EMEEQUIS.– Seis meses han pasado tras la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como “El Zar de la Basura”, quien enfrenta cargos por trata de personas, explotación sexual y asociación delictuosa.
Se trata de una acusación que cimbró hasta el interior del Partido Revolucionario Institucional. El exlíder priísta es señalado desde 2003 por la conformación y reclutamiento de una red de explotación sexual de mujeres a todas luces del partido, e incluso gestada desde las oficinas de su sede nacional en el centro de la Ciudad de México.
Por medio de anuncios en periódicos y otras plataformas se solicitaba el trabajo de mujeres interesadas en trabajar como edecanes, un puesto oculto como cargo administrativo en el partido. Pasaban por varios filtros hasta la decisión de Gutiérrez de la Torre, a quien tenían que otorgar servicios sexuales.
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Foto: Archivo.
La defensa de las víctimas que fueron reclutadas, seis contabilizadas hasta el momento, asegura que ha sido un proceso arduo contra el sistema de justicia de la Ciudad de México. Es un caso litigado desde el 2014. La razón, afirman, es una sábana de protección para el priísta que se ha gestado desde el interior de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de la capital.
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Una muestra fue el amparo otorgado la semana pasada por un juez federal en favor de Gutiérrez de la Torre para reponer el auto de formal prisión que se había dictado en su contra desde principio de año.
Se trata del cuarto beneficio jurídico que se le ha dado al político, los cuales se aprueban bajo la determinación de un sólo juez.
Con esta modificación hecha como una estrategia para ganar tiempo y evitar una resolución definitiva, la condición del prirísta acusado de trata de personas está en riesgo y temen que pronto pueda darse un revés a su detención, lo que significaría su posible liberación.
Teresa Ulloa (primer plano) teme que pueda darse un revés a la detención de Gutiérrez de la Torre. Foto: Especial.
EL JUEZ QUE (AÚN) PROTEGE AL EX PRIÍSTA
“Ya perdí la cuenta de cuántos amparos y recursos se han metido. Es un tema que venimos litigando desde 2014 y recién en 2021 logramos que lo detuvieran”, cuenta en entrevista para EMEEQUIS Teresa Ulloa, parte de la defensa de las víctimas y directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
La defensa del priísta ha interpuesto decenas de amparos durante todo el proceso penal, para que tenga una duración mayor sin llegar a una audiencia o veredicto de sentencia, pese a ello los abogados de las víctimas han ganado todos.
De acuerdo con resolución al juicio de amparo 44/2022, de la cual EMEEQUIS tiene una copia, se reclama el auto de formal prisión dictado desde el pasado 4 de enero como parte de la causa penal 17/2021 en donde se había decretado la formal prisión para el imputado.
La resolución al amparo fue establecida el pasado miércoles 22 de junio por Erik Zabalgoitia Novales, Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Material Penal de la Ciudad de México. El mismo que con anterioridad ya había echado para atrás tres de las cuatro sentencias contra el imputado.
La defensa de las víctimas percibe en las acciones del juez una actitud de beneficios y complicidad con el expriísta, razón por la cual planean denuncias en contra del funcionario en el Consejo de la Judicatura Federal.
“Había muchísima protección, no solamente del Juez 14 de Distrito sino de las autoridades de la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX. Era una protección que venía desde la jefatura de gobierno con Miguel Ángel Mancera”, cuenta la activista Teresa Ulloa.
EL TRABAJO Y DEFICIENCIAS DE LA FISCALÍA
Además de la protección en el Poder Judicial, un error en la determinación de los delitos que pesan en su contra también ha retrasado el proceso contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Según la causa penal 17/2021, al priísta se le imputan los delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, trata de personas en modalidad de publicidad engañosa agravada y asociación delictuosa.
Parte de la sentencia de amparo.
De acuerdo con los abogados, clasificar el delito trata de personas en grado de tentativa es un error de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que las mujeres que lo acusan acudieron a la entrevista de reclutamiento, lo que consuma el delito, pese a que decidieron no acceder al trabajo.
“Ninguna de las chicas que lo denunciaron aceptaron el trabajo, pero sí fueron entrevistadas por Sandra Vaca Cortés y Cuauhtémoc Gutierrez”, refiere la defensora quien afirma que además existen testimonios por escrito y cheques que muestran su responsabilidad.
“El delito de trata sí estuvo terminado porque sí las captaron”, explica la abogada Teresa Ulloa, sin embargo, afirma que a causa del desconocimiento del delito por parte de las autoridades capitalinas. De acuerdo con el artículo 188 del Código Penal de la Ciudad de México las sanciones por este delito son de 10 a 15 años de prisión.
El error en la clasificación del delito “hace que, desde que entró al Poder Judicial, la consignación venga mal y nosotros la vamos a intentar corregir en las conclusiones”, afirma la defensora de derechos humanos, quien trabaja en equipo jurídico ampliado junto a Clínica Contra la Trata de Personas del ITAM y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos.
Si bien reconocen que la principal protección para el priísta se hacía durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera al frente de la Ciudad de México, ven con optimismo la actuación de la actual fiscal capitalina Ernestina Godoy, pero desean que no se vuelva un tema político.
Preocupa que el asunto se politice con miras a la sucesión presidencial del 2024; pues dicen, una de las motivaciones que le otorgaron protección a Gutiérrez de la Torre por parte de gobiernos anteriores fue ofrecer votos a cambio de prebendas.
“El PRI ahora no tiene mucha fuerza pero sabemos que ese señor (Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre) acostumbra ofrecer los votos del movimiento territorial: pepenadores, taxistas, albañiles”, dice la abogada.
DEJAN EN LIBERTAD AL PRESUNTO CÓMPLICE
Otra pérdida para el caso contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue la liberación de Roberto Zamorano, exsecretario de Finanzas del PRI en la Ciudad de México.
Teresa Ulloa, defensa de las víctimas, refiere que fue hace dos semanas que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo puso en libertad, al referir que no existían pruebas suficientes para involucrarlo en la red.
Sin embargo, afirman que el exfuncionario del PRI era el encargado de pagar los anuncios para el reclutamiento de las mujeres y pagaba las nóminas con recursos del partido. “Colaboraba en el reclutamiento a través del pago de los anuncios, además pagaba las nóminas, escondía a las edecanes como asistentes administrativos”, afirma la activista.
Hasta este momento también se mantienen en prisión Adriana Rodríguez y Claudia Priscila Martínez, acusadas del reclutamiento de las mujeres para red de explotación, ambas se mantienen presas en el penal de Santa Martha Acatitla, sin que aún se determine su situación jurídica.
“Me da la impresión que pudieran intentar sacrificarlas para proteger a Gutiérrez de la Torre”, comenta la activista Teresa Ulloa.
@GloriaPE_