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“Nadie más tiene que ir a una fosa común”: Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Los dos mayores retos serán devolverle la identidad a 11 mil 625 cuerpos y restos humanos que esperan por identificación, y conocer las causas por las que 9 mil 395 fueron enviados a fosas comunes pese a contar con datos de identidad. Lo que sigue es hacer exhumaciones con enfoque masivo, que es lo que estamos impulsando desde hace más de dos años.

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EMEEQUIS. Ante una crisis humanitaria por más de 110 mil personas desaparecidas en México, no basta con la búsqueda en vida. Estas labores también deben ampliarse hacia los registros forenses que concentran los panteones de todo el país. 

Conocer si hay indicios de que los cuerpos que fueron enviados a fosas comunes, organizadas y atendidas por instituciones de gobierno, pudieran pertenecer a personas que aún están registradas como desaparecidas y de las que, hasta el momento, se ignora su paradero. 

Hacia estas investigaciones forenses camina la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Mantiene esfuerzos por recuperar la información reportada en fosas comunes del país, pese a que, por ley, debería ser una acción de la Fiscalía General de la República. 

TE RECOMENDAMOS: LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN FOSAS COMUNES

El artículo 111 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada establece que sea la FGR, quien concentre los datos de cuerpos identificados y no identificados, como parte del Banco Nacional de Datos Forenses. Sin embargo, es una política detenida desde octubre del año pasado, cuando se le exigió por la vía judicial a la fiscalía poner en marcha la herramienta, pero hasta ahora ha mantenido amparos para evadir su responsabilidad. 

Ante estas omisiones, se ha conformado el Módulo de Fosas Comunes, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hasta ahora con datos de 21 mil 19 registros forenses de 15 panteones en ocho entidades del país: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz. Sin embargo, se mantendrán en recopilación constante de información de todas las fosas comunes del país. 

Hasta este momento el Módulo de Fosas Comunes ha dado un camino de localización a familias que buscan a sus desaparecidos, dando veintenas de posibles casos positivos. Mientras que en otros seis ya se ha confirmado la identidad de las personas. 

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Los dos mayores retos serán devolverle la identidad a 11 mil 625 cuerpos y restos humanos que esperan por identificación, y conocer las causas por las que 9 mil 395 fueron enviados a fosas comunes pese a contar con datos de identidad que facilitaran la entrega con sus familias. 

En entrevista con EMEEQUIS, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna explica cómo hacer posible una política pública enfocada en desaparecidos, entre búsqueda e identificación forense. Cómo hacerlo pese a las omisiones de la máxima institución de investigación judicial en el país; así como cuáles los siguientes los pasos a seguir para analizar y exhumar masivamente cuerpos de todas las fosas comunes del país. 

-¿Qué es el Módulo de Fosas Comunes y por qué la conformó la Comisión Nacional de Búsqueda?

-La Ley general en Materia de Desaparición habla de diferentes registros que son fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas. 

El que le corresponde a la Comisión es el Registro Nacional de Personas desaparecidas; los otros, tanto la base de datos forense, como el Registro de Personas Fallecidas Identificadas y No Identificadas, y el de fosas comunes y clandestinas, le corresponde por ley a la Fiscalía General de la República

Sin perjuicio de eso, hicimos públicos registros internos que hemos ido construyendo en estos cuatro años, que son fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas y que esperamos alimenten todas las otras bases que le corresponden a la fiscalía. 

Empezamos a acercarnos a panteones municipales buscando a personas en particular, llegamos a libros de panteones y nos percatamos que hay información muy importante, no sólo escrita si no de las personas que trabajan en los panteones. 

 –¿Qué se encontró al analizar los registros de fosas comunes, que son operadas por panteones de gobierno?

-Cuando uno va a los registros de las fosas comunes, uno pensaría que la mayoría son personas no identificadas, sin embargo, nos empezamos a percatar que había información con personas con nombre y apellido, alegadamente no reclamadas lo que se conoce como identificadas no reclamadas. 

La gran pregunta que nos tendríamos que hacer es si efectivamente estas personas no fueron reclamadas, y este módulo de fosas comunes nos empieza a abrir estas grandes e importantes preguntas en la búsqueda de personas desaparecidas. 

 Empezamos con un panteón, hoy llevamos alrededor de 15 panteones en diferentes entidades federativas. Sabemos que faltan muchísimos. Hemos tenido acercamiento con el INEGI para que añada otras variables que pueden ser importantes en la búsqueda de personas desaparecidas. 

Tenemos más de 21 mil entradas, no significa que sean 21 mil personas. Hay registro de personas no identificadas, de personas alegadamente no reclamadas y hay registro de otro material biológico que pueden ser personas que aún estén con vida, puede ser una pierna, un brazo que fueron enviados por hospitales o fetos. 

-¿Cuál es el siguiente paso para saber si las personas identificadas que fueron enviadas a las fosas, pudieran estar reportadas como desaparecidas? 

-Lo que hemos hecho con las personas identificadas y alegadamente no reclamadas es cruzarlo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 

Tenemos más de 9 mil personas con nombre y apellido y de estas el cruce ha dado veintenas de posibles positivos, que parecería que son la misma persona, pero tenemos problemas de homonimia, de falta de información. 

Hay un equipo especializado que da seguimiento con instituciones. Lo que hacemos es ponernos en contacto con las instituciones locales para hacer un cruce, tal como lo dispone la ley, que se encarga de dar seguimiento para tener mayor información. Tener mayor información con las fiscalías, registros civiles, con todas las autoridades involucradas para determinar si es la persona desaparecida.

A la fecha ya se ha tenido contacto con familias, incluso en algunos casos ya se ha informado que toda la información indica que la persona desaparecida efectivamente fue inhumada en alguna fosa común. 

Una de las posibilidades es que se abra la fosa común y se recupere el cuerpo, otras familias que dicen que no pero que ya saben que está ahí.

-¿Qué pasará con las familias que reclamen los cuerpos de los posibles positivos encontrados?

-Lo importante para nosotros es tratar de hacer exhumaciones con enfoque masivo. 

El que un libro diga que una persona está en la fosa A1 del Panteón X, no significa que necesariamente vaya a estar por la crisis forense en la que estamos. Esta información lo que nos asegura es que hay un registro de una persona con nombre y apellido que está en teoría en cierto lugar. 

Lo que sigue es hacer exhumaciones con enfoque masivo, que es lo que estamos impulsando desde hace más de dos años. Primero en el Centro Regional de Identificación humana en Coahuila, después en Jalisco y ahora con el Centro Nacional de Identificación Humana. Tenemos que buscar a todos, no a una persona en particular. No vamos por una, vamos por todos. 

-¿Qué políticas públicas son necesarias para realizar exhumaciones masivas en fosas comunes?

Abrir una fosa común y sacar a todos requiere no sólo una metodología, sino también un espacio donde ponerlos. Nadie más tiene que ir a una fosa común, entonces nosotros desde hace tres años estamos construyendo centros de resguardo temporal. 

Si vamos a abrir una fosa común tenemos que tener dónde analizar los cuerpos de forma digna, resguardarlos de manera temporal en lo que se le identifica; de manera digna e individualizada. 

Lo que debería de seguir es la implementación de la política pública hiper dirigida a temas de desaparecidos con enfoque masivo y para ello hacer una planificación de dónde las fiscalías están dando información. Estamos firmando convenios con ellos para obtener información genética. 

Dónde se han construido los centros de resguardo, dónde tenemos esas condiciones. Tener el personal capacitado. Ahora sí podremos dirigir esta política del módulo de fosas a los lugares donde vamos a ir entrando. Donde vayamos a hacer una intervención de exhumaciones masivas, ahí mismo hacer el análisis de fosas comunes, ahí mismo pedir la información a la Fiscalía y tener construidos los centros de resguardo e ir construyendo esta política pública que es urgente.

-¿Qué es necesario para comenzar en otros estados con las exhumaciones?

-La decisión de dónde empezar a hacer estas exhumaciones masivas tienen que ver con varios supuestos: fiscalías habiendo firmado convenios para dar información; si no tenemos todavía el módulo de fosas comunes en ese estado iniciarlo ahí, y tener los centros de resguardo temporal de cuerpos. Si no tenemos esos tres supuestos mínimos no podemos hacerlo. 

No podemos entrar donde no hay condiciones para tratar de manera digna a los cuerpos. En los estados donde hemos estado no necesariamente hay todos estos requisitos, hay que construirlos para poder hacerlo. 

-¿Cómo hacer posible la materialización de esta política pública de búsqueda forense en términos presupuestales?

Los recursos para los Centros de Resguardo han salido del subsidio federal que otorga la Comisión Nacional de Búsqueda a las comisiones locales. Subsidio ha habido y sigue habiendo. 

Ahora tenemos cerca de mil 100 millones de pesos de presupuesto para la CNB y un altísimo porcentaje de este, cerca de 800 millones son subsidios. El recurso existe, las condiciones los estados tienen que poner el terrero que tiene que cumplir con ciertos requisitos administrativos y también de salubridad. 

Tenemos ya varios Centros de Resguardo Temporal, por ejemplo, dos en Tamaulipas en El Mante y San Fernando que fue construido con recurso federal; en Coatzacoalcos, Veracruz; en Morelia; en Jalisco. El año pasado se dio subsidio para Colima, Nayarit, Sonora, Sinaloa, para Morelos. Es algo que hemos venido imaginando desde hace tiempo. Es fundamental dirigir la política pública para allá. 

-¿Se cuentan con recursos suficientes para atender la crisis forense que enfrenta el país?

-Está el FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que las fiscalías piden y normalmente se dirige muy poco recurso para los temas forenses y de identificación; y cuando se pide, piden un secuenciador genético de última generación y eso no necesariamente es lo que necesita el país para detener la crisis. No porque no necesitemos un secuenciador genético, pero empecemos con lo básico. 

Tengamos dónde guardar dignamente los cuerpos, dónde procesarlos, cómo analizarlos y después viene lo demás. Es fundamental que la política pública esté enfocada en ir construyendo las capacidades desde lo básico, si no estamos empezando por el final y no vamos a resolver el problema. 

-¿Cuál será la aportación de los estados, a nivel local, para hacer esta política pública posible?

-Hay que asumirlo como un asunto de Estado y tiene que ser la suma de diferentes voluntades no sólo desde lo político, sino también desde lo presupuestal. 

Desde la Comisión Nacional se van a seguir dando estos subsidios, no sólo para los centros de resguardo, sino también para los lugares que ya existen centros de identificación construidos con nuestros recursos como en Altamira Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Sinaloa para dotar de herramientas e instrumental en estos lugares. 

La política pública tiene que dirigirse a capacitar gente, no se trata de ir a financiar a los servicios forenses. Se trata de trabajar en conjunto con las instituciones forenses, pertenezcan a Fiscalía o no para poder sumar. 

Con la limitación de recursos que hay en el país, o hacen lo de hoy o hacen lo de ayer. Lo que nosotros requerimos es información, acceso a los cuerpos y este tipo de diligencias de exhumaciones tienen que ir acompañadas por diligencias ministeriales. Esto no quiere decir que se vaya a utilizar a los peritos de los servicios forenses, lo que hemos hecho es que quienes realicemos las exhumaciones sea personal de estos centros acompañados por algún Ministerio Público, pero que esto no implique desarticular lo que se está recibiendo cotidianamente. 

La idea con esta intervención conjunta va a tener un impacto de lo que ocurre el día de hoy (en los servicios médicos forenses). Vamos a implementar este año una política en huellas dactilares para personas con y sin vida, para automatizar lo que se hace con el INE. Esta política nos va permitir tratar de evitar que haya personas no identificadas que se vayan a fosa común. 

Desde el día uno que estamos aquí, se les solicita el 10% de coparticipación a los estados a diferencia de cualquier otro subsidio federal que es el 50%, con la idea de fortalecer la búsqueda. No son recursos dirigidos exclusivamente a temas forenses, sino su prioridad es fortalecer a la Comisiones de Búsqueda. 

-¿Cómo continuar labores pese a las omisiones de la Fiscalía General de la República para poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses?

-Han sido públicas las tensiones que hemos tenido con la Fiscalía General de la República, creo que son en dos niveles: la sistema y la cotidiana. 

Los pocos lugares en el mundo donde existen los mecanismos de búsqueda, salvo México, todos los demás han sido creados cuando hay un reconocimiento de que somos instituciones extraordinarias y que estamos entrando ante una crisis de esta dimensión y que las autoridades ordinarias no han podido o no han querido, no han sabido hacerlo. 

En México, a diferencia de Líbano, Colombia, El Salvador, Perú, no existe este entendimiento sistémico; por lo tanto, entramos, tanto las Comisiones de Víctimas, como las de Búsqueda, en un sistema jurídico-político, que venimos a tratar de meternos un poco a la fuerza, con insistencia y lucha de las familias, pero que no se movió nada más institucionalmente. 

Estas tensiones tienen su origen en eso, en que, si hubiera una claridad política-jurídica de que a estas instituciones se les tiene que abrir un espacio que implica modificaciones en el actuar de otras instituciones, sería mucho más sencillo. 

Esta falta de entendimiento produce roces en la cotidianidad y el protocolo. Por qué tú pones, en el reglamento dice esto, a mí no me puedes ordenar, si soy autónoma, que si no soy autónoma. 

Lo que nosotros hemos impulsado desde la CNB es sumar. Si tenemos un módulo de fosas comunes, un registro interno de fosas clandestinas. Si tenemos este tipo de información con el Centro Nacional de Identificación Humana, evidentemente la idea es sumar y no repetir los errores que tenemos en el pasado. 

Lo que nosotros estamos construyendo es con las entidades federativas, que son las más olvidadas. Las fiscalías locales están en una situación muchísimo más precaria que la Fiscalía General de la República, y es ahí donde está la mayor información. 

No sólo es una cuestión presupuestal, también hay muchas falencias y obstrucciones; pero lo importante es construir información y lo que a nosotros nos interesa es encontrar a las personas. Para eso tenemos que trabajar de manera coordinada. Esa información que construyéramos en lo local para encontrar personas, y eso eventualmente tendrá que alimentar una base de datos nacional. 

@GloriaPE_

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Gloria Piña

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