SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.- Diego Crespi estudia Licenciatura en Derecho y Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es originario de Veracruz, vivió su infancia y adolescencia durante el gobierno del priísta Javier Duarte, quien está encarcelado desde 2017, acusado de corrupción y desvío de recursos.
Fue el gobierno de Duarte lo que lo inspiró a estudiar la licenciatura en Derecho, en busca de mejores gobiernos para su comunidad. “Ver eso me motivó para querer ver una realidad diferente, porque para mí no era posible ver cómo un estado tan grande y bello como el mío, con gente tan trabajadora, estaba en manos de tan malos gobiernos”, comenta el estudiante en entrevista con EMEEQUIS.
Refiere que le conmocionó que el exgobernador estuviera señalado como presunto responsable de desapariciones forzadas e, incluso, involucrado con el asesinato del fotógrafo veracruzano Rubén Espinosa, quien fue privado de la vida en julio de 2015 en la Ciudad de México; pero que la justicia aún no llegara por esas causas.
“La justicia no es un sentimiento colectivo en México, es una certeza que el sistema de impartición de justicia en México no funciona. El estado de derecho no es algo que le llegue a las personas, eso se lo podemos preguntar a cualquiera en la calle”, comenta. A pesar de que existen múltiples problemas en la impartición de justicia en México, se posiciona en contra de la reforma al Poder Judicial, donde los jueces y magistrados podrán ser elegidos a través del voto popular.
Crespi es uno de los líderes de las movilizaciones estudiantiles contra la reforma judicial. En representación de compañeros del Instituto Tecnológico Autónomo se han manifestado junto a otras universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y otros estados del país.
Tras 18 horas de discusión, la propuesta de reforma fue aprobada este martes en la Cámara de Diputados con 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, por lo cual pasará al Senado, donde se prevé que también habrá una aprobación por la mayoría del partido oficialista y sus aliados.
Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se analiza realizar una consulta entre ministras y ministros para determinar si se puede suspender el proceso de reforma.
Mientras esto ocurre, los estudiantes afirman que no dejarán de movilizarse y continuarán alzando la voz junto a trabajadores del poder judicial. Consultados por EMEEQUIS, refieren que han buscado ser escuchados por legisladores, tener presencia en los foros de discusión, pero se los han negado, por lo que refieren que apoyarán las vías alternativas de justicia internacional para tratar de que la reforma no tenga validez y se discuta una nueva propuesta.
Algunas de las modificaciones más controversiales de la reforma judicial son la elección, por voto popular, de ministros, jueces y magistrados federales; la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal a cambio de la creación de un nuevo órgano de administración judicial, así como de un Tribunal de Disciplina.
¿QUÉ SIGUE TRAS LA APROBACIÓN DE LA REFORMA?
El día en que los diputados sesionaron la reforma judicial se hizo en una sede alterna, en el deportivo Magdalena Mixhuca, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Ante las protestas de estudiantes y trabajadores, los diputados tuvieron que establecer una sede alterna hasta aprobar la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese día, los colectivos estudiantiles serían recibidos por legisladores para escuchar sus puntos de vista sobre los peligros de la reforma, pero también para intercambiar propuestas de solución, ya que, pese a que reconocen que una reforma judicial es necesaria, no en los términos avalados por la bancada oficialista. Sin embargo, tras múltiples horas de espera e intentos por acceder a la sesión, los estudiantes sólo pudieron entregar una carta de derecho de petición.
“Estuvimos desde las 8 de la mañana en San Lázaro primero, y después en la sede alterna. Sin embargo, no fuimos recibidos en los tiempos que se esperaban, en los que nos habían prometido. Solamente fue un grupo de tres alumnos los recibidos cerca de la medianoche. Después de la lluvia, el hambre y el cansancio, era muy difícil que nos mantuviéramos ahí, pero una comitiva pequeña pudo lograr ingresar”, comenta Luis Antonio Figueroa, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Derecho y uno de los representantes estudiantiles de la UNAM.
Pese a un panorama de una posible aprobación de la reforma, la unión estudiantil afirma que continuarán las protestas y seguirán intentando concretar el diálogo con los legisladores.
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“Todavía se puede dar lucha en el Senado. Todavía les falta un senador para poder aprobar esta reforma al Poder Judicial; lo que se tiene pensado es que se llegue al diálogo, seguir buscando conciliar intereses e invitar a los senadores para que la oposición mantenga su voto firme en contra y que aquellos que formen parte del oficialismo lo reconsideren”, apunta Figueroa.
Señala que aún la reforma al Poder Judicial mantiene una postura negativa y de presión en el panorama internacional, ya que se opone a otros acuerdos políticos y comerciales como el TMEC, así como a posturas que promueven la independencia judicial.
“Resulta algo esperanzador que se unieran universidades tanto públicas como privadas por una misma causa como la defensa del Poder Judicial y del estado de derecho. Nosotros nos encontramos abiertos a foros de análisis y debate donde realmente nos dirigimos con respeto y es bienvenida la pluralidad ideológica y de ideas”, comenta el estudiante de la UNAM.
LAS RAZONES POR LA NEGATIVA
Los estudiantes identifican cuatro alertas principales de riesgo ante la aprobación de la reforma al Poder Judicial:
- Elección de personas juzgadoras por voto popular.
- Creación de un nuevo órgano de administración judicial.
- Creación de un tribunal de disciplina judicial.
- Desvirtuar la carrera profesional de derecho.
Mientras que el presidente López Obrador ha intentado acaparar la aprobación estudiantil sobre la facilidad de acceso a cargos de jueces y ministros para jóvenes recién egresados, sin la necesidad de mantener una larga carrera judicial, a los estudiantes les parece que esta práctica desvirtúa su labor.
“Ser juzgador no debería ser de fácil acceso, porque conlleva una responsabilidad enorme. Tiene la facultad de decidir sobre los derechos y libertades de las personas, desde las cosas más cotidianas como un divorcio, la custodia de un menor de edad, hasta decidir sobre la privación de la vida de una persona o el cobro de impuestos a las grandes empresas. No es cosa fácil”, comenta el estudiante del ITAM, Diego Crespi.
Afirma que resulta insultante a su profesión que se considere que no es necesaria una amplia profesionalización para ser una persona juzgadora; sin embargo, los estudiantes reconocen que hay fallas en la forma en que se ha centralizado el conocimiento del derecho.
“Esta reforma va a demeritar por completo la profesión. Si bien en el Derecho una de las críticas más grandes es que se ha convertido en un arma de legitimación de élites. Ha hecho que solo si eres abogado puedas entender cuáles son las cosas de las que discuten los abogados, pero eso no debería ser así porque el Derecho es para las personas, pero no lo hemos logrado. Pero eso no quiere decir que debamos hacer del Derecho una virtud simple donde, solo si tienes ocho de promedio y cinco cartas de recomendación, puedas tener esa responsabilidad”, afirma Crespi.
Por su parte, un grupo de egresados de la carrera de derecho de la UNAM también se unió para externar su preocupación sobre la reforma y externar al Congreso la necesidad de diálogo institucional. Afirman que esta reforma, lejos de presentar cambios positivos, puede agravar el acceso a la justicia.
“Esta reforma judicial, lejos de atender esas necesidades, implica un debilitamiento del estado de derecho y de las instituciones que pueden garantizar la protección de estos derechos. Nos parece que es un retroceso en la independencia judicial, la separación de poderes y en la aún muy frágil democracia que hemos conquistado como sociedad”, afirma Mariana de Lucio, abogada por la UNAM, especialista en derechos humanos.
@GloriaPE_
