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Las activistas Maria Elena Ríos y Elisa Xolalpa, víctimas de ataques con ácido, celebran en el Congreso de la Ciudad de México la aprobación de la llamada “Ley Malena” en febrero pasado. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.
GLORIA PIÑA
EMEEQUIS.– Absuelto de todos los cargos, fue la resolución que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dio en favor de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto agresor de la saxofonista y sobreviviente de intento de feminicidio, Maria Elena Ríos.
La artista oaxaqueña sobrevivió de un ataque con ácido el 9 de septiembre de 2019, con el que quemaron en el 90% de su cuerpo, provocando heridas de tercer grado en su rostro, brazos y piernas, principalmente.
El agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, es un empresario con importante influencia política en el estado de Oaxaca, ocupó el cargo de diputado por el Partido Revolucionario Institucional.
De acuerdo con la víctima, es responsable de la autoría intelectual del ataque en su contra, ya que, previo a la agresión, había recibido amenazas de muerte en su contra tras sostener una relación sentimental.
Durante el proceso, que duró casi cinco años, Maria Elena Ríos denunció intimidación y agresiones por parte de la familia del acusado, además de actos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, que buscaban beneficiar al presunto responsable del intento de feminicidio para ponerlo en libertad.
En más de dos ocasiones, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca intentaron modificar la medida cautelar contra el agresor para ponerlo en libertad mientras se desarrollaba el proceso en su contra. Sin embargo fueron negadas por riesgo de fuga y poner en riesgo la vida de la víctima.
Pese a ser buscado por las autoridades, por ser también otro agresión de la víctima, durante los cinco años de proceso judicial se mantuvo pródigo de la justicia Juan Antonio Vera Hernández, hijo del político oaxaqueño que habría actuado en contubernio con su padre.
Pese al riesgo que representa para la vida de Maria Elena que su agresor esté en libertad, este miércoles el juez José Gabriel Ramírez Montaño determinó absolverlo de todos los cargos, así como a los otros dos presuntos autores materiales de la agresión contra la saxofonista.
“La representación social con las pruebas aportadas, no logró destruir la presunción de inocencia que tienen los acusados y como consecuencia de ello he resuelto absolver a Rubicel Hernandez Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaeza Chavez de la acusación en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa (…) En consecuencia quedan en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto a la medida cautelar de prisión preventiva”, dijo el juez en una resolución que no duró más de 20 minutos, como denunció la víctima en redes sociales.
Esta determinación fue calificada como “absurda” por parte de Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado de Oaxaca, quien afirmó que es “una flagrante violación al derecho a la justicia de la vpictima y deja un precedente de impunidad en nuestra entidad”, compartió en un mensaje a través de redes sociales.
La violencia feminicida y contra las mujeres en México alcanza un nivel de impunidad del 95%, de acuerdo con estudios de organizaciones civiles. Para las mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio, las sentencias suelen ser menos frecuentes, más bajas contra los agresores o son condenados por otras figuras delictivas menores como lesiones o violencia familiar.
La lucha de Maria Elena Ríos inspiró la primera legislación contra los ataques con ácido en México, la cual lleva su nombre “Ley Malena”, para que fueran investigados y sancionados bajo la figura de tentativa de feminicidio. Sin embargo para la sobreviviente el proceso contra su agresor culminó en una sanción impune contra el crímen que le cambió la vida.
“REFLEJO DE IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN”: ACTIVISTAS
La impunidad que impera en la resolución del intento de feminicidio contra Maria Elena Ríos es una muestra de corrupción, violencia e impunidad institucionalizada contra las mujeres víctimas de violencia en México, afirma Carolina Ramirez, fundadora de la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio en México.
“Es un ejemplo de cómo se burlan de nosotras las sobrevivientes cuando intentamos y hacemos todo lo posible, años y años, para poder arrancar un poco de justicia y esta es la respuesta del Poder Judicial (…) Es una respuesta a todas las mujeres de México, quienes hemos sido víctimas de agresiones feminicidas”, dice en entrevista con EMEEQUIS.
La activista y también sobreviviente de intento de feminicidio describe que el acceso a la justicia se complejiza para las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio por descalificaciones y descrédito hacia la voz de las víctimas, ya que las autoridades minimizan la violencia feminicida cuando las mujeres no llegan a la muerte.
Afirma que el caso resulta una muestra de impunidad que se repite entre las mujeres que buscan justicia en México y que es necesaria una reforma donde se sancione a los funcionarios públicos que actúan en prejuicio de la vida de las mujeres.
“Es un asesino en potencia y el caso es el vivo ejemplo de la corrupción en México. No hay una mejor muestra de la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Necesitamos que la reforma sea a raíz y que se sancione a estos jueces. (…) La corruptela está fraguada desde el Poder Judicial y también las autoridades de todos los niveles en el estado de Oaxaca”, comenta.
Por su parte, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, comenta en entrevista que esta decisión es peligrosa para todas las mujeres en México que sufren violencia de género ya que perpetúa una idea de impunidad y permisión.
“Es el reflejo de las deficiencias del sistema judicial para proteger a las mujeres y garantizar la justicia en casos de violencia machista. Esta decisión demuestra el pacto patriarcal, la insensibilidad e incomprensión sobre la naturaleza y gravedad de la violencia de género”.
Comenta que es indispensable garantizar la protección a la vida de las mujeres cuando los agresores se encuentran en libertad.
“Envía un mensaje muy peligroso de desprotección a las mujeres víctimas de violencia y por supuesto, de permisividad a los agresores que siguen libres. Es un gran riesgo para Maria Elena y para las mujeres que rodean a este agresor que él esté libre. La justicia no es justa, tampoco expedita ni apegada a derechos humanos y tampoco feminista”, refiere.
En tanto, María Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, apunta que es un reflejo materializado de impunidad y desatención del Estado para prevenir y sancionar los feminicidios en México y esto comienza en una resistencia para tipificar los casos cuando se trata de un intento de feminicidio e investigarlos con perspectiva de género.
“Se deja en un estado de indefensión a Maria Elena. La resolución revela que el juez protege a feminicidas, había elementos suficientes para obtener una sentencia justa y no liberar a los agresores. No es la primera vez que lo vivimos, es una lucha que dan las sobrevivientes y cuando los jueces liberan a los agresores lo único que provocan es que ponen en riesgo la vida de las mujeres y que haya más feminicidios”, comenta en entrevista.
Afirma que Maria Elena deberá iniciar un proceso de apelación, ya que, consideran, hay pruebas de las malas prácticas del sistema de justicia de Oaxaca, como retirar a la Comisión de Derechos Humanos para dar seguimiento al caso. Además, señalan que el juez José Gabriel Ramírez Montaño debe ser investigado por presuntos actos de corrupción.
“Los jueces se tienen que investigar, sobre todo cuando los presuntos agresores tienen nexos políticos o algún poder político o económicos es algo que se vuelve en contra de las víctimas. Lo que nosotros vemos es que el procedimiento es importante que se revise. (…) Lamentablemente tenemos colapsado el sistema de justicia y es muy grave la manera en que los jueces carecen de perspectiva de género. Lo que más preocupa es que pueda haber un tema de corrupción”, comenta.
@GloriaPE_
