Sandra fue agredida con ácido hace más de 20 años y el crimen sigue impune porque las autoridades, en lugar de ayudarla, la discriminaron. Fotos: Cortesía.
EMEEQUIS.– Pasaban las 11 de la noche en la Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, cuando un hombre, de aproximadamente 25 años, se acercó a Sandra en busca de servicios sexuales. Le preguntó por el hotel, los costos y lo que incluía el acto.
A pocos instantes de la plática, él sacó un frasco con líquido y empapó el cuerpo de la mujer trans con una sustancia corrosiva. Le dañó la mitad de la cara, el pecho, los brazos y piernas, que sufrieron quemaduras de tercer y cuarto grado.
“Sentía horrible. Era un dolor tan desgarrador, como cuando pones tu mano en la lumbre y empiezas a sentir que te quema y quitas su mano, pero yo no la dejaba de sentir. Sentía como si la piel se me derritiera”, cuenta Sandra en entrevista con EMEEQUIS.
Fue cerca del Metro Nativitas donde fue agredida hace más de 20 años. Desconoce la identidad de su agresor. El caso no fue atendido por las autoridades de justicia y se mantiene en impunidad, como el silencio en el que se esconden la mayoría de los crímenes de odio contra la población LGBTQ+.
Sandra Montiel, originaria de Xalapa, Veracruz ha ejercido el trabajo sexual desde hace más de 25 años. Radica en la Ciudad de México desde el año 1997, cuando viajó en busca de mejores oportunidades de vida cuando cambió su identidad a la de una mujer transgénero.
Actualmente tiene 45 años y recuerda esa noche del 25 de octubre de 2001 con el mismo dolor que le cambió radicalmente la vida, cuando sobrevivió a un ataque de violencia ácida.
Es el primer caso de ataques con ácido contra una mujer trans que se tiene registro en México. Sandra ha decidido contar su historia, pues sabe que puede haber muchas más silenciadas en el anonimato e impunidad, debido a la discriminación y estigmas que aún pesas en contra de la diversidad.
Al ser México el segundo país en el mundo con más transfeminicidios y agresiones contra personas trans, activistas urgen al reconocimiento y atención de las poblaciones de la diversidad que han sufrido ataques de ácido y sustancias corrosivas; ya que incluso se les invisibiliza de las leyes para tipificar este tipo de delitos.
DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMA EN LOS SERVICIOS DE SALUD
“¿Quiéres que te salve el ojo, sí o no? Entonces aguántate”, fueron las palabras del personal médico del Hospital General Xoco, donde trasladaron a Sandra Montiel después de sobrevivir al ataque de violencia ácida que casi le cuesta la vida.
La sustancia que le arrojaron le desfiguró el rostro, estuvo a punto de perder la visión y en su cuerpo las quemaduras de tercer y cuarto grado pusieron en riesgo su movilidad.
En el centro médico que suele atender casos de urgencia, accidentes automovilísticos y hechos de violencia en las calles de la Ciudad de México, Sandra fue discriminada por su orientación sexual y la identidad de mujer que sostenía, a pesar de que en 2001 no era frecuente escuchar sobre poblaciones transgénero.
“En el hospital Xoco, donde me llevaron, yo sufro discriminación y burlas por parte de los doctores. Ya no nada más tuve que soportar los dolores, sino también las malas miradas y esa sensación de que no estás tranquila cuando se te acercan esas personas que te tienen mala voluntad”, cuenta sobre su experiencia de exclusión y rechazo en los servicios de salud pública.
Los médicos evitaban tocarla para curar sus heridas, le hacían comentarios y burlas sobre su identidad e incluso la dieron de alta antes de finalizar los tratamientos.
“¿Qué haces aquí? Estás viva, yo creí que te ibas a suicidar. Veo que tienes ganas de vivir. Creí que por cómo habías quedado, te ibas a matar”, recuerda Sandra las palabras de uno de los doctores que la atendieron cuando ella volvió a solicitar seguimiento médico.
De la misma forma excluyente la trató el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México. En lugar de investigar de oficio la agresión que había sufrido, los agentes del Ministerio Público del hospital omitieron investigar el hecho e iniciar una averiguación.
“Me preguntó mi nombre, lo apuntó, se dio la vuelta y se fue. Ya no volvieron a presentarse. MP tenía la obligación de hacer una investigación”, afirma Sandra, quien recuerda que en esos años, debido a las agresiones contra las mujeres trans, la confianza ante las autoridades era nula.
“Cuando íbamos a la delegación a poner cualquier tipo de denuncia nos trataban de una manera muy fea. Hubo ocasiones que nos dijeron ‘eso les pasa por putos’. ¿Crees que uno va a ir con la confianza de que te presten la atención y sean solidarios contigo?”, cuenta.
Desde 2001, Sandra se ha enfrentado a más de 30 cirugías, tres reconstrucciones de nariz, injerto de cabello, procedimientos estéticos y dermatológicos que ha tenido que costear de manera privada casi en su totalidad.
No pasaron más de seis meses después de su agresión, cuando Sandra tuvo que volver a trabajar para costear sola los gastos para recuperar su salud.
Fue el mismo trabajo sexual que ejercía, con el que logró salir adelante. Con esos ingresos económicos, pudo costear cirugías, tratamientos dermatológicos, reconstructivos y estéticos para tratar de recuperar su la apariencia que tenía previo a la agresión.
Ante la falta de atención especializada en el sector público para atender quemaduras causadas con ácido, químicos y sustancias corrosivas, ella tuvo que costear su propio tratamiento. Una realidad que le cuesta a todas las mujeres sobrevivientes de violencia ácida.
LEYES INVISIBILIZAN AGRESIONES CONTRA MUJERES TRANS
Pese a que es una violencia que afecta con motivos de género y recientemente ha obtenido su reconocimiento en la legislación mexicana a través de la Ley Malena; la violencia ácida parece ser invisible ante la ley cuando afecta a mujeres trans y personas de la diversidad.
Sólo en la Ley Malena, recientemente aprobada en el Congreso de la Ciudad de México, se reconoce que estas agresiones también pueden afectar la vida de personas de la diversidad bajo circunstancias de violencia de género.
Sandra Montiel, formó parte de los foros para la aprobación de la Ley Malena en la Ciudad de México. Acompañando a la sobreviviente de violencia ácida y activista, Maria Elena Ríos y caso impulsó el reconocimiento ante la ley de las mujeres trans como víctimas de estos delitos.
Afirma que es urgente “poner un alto y establecer una condena alta, justa y adecuada” para las personas que cometan ataques con ácido o sustancias químicas también contra las poblaciones diversas.
Aunque no ha sido públicas, estas agresiones contra poblaciones trans están presentes desde hace años y se agravan la vulnerabilidad de las víctimas cuando ejercen el trabajo sexual; debido a la discriminación y estigmas que impiden el acceso a la justicia y a atención adecuada en salud pública.
Un caso similar fue el de Zoé, una mujer trans de 26 años que fue atacada con ácido en octubre de 2021 en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con las indagatorias del caso, ella se encontraba en el centro histórico de la capital cuando fue rociada con ácido por un sujeto que viajaba en una motocicleta.
Zoé fue víctima de discriminación y transfobia por parte de las autoridades de salud de Jalisco, que le negaron acceso a los servicios públicos, argumentando en un primer momento, que no contaba con la documentación necesaria para la atención y posteriormente que no tenían la capacidad de atención sus lesiones.
La Fiscalía de Jalisco dio a conocer un retrato hablado del agresor que no ha logrado ser ubicado desde entonces. Por su parte, la Unión Diversa de Jalisco A.C. que dio acompañamiento a Zoé después del ataque, informó en noviembre de 2021 que su estado de salud era estable y el gobierno del estado se comprometió a pagar los tratamientos necesarios de la víctima.
Para Kanya Cuevas, activista trans, fundadora y directora de “Casa de las Muñecas Tiresias”, estas formas de agresiones son resultado del estigma y discriminación que existe contra las poblaciones diversas y comienza desde la falta de reconocimiento ante las leyes.
“Muchas muertes no son contabilizadas, desde el no reconocimiento de la identidad y mucho menos hablar de sus violencias. Estas violencias muchas veces son invisibilizadas”, explica la activista en entrevista con EMEEQUIS.
Durante el año pasado, al menos 52 personas trans fueron asesinadas en México, de acuerdo con el Trans Murder Monitoring, realizado por la organización Internacional, Transrespect vs Transphobia.
El pasado 29 de febrero, Nayarit se convirtió en el primer estado del país en tipificar el crimen de transfeminicidio, como un acto de violencia extrema hacia la comunidad diversa por motivos de odio o por identidad de género; logrando una pena máxima de 60 años de cárcel para quienes cometan este crímen.
Sin embargo, afirma Kenya aún falta el reconocimiento de múltiples formas de violencia como los ataques con ácido y otras vulnerabilidades que provocan que la esperanza de vida de las mujeres trans sea de los 35 a 40 años.
“El no reconocimiento de la identidad invisibiliza las violencias que puedan vivir las mujeres trans en cualquier contexto”, afirma que al igual que las demás víctimas de violencia ácida, cuando se ejerce contra una mujer trans, también “tratan de borrar la femineidad. Es una forma de agresión completamente violenta”.
@GloriaPE_