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Polarización y autoritarismo encumbraron gobierno criminal: Sandra Ley

Estructuras y procesos políticos son controlados ya por el crimen organizado, como resultado de políticas de seguridad selectivas en los últimos sexenios, señala la investigadora del CIDE Sandra Ley, coautora del libro “Votos, drogas y violencia”. Advierte una profundización de la polarización cuya historia viene de 2006.

2 / 13 / 22

EMEEQUIS.– La polarización política en México ha incentivado la captura de las estructuras institucionales por parte del crimen organizado, pues propició políticas de seguridad selectivas con sesgo partidista.

Así lo expone Sandra Ley Gutiérrez, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Duke (Carolina del Norte, Estados Unidos), cuya rama de especialización es el comportamiento político y la violencia criminal.

Ofrece un diagnóstico duro sobre la realidad mexicana en ese rubro: “Estamos en ese nuevo fenómeno de gobernanza criminal, donde el crimen organizado está controlando la política, la economía, y la sociedad”.

En entrevista con EMEEQUIS, la también investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), advierte que “las instituciones y las políticas públicas de seguridad están permeadas por incentivos electorales para ayudar a copartidarios, y dejar desprotegidos a gobiernos de la oposición”.

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Ley Gutiérrez explica que “hay un pasado autoritario que permitió la generación de redes de protección” para los grupos delictivos, un estado de cosas que no fue alterado por la democracia mexicana, pues no consiguió trascender los estrechos límites del ámbito electoral.

En ese sentido, la etapa democrática de México fracasó: “Son condiciones que subyacen de una democracia en la que no se dio el proceso de justicia transicional para reformar a las policías, para reforzar a las fuerzas del Estado, a las instituciones de justicia, donde el crimen organizado tiene la capacidad de influir y de leer la política para aprovecharla para su propio beneficio”

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Sandra Ley es coautora de Votos, drogas y violencia, una de las apuestas editoriales del sello Debate en 2022, que ya circula en librerías del país. El título, que Ley escribió a cuatro manos con el también politólogo Guillermo Trejo, tiene como antecedente una edición en inglés, de Cambridge University Press (2020).

Ley conviene en que la polarización, detonada en 2006, ha experimentado una profundización en los años del obradorismo, pero enfatiza que los sucesivos gobiernos han fracasado en la asignatura:  

“No se trata de balazos como la guerra contra las drogas de Calderón, que fue lo que permeó profundamente un proceso de militarización; tampoco son los abrazos a los que ha aludido Andrés Manuel López Obrador, no es un problema de política social,  sino que ha cimbrado a las instituciones de seguridad y de justicia porque no las hemos reformado y porque hoy por hoy están penetradas por el crimen organizado en muchos sentidos, además se pueden utilizar políticamente”.

La puerta de salida tendría que buscarse a partir de las reformas señaladas y de una construcción de instituciones de inteligencia.

 Votos, drogas y violencia ya está en librerías. 

CRIMEN, GOBIERNO DE FACTO

Sandra Ley explica que “hay un pasado autoritario que propició la generación de redes de protección y eso puede permitir que se mantenga la violencia, medida por ejemplo por asesinatos asociados con el crimen organizado y en eso era lo que nos habíamos quedado en los años noventa”.

Sin embargo, esa “zona gris en la que convive el crimen organizado y el estado” ha evolucionado ya hacia una fusión más perniciosa: “Hoy ya estamos en ese nuevo fenómeno de gobernanza criminal, donde el crimen organizado está controlando la política, la economía, y la sociedad. (…). Tiene la capacidad de establecer precios de mercado, de extorsionar a mercados; pero también de incidir en quién es nominado, decirle a los votantes cómo votar, o de limitarles su capacidad de votar. El crimen organizado es de facto quien gobierna en muchas de las comunidades del país”.

La politóloga detalla cómo la pluralidad en los gobiernos locales se convirtió en aliada de las organizaciones delictivas: “¿Cómo llegamos aquí? Para empezar, conforme las primeras alternancias partidistas en México a nivel subnacional, en los estados, la primera en Baja California, después en Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, se fueron dando, dieron pie a que se fueran quebrado estas redes de protección, porque cada vez que llegaba un nuevo gobernador, pues entonces tenías a un nuevo fiscal, un nuevo jefe de policía, nuevos directores de Seguridad Pública, piezas clave en las redes de protección que le dan información a crimen organizado, que les permiten operar con impunidad, no pasar por el sistema de justicia”.

De modo que al perder las redes de protección, “el crimen organizado generó sus propios brazos armados; entonces ya no nos encontramos con cinco grandes cárteles de la droga, sino con esos carteles junto con sus brazos armados”. 

La coautora de Votos, drogas, y violencia, obra que se centra de manera principal en la administración calderonista, reseña que “en el 2006, efectivamente, estábamos enfrentando mucho mayor violencia”. 

“La clave aquí –externa– no es que hubiera un mal diagnóstico de Felipe Calderón sobre una situación de mucha de mucha mayor violencia a lo largo y ancho del país, sino más bien, una estrategia errada, que partió de motivaciones partidistas y electorales; sino que esa estrategia de militarización llevó a que la violencia se pudiera contener en unos lugares y no en otros, para beneficiar a co-partidistas  (correligionarios), para dejar en la desprotección a sus enemigos políticos, y que esas condiciones, nosotros argumentamos, siguen estando presentes”.

Para la investigadora, la operación criminal en las elecciones de junio de 2021 son solamente una versión más descarnada, y descarada, de la que tuvieron   algunos procesos comiciales del pasado reciente: 

“En 2011 la elección de Michoacán es de las de las elecciones más violentas, en un solo estado se concentran más de 40 agresiones a distintos candidatos, y eso es bajo Calderón, que deja el tono para lo que vendría después para una elección como la del 2018 o 2021”.

La guerra contra las drogas de Calderón fue el momento en el que la polarización comenzó a permear, dice Ley. Foto: Cortesía. 

DEMOCRACIA SIN JUSTICIA, LA OPORTUNIDAD PERDIDA 

Según Sandra Ley, la guerra contra las drogas de Calderón fue el momento en el que la polarización comenzó a permear en las instituciones y en las políticas de combate al crimen:

“Cuando transitamos a la democracia a nivel nacional en el 2000, que ese hubiera sido un momento en el que a lo mejor hubiéramos podido fortalecer a las instituciones de seguridad, de justicia, que no fuera solamente limitarnos a tener alternancia partidista, no. No en este caso la silla presidencial, al limitarnos a una democracia exclusivamente electoral y no democratizar a las fuerzas del orden, independizar al las fiscalías, a los ministerios públicos, con lo que nos encontramos es que no solo la alternancia partidista ha dado pie y hoy sigue dando pie a mayor violencia criminal, sino que además, no se cambian esas condiciones subyacentes de una falta de Estado de derecho. 

“A eso se abona en el 2006, un proceso de polarización en el que ya la política pública está permeada por incentivos electorales para ayudar a copartidarios, y dejar desprotegidos a la oposición y en este caso específicamente, la polarización de la izquierda y derecha, que la izquierda quede más vulnerable”.

Sin embargo, enfatiza que “en el período más reciente, esa polarización ha permanecido”.

“Cuando termina el sexenio de  Enrique Peña Nieto ―abunda― lo que nos encontramos   es una serie de gobernadores involucrados en el crimen organizado, que no enfrentaron la justicia propiamente, (…) y hoy nos encontramos en un proceso profundo de mayor polarización, en el que probablemente está afectando la politización no solamente seguridad, sino de muchas otras dimensiones de la política pública”.

Reitera: “Esa condiciones que subyacen de una democracia en la que no se dio el proceso de justicia transicional para reformar a las policías, para reforzar a las fuerzas del estado, las instituciones de justicia, donde tenemos una democracia exclusivamente limitada al ámbito electoral, lo que nos llevará a la politización de la política de seguridad, con lo que con lo finalizamos es con esta gobernanza criminal”.

DESAPARICIÓN DEL CISEN, MAL INDICIO

Sobre los guiños del presidente López Obrador a personajes del grupo delincuencial conocido como Cártel de Sinaloa, Sandra Ley considera que se trata simplemente de preferencias personales, pero señala la necesidad de poner el foco “en aspectos más estructurales”.

Abunda: “Las condiciones de nuestro sistema político siguen permitiendo que esto ocurra, un sistema político en donde el estado de derecho nunca se consolidó, donde no hubo un proceso para que se enfrentarán a la justicia las fuerzas del orden que en el pasado dieron protección al crimen organizado, que hicieron flagrantes violaciones a los derechos humanos, y que hoy pueden seguir replicando sus redes de protección. En la medida en que estas condiciones no cambian, pues en realidad terminan empeorando este fenómeno de violencia”.

Considera que “a lo que deberíamos estar apostando es a la construcción de inteligencia que nos permita saber dónde, quién, cómo operan a nivel local las distintas organizaciones, que a partir de evidencia y de trabajo de inteligencia, se pueda saber mejor cómo actuar”.

Deplora que, por el contrario, la administración de López Obrador haya liquidado a uno de los pocos organismos de inteligencia que había en la estructura estatal:

“Una de las iniciativas del actual gobierno, por ejemplo, fue desaparecer el Cisen (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional), un aparato que de ser fortalecido y despolitizado, podría haber sido una oportunidad construir inteligencia en el país”.

Insiste en que la construcción de entidades semejantes representan una alternativa para el actual estado de cosas: “Y otro punto importante es que esa inteligencia no se quede centralizada solamente en el gobierno federal, sino que pueda haber un trabajo compartido y coordinado con distintos niveles de gobierno, que es lo que hemos visto que permite la implementación de políticas públicas mucho más efectivas y coordinadas, de tal manera que el crimen organizado sepa que va a haber una reacción eficiente”.

Lamenta que, por ahora, el camino sea en otro sentido: “ Por el contrario, lo que nos hemos encontrado es que esto solamente ocurre en muy pocas instancias, cuando los tres niveles de gobierno son del mismo partido, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo”.

Se pronuncia por el fortalecimiento de los gobiernos locales, y particularmente de la unidad administrativa municipal: “Deberíamos estar entrando a ese nivel de fortalecer al municipio, que ha sido esencial de la democracia en México”.

@estedavid

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