EMEEQUIS.- En el primer foro para analizar la reforma al Poder Judicial la presencia de hombres superó casi al doble la de mujeres participantes. Mientras 22 legisladores y juristas varones fueron invitados, sólo se previó la participación de 14 perfiles femeninos, entre senadoras, diputadas, abogadas especialistas y ministras de la Suprema Corte de Justicia.
En el listado se encontraba la abogada María Emilia Molina de la Puente, quien hablaría en representación de más de 500 juzgadoras del ámbito local en todo el país; sin embargo fue excluida del órden de participación. En su lugar, cedieron el espacio al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
No fue la última vez en que la Magistrada Molina fue apartada de participar en los foros, sino que también pospusieron su participación en la segunda ronda de análisis a las reformas constitucionales al Poder Judicial realizada en Jalisco.
“Nos pueden quitar los micrófonos, pero no nos van a callar”; afirma la magistrada en entrevista con EMEEQUIS. La abogada María Emilia Molina, es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras que está conformada por casi 500 mujeres juristas de órganos de justicia locales de todo el país. Describe que esas muestras por silenciar sus posturas, pueden ser consideradas como violencia política de género.
Magistrada María Emilia Molina de la Puente.
“El mismo jueves en la noche nos avisaron por teléfono que no podíamos participar. Que había una órden desde el Senado, para que ninguna jueza o magistrada federal pudiera participar en ninguno de los foros”, explica que pese a que ha intentado hacer contacto con el diputado morenista Hamlet Almaguer, quien coordina la realización de los foros, no ha obtenido respuesta.
Afirma que las propuestas de la reforma al Poder Judicial han “invisibilizado” la paridad de género aplicable para juezas, ministras y magistradas. Lo cual en lugar de un mejoramiento al sistema de justicia, implica un retroceso en los avances en favor de las mujeres.
“Me parece indispensable que a mujeres juezas y magistradas se nos tome en cuenta nuestra postura en cuanto a la reforma principalmente porque estamos en una lucha de muchos años por puestos de poder. Esta lucha sobre la paridad se está invisibilizando con lo que está propuesta en la iniciativa de reforma”, comentó la magistrada.
Pese a que ha vuelto intentar el pedir que su voz se escuche dentro de los foros para analizar la reforma, reconoce que el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, encargado de la organización de estos espacios, no le ha dado respuesta para posicionar las demandas de los cientos de mujeres juzgadoras de las que es representante.
Esta situación de por sí, ya es una merma dentro del Poder Judicial, ya que en cargos de procuración de justicia a nivel federal la paridad alcanza menos del 30%. Por cada 10 plazas para magistrados federales, ocho son ocupadas por hombres y sólo dos por mujeres; mientras que para ser juez de cada 10 plazas, siete son ocupadas por hombres y sólo tres por mujeres, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo de la Judicatura Federal.
LOS RETROCESOS DE GÉNERO PARA EL PODER JUDICIAL
La paridad de género en instituciones de gobierno ha sido una deuda histórica en favor de las mujeres; sin embargo en el poder judicial la brecha es más extensa por el proceso de carrera que deben mantener los jueces y magistrados para acceder a un puesto de poder, los cuales en su mayoría son ocupados por hombres.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, los cargos de impartición de justicia federal con mayor representación de mujeres son los de oficial judicial, donde las mujeres tienen el 61% de los cargos; 44% entre actuarios y 45% entre secretarios; según el porcentaje de plazas de carrera judicial y administrativas ocupadas hasta el año 2021.
Fuente: CJF
Sin embargo, para los cargos de jueces y magistrados la paridad sigue siendo irregular y con pocos avances. Mientras que en el año 2010, las mujeres representaban sólo el 21% de cargos ocupados de juezas, para el año 2021 el porcentaje incrementó al 30%.
En el caso de los magistrados, en el año 2010 sólo el 18% de los cargos eran ocupados por mujeres, es decir menos de 2 de cada 10, mientras que para el año 2021 la tendencia sólo aumentó a 21% la participación de mujeres con cargos de juezas federales.
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En un comparativo entre los cargos de jueces, juezas, magistrados y magistradas de los órganos jurisdiccionales del CJF, las mujeres apenas alcanzan una paridad del 21% para cargos de magistrados; 30% para juez y 45% para cargos de secretario. Esta condición se agrava cuando se trata de órganos de justicia a nivel local.
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Fuente: CJF
Este agravio hacia la participación de las mujeres juzgadoras también se pone en riesgo acorde al proyecto de Reforma del Poder Judicial, como lo explica la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
“En la iniciativa de reforma se borró, lo que dirá en la Constitución, la paridad de género en los poderes judiciales. Los demás poderes siguen teniendo esta obligación de que haya paridad, pero respecto a los poderes judiciales se borró, ni siquiera se piensa en el tema de paridad de género en los poderes judiciales desde la misma constitución”, explica.
Refiere que estas divisiones se ven incluso en los perfiles que están participando en los foros para discutir las modificaciones al poder judicial, donde es poca la presencia de juzgadoras.
“Me parece increíble que los foros tengan una mayoría de más del doble de hombres que participan. ¿Cómo es posible que se esté hablando de una reforma al sistema de justicia cuando se invisibiliza el tema de paridad de género?”, agrega que, “dado que los foros son de diferentes temas, sobre la reforma, debería de permitirse la voz a las mujeres que somos juzgadoras y que tenemos qué decir sobre los impactos diferenciados”.
La falta de paridad, afirma, no sólo tendrá impacto en la elección de los perfiles que puedan concursar a un cargo de representación, sino en temas de sensibilización e implementación de todas las perspectivas para la implementación de la justicia.
“Retrocederíamos muchísimos años en el tiempo en donde las mujeres no hemos podido sistemáticamente no hemos podido llegar a ser juezas y magistradas. La visión de la justicia tiene que ser completa, no sólo la visión de los hombres en la justicia sino también la de las mujeres en la justicia también, para que se equilibre y se pueda tener mejor justicia”, explica.
LA PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE JUECES Y MINISTROS
La magistrada Maria Emilia Molina afirma que, pese a que es necesario reformar el Poder Judicial, la elección de jueces y magistrados mediante las urnas no es la mejor decisión, ya que ello podría agravar la intervención de intereses privados o políticos, tráfico de influencias y la selección de perfiles que pudieran no contar con los perfiles indispensables.
“De qué forma el hecho de que se cese a todas las personas juzgadoras en el mismo momento y de forma absoluta, para que lleguen nuevos sin la experiencia, sin la capacidad y con conflictos de interés a través del voto popular o de cualquier otro método; de qué manera podría garantizar que la justicia se más rápida, de mejor calidad o garantizar que no hubiera corrupción”, afirma.
Considera que esta decisión, al elegir de manera electoral a los representantes judiciales también podría tener impacto en temas de sensibilización y capacitación que por años han tomado representantes de órganos judiciales; como la perspectiva de género, de derechos humanos y para las infancias.
“En la reforma no se garantiza que quienes lleguen como personas juzgadoras, tengan una visión donde se apliquen todas las perspectivas para que la justicia sea completa. Las personas que estamos hemos tenido muchos años de capacitación en estos temas que de manera progresiva hemos incorporado a nuestra función jurisdiccional, como perspectivas de género, infancias y de otros grupos vulnerables”, comenta.
Afirma que la reforma no cuenta con mecanismos para garantizar que los perfiles a elección cuenten con la capacitación sobre estas perspectivas y estándares en beneficio de los derechos humanos.
Al igual que otros juristas, la Asociación Mexicana de Juzgadoras propone que la elección de personas juzgadoras sea a través de un sistema distinto de elección democrática, a través de concursos públicos donde se transparenten los perfiles, pruebas y resultados.
“Concursos a través de la escuela de formación judicial con participación de academia y universidades, donde se saquen los mejores perfiles a elección popular pero que no incluya campañas. A partir de los concursos que se pudieran hacer públicos los exámenes, publicitar los resultados y los curriculums de las personas que quedan como finalistas”, propone la magistrada Molina de la Puente.
Además de que la reforma sea estructural, considerando a todos los actores como las fiscalías de los estados y de la federación, las defensorías públicas, las comisiones de atención a víctimas, los abogados litigantes y los tribunales autónomos.
@GloriaPE_