una multa, pero Capufe no aplicó ninguna sanción, lo cual también fue señalado en la investigación.
“Servidores públicos omitieron penas convencionales por $124,972,850.95 (ciento veinticuatro millones novecientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos 95/100 M.N.), por el atraso en los plazos fijados para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos contratados”, señaló la indagatoria.
Existieron retrasos de 3 a 395 días (peaje) y de 20 a 283 días (fibra óptica) en la recepción de los trabajos, conforme se describe en el Anexo del contrato.
La actual directora general de Capufe es Elsa Julita Veites Arévalo, quien tiene formación de médica cirujana y fue designada por López Obrador en octubre de 2020, en sustitución de Genaro Utrilla Gutiérrez, quien fungía en el cargo desde 2018.
Elsa Veites es la actual directora de Capufe y sustituyó en el cargo a Genaro Utrilla. Foto: Cuartoscuro.com.
PAGOS INDEBIDOS
A pesar de los retrasos y de la omisión de imponer una sanción económica a las tres empresas, Capufe pagó 55.3 millones de pesos en exceso por los trabajos. “Se detectaron pagos indebidos de sobreprecios por 22.6 millones de pesos, integrado por Fibra Óptica y Equipos de Centros Locales de Control, así como conceptos pagados no considerados en el contrato por 9.5 millones de pesos, y facturas pendientes de pago con sobreprecio por 23.1 millones de pesos”, indicó la auditoría.
Un ejemplo es el pago indebido de sobreprecio por 3.6 millones de pesos en los bienes adquiridos para los Centros Locales de Control de “Palmillas” y “Salamanca”, “comparados con los precios prevalecientes en el mercado que fueron cotizados por el Órgano Interno de Control (OIC) y por la Gerencia de Recursos Materiales, resultando en promedio 783% de exceso en el precio entre lo pagado y lo cotizado”.
También inflaron el precio en la fibra óptica ya que el costo unitario por km pagado fue de 809 mil pesos y el ajuste del costo real producido en la obra asciende a 675 mil pesos, es decir, 134 mil pesos más.
EMEEQUIS buscó a Capufe para tener una postura por la ampliación indebida del contrato y sigue pendiente de la respuesta de la autoridad.
@Alatriste_III
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