SOBRE EL AUTOR
María Elena Ríos en la presentación de la Ley Malena. Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La lucha de víctimas y activistas por nombrar, reconocer y tipificar la violencia ácida es una realidad en la Ciudad de México. Fue publicada y entró en vigor la Ley Malena, aprobada por unanimidad en el Congreso capitalino, para sancionar las agresiones con ácidos, químicos y sustancias corrosivas con sanciones desde 8 a 12 años de prisión y hasta 46 años cuando los casos se tipifiquen como tentativa de feminicidio.
El nombre de la legislación surge en honor a la saxofonista oaxaqueña, Maria Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019 y mantiene una lucha por encontrar justicia en contra de sus agresores.
“Me han dicho felicidades y todo, pero la lucha no acaba acá. Tenemos que seguir y ser reiterativas. No es nuestra obligación, pero tenemos la necesidad de hacerlo porque hay mucha indolencia e inoperancia”, afirma Ríos en entrevista con EMEEQUIS, quien junto con otras víctimas, activistas y organizaciones, participó en la creación y escritura de la ley.
Comenta que, aunque de momento no le han ofrecido un puesto político o de elección en los próximos comicios, ve necesaria la representación y participación política de las víctimas que se han convertido en activistas por sus propios derechos.
“Creo que sería necesario. Nosotras no deberíamos de ser activistas solamente, sino que tendríamos que estar ocupando espacios de legislación porque solamente nosotras entendemos de viva piel los diferentes tipos de violencia. Pero hasta el momento a mí no me han ofrecido o me han llamado”, dice.
Al ser una legislación que se originó desde sociedad civil, con la organización de víctimas en búsqueda de justicia, la saxofonista María Elena Ríos reconoce que es indispensable la participación dentro de la política de mujeres que han pasado por este tipo de violencia, para incidir en las necesidad de todas y buscar que esta ley tenga extensión nacional.
Con esta legislación, la Ciudad de México se une a Baja California, Puebla, Quintana Roo, Campeche y Colima que han aprobado leyes contra la violencia ácida. Sin embargo, es la primera ley en todo el país que emite agravantes de sanción si las personas agredidas con estas sustancias se tratan de niñas, niños, personas con discapacidad y personas trangénero.
Además de que por primera vez se reconoce al Estado como responsable de dar reparación integral a las víctimas y a la Secretaría de Salud de costear toda la atención médica especializada que las víctimas requieran para sanar sus heridas de manera funcional y estética.
REPARACIÓN DEL DAÑO ES RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
“No nos queman sólo la piel, nos queman todo un proyecto de vida”, describe María Elena sobre estos años de lucha por sanar y obtener justicia. Al igual que otras sobrevivientes de violencia feminicida a través de ácidos, ella tuvo que costear parte de sus tratamientos a través de instituciones privadas, ya que los servicios públicos carecían de la atención necesaria.
Carmen Sánchez, atacada con ácido en 2014, creó una fundación para apoyar a más mujeres víctimas de violencia ácida. Ante la insuficiencia de atención pública, busca apoyo con organizaciones y convenios con médicos privados para que más mujeres puedan acceder a cirugías reconstructivas, estéticas y tratamientos dermatológicos para recuperar la noción de su imagen previo a la agresión.
María Elena Ríos y Cármen Sánchez, así como otras decenas de víctimas no han logrado acceder a la reparación integral del daño que contemple el pago de todos los tratamientos médicos y cirugías, atención emocional, así como todo lo que han dejado de percibir de manera económica desde el momento en que fueron violentadas.
La reparación del año se ha convertido en una odisea burocrática. Donde es a través de un juzgado que se tasa de manera económica el valor de vida y recuperación de las sobrevivientes, además de que los agresores argumentan la imposibilidad de costear el importe de los daños generados. Las víctimas son las que más pierden.
En la Ley Malena es la primera vez que el Estado se vuelve responsable de otorgar una reparación a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, las fiscalías y la Secretaría de Salud.
PENDIENTE PROTOCOLOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
Con esta legislación, el objetivo es garantizar el artículo 8 de la Ley General de Víctimas, “nos dice que cuando el Estado no está promoviendo los espacios y las atenciones necesarias está obligado a hacerlo de manera particular”, explica la activista Ríos.
La Ley Malena dirige la responsabilidad por primera vez a la Secretaría de Salud para crear protocolos y programas de salud especializados para dar atención a mujeres víctimas de violencia química.
“Cuando hablamos de reparación integral, también hablamos de medidas de satisfacción y del replanteamiento médico. No sólo la primera hospitalización, también atención psiquiátrica, psicológica, dermatológica. Yo no nací quemada y por supuesto que a toda mujer le gustaría parecerse lo más posible a lo que fue”, dice la saxofonista, María Elene Ríos.
Sin embargo, pese a la publicación de la Ley, la institución de Salud tiene un plazo de 90 días para coordinar con la autoridad judicial, una estrategia y protocolo de atención especializada para garantizar el acceso a servicios médicos, además de un registro oficial de víctimas.
Las únicas estadísticas disponibles son la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, que estiman que en 10 años se registradorn 797 casos de agresiones con ácido o sustancias corrosivas; mientras que durante el año 2022 se reportaron 47 mujeres víctimas y 222 amenazas por intentos de ataques.
@GloriaPE_
