SOBRE EL AUTOR
Una historia de negligencia e impunidad por parte de autoridades. Fotos: Especial.
EMEEQUIS.– El consuelo para la familia Reyes es que ahora saben dónde se encuentra el cuerpo de su hija. Tienen un lugar físico donde visitarla y recordarla. A diferencia de los familiares de las más de 100 mil personas que se encuentran desaparecidas en México, ellos pudieron encontrar los restos de su hija más pequeña, Bárbara Reyes Muñiz, aunque tuvieron que escarbar en una fosa común.
“Ante la tumba de mi hija, tanto su madre como yo hicimos el compromiso y la promesa de que teníamos que llegar hasta las últimas consecuencias”, afirma su padre, Alejandro Reyes Aceves, quien a 13 años del feminicidio y secuestro de su hija no ha podido obtener una justicia completa y reparatoria.
En agosto de 2011, la adolescente de 16 años desapareció en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Su familia la vió por última vez antes de que ella fuera al centro comercial con una amiga. Horas más tarde, recibieron llamadas pidiendo rescate por la menor. La habían secuestrado. Exigieron dinero, pero al poco tiempo la comunicación con los presuntos plagiarios cesó. Dejaron de saber de Bárbara.
Dos meses más tarde, un cuerpo con las mismas características de la jóven fue encontrado en un lote baldío en el barrio de San Blas, del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El estado de descomposición del cuerpo era avanzado, sin embargo aún se lograban distinguir sus prendas: una playera a rayas, chamarra color negro y unos pants azules; así como ropa interior femenina.
La familia Reyes Muñiz buscó en hospitales, agencias del ministerio público, centros nocturnos en varios estados del país donde trabajaban jóvenes parecidas a Barbie, pero no lograron dar con ella.
El cuerpo resguardado en el Servicio Médico Forense por las autoridades del Estado de México era Bárbara, pero su familia pudo reclamarlo hasta 18 meses después de su desaparición.
Por negligencia y omisión de las autoridades del Estado de México, el cuerpo de la adolescente fue llevado a una fosa común. A pesar de que existía reporte por su búsqueda, su familia tuvo que buscarla entre los cuerpos de personas sin nombre y olvidados en el panteón ministerial.
“Es una doble desaparición. Primero sucedió un hecho por particulares en la que privaron de la libertad y de la vida a mi hija, pero para concluir el proceso y hacer un cierre queda pendiente la ejecución de la sentencia”, comenta su padre a EMEEQUIS.
Pese a que la familia fue quien aportó todas las pruebas, buscó a la menor en varios estados del país, incorporó a robustecer la carpeta de investigación por secuestro, e incluso escudriñó entre cuerpos para encontrar a Bárbara, ahora las autoridades del Estado de México niegan el pago de reparación integral del daño que les corresponde por ley.
“Son 13 años de martirio, sufrimiento, de revictimización continua, de mucha frustración. Sólo aquellos que lo hemos vivido tenemos el sentir que es enfrentarte a un monstruo burocrático que lejos de cumplir con sus compromisos y responsabilidades, a cada paso te presenta evasivas y dilaciones que acaba con la paciencia de las familias”, comenta el señor Alejandro Reyes.
LAS OMISIONES DE LA DOBLE DESAPARICIÓN
Las muestras de ADN que entregó la familia Reyes a las autoridades del Estado de México, en caso de que llegaran a encontrar el cuerpo de su hija, se volvieron obsoletas. No fueron suficientes para reconocer que el cuerpo encontrado en un baldío correspondía a Bárbara.
Los restos se encuentran envueltos entre plástico, con algunos mechones de cabello expuestos, pero con un grado de descomposición elevado. El personal de homicidios en el MP de Cuautitlán omitieron hacerle pruebas para que fuera identificado.
El personal público permitió una doble desaparición de Bárbara Reyes, pero ahora, institucional.
“Hubo un evento en el que el Ministerio Público encargado de identificar un cuerpo que encontraron sin vida en un terreno baldío, que a la larga fue mi hija. Ese MP no hizo todo lo que debía hacer por sentido común profesional y responsabilidad”, cuenta Alejandro Reyes
No pasaron más de dos meses, cuando por ley deben ser tres meses, para que el cuerpo fuera enviado a la fosa común; donde reposan las personas que mueren pero no fueron identificadas o reclamadas por sus familias.
El funcionario público encargado del reconocimiento del cuerpo fue denunciado por la familia. En 2013 se determinó que no existió “dolo” en la negligencia por parte del agente del ministerio público, sin embargo en 2016 se volvió a interponer un amparo por el que finalmente lo declararon culpable aunque el juez determinó que la falta del agente sólo atrasó 11 días la identificación de Bárbara.
“Esta persona tuvo el cuerpo de mi hija de manera directa en el Semefo por un periodo de tiempo considerable y después porque no se le dio la gana, no pudo, no pudo o no quiso dedicarle el tiempo para identificar quién era y qué le había pasado”, comenta el padre de la menor.
Sin embargo, a 13 años de la pesadilla, la familia no logra obtener justicia completa acorde a las leyes. Pese a contar una sentencia favorable contra el plagiario que secuestró y asesinó a su hija, le dictaron 70 años de prisión, las autoridades del Estado de México se niegan a pagar una reparación integral del daño.
PIDEN REUNIÓN CON GOBERNADORA DELFINA GÓMEZ
A la familia que procuró, con sus propios recursos, encontrar el cuerpo de la jóven víctima de feminicidio y dar sanción a su agresor, el gobierno del Edomex les niega la posibilidad de reparar el daño.
En la sentencia condenatoria contra el agresor dictada en agosto de 2021 y ratificada en enero de 2022, se establece que las víctimas indirectas del hecho serán acreedoras a una reparación integral del daño.
Sin embargo, el acusado se declaró insolvente para cubrir la demanda económica en favor de la familia Reyes, por lo que el gobierno estatal, a cargo de la morenista Delfina Gómez, es la responsable, desde entonces, de cubrir el monto de reparación.
“Cada vez es más constante esta negligencia del gobierno. La primera es que permitan que pase, promueven las condiciones para que la delincuencia aflore y la otra fue la incapacidad, ignorancia en la que no se llega a una procuración de justicia apropiada”, refiere el padre de la víctima ha solicita intervención de la gobernadora para que el proceso de más de 13 años deje de extenderse.
En marzo de este año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México rechazó la solicitud por pagar la reparación, refiriendo que los padres de Bárbara tuvieron acceso al Fondo de Compensación para Víctimas de Feminicidio; sin embargo este monto es al menos el 12% de lo establecido en la sentencia condenatoria.
Pese a las fallas de burocracia y falta de atención por identificar el cuerpo de la jóven y que la familia fuera la responsable de encontrar el cuerpo, las autoridades mexiquenses se niegan en resarcir la falta.
“Los valores nunca nos van a recuperar lo que perdimos. Pero hasta que no se cumple la sentencia completa no hay ejecución de sentencia, por lo tanto no hay justicia”, afirma Alejandro Reyes.
@GloriaPE_
