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Madre de víctimas de violencia sexual infantil denuncia tráfico de influencias en CDMX

Mariel Albarrán, madre de las niñas que habrían sido agredidas sexualmente por su padre, denuncia tráfico de influencias orquestado por la defensa del exmagistrado. Se acusa a la Fiscalía General de Justicia capitalina y al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX de encubrir al presunto culpable, quien era magistrado y ahora busca regresar al puesto.

8 / 29 / 23

EMEEQUIS.– “Haré lo necesario por proteger a mis hijas y no permitir que su agresor regrese al poder”, dice Mariel Albarrán, abogada y madre de dos menores de edad que denunciaron en 2019 a su padre de abuso sexual, cuando tenían cinco y siete años de edad. 

La abogada incluso ha pensado llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que el padre y señalado como agresor de sus hijas, Manuel Horacio Cavazos López, un exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha utilizado su influencia política para mantenerse en impunidad durante cuatro años y ejercer violencia vicaria contra ella. 

Se trata de un caso de violencia sexual infantil que ha estado plagado de irregularidades y protección de diversos funcionarios capitalinos, por lo que se ha buscado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Se señala a la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de Ernestina Godoy y del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, por encubrir al agresor y detener el proceso hasta determinar el no ejercicio de acción penal para evitar sanciones contra el presunto violador. 

“Hay un recurso en la Suprema Corte que no sé cuál sea el resultado, pero en caso de no encontrar justicia en México vamos a acudir ante la Corte Interamericana porque, a diferencia de otros casos, en este se les negó el acceso a la justicia desde la investigación”, asegura en entrevista con EMEEQUIS la madre de las dos menores víctimas. 

Mariel con sus hijas. Foto: Cortesía.

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No fue suficiente con mantener el caso de violencia sexual sin castigo y cerrar la carpeta de investigación en dos ocasiones, ahora las autoridades judiciales de la Ciudad de México buscan reestablecer al agresor en su cargo previo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; donde estaría en funciones para sancionar a otros agresores, feminicidas y acusados por ejercer violencia de género. 

“No sólo la justicia no llega, es una burla que este sujeto siquiera esté pensando en regresar”, refiere Mariel Albarrán, que también se ha enfrentado a violencia vicaria al ser víctima de denuncias fabricadas por la defensa del exmagistrado para retrasar el proceso en su contra. 

Mientras que la Fiscalía capitalina se negó a judicializar la carpeta de investigación de abuso sexual infantil en contra del ex funcionario, sí aprobó la apertura y judicialización de siete carpetas de investigación contra la madre de las niñas. La defensa del agresor la denunció, bajo argumentos falsos, por violencia familiar, lesiones e incluso corrupción de menores para inhibir que se mantenga el proceso contra Cavazos López. 

 Protesta afuera del Congreso CDMX. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com.

REINTEGRAR A UN MAGISTRADO PRESUNTO VIOLADOR 

En sesión extraordinaria, el pasado 15 de agosto, legisladores del Congreso de la Ciudad de México plantearon que Manuel Horacio Cavazos fuera reinstalado en su puesto en el Tribunal Superior de Justicia, tras más de tres años que fue dado de baja.

Esto a respuesta un juicio de amparo promovido por el exmagistrado, que fue aprobado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para que de nueva cuenta el Congreso analice si se ratifica o no a su puesto. 

Manuel Cavazos fue dado de baja desde febrero de 2020, cuando diputados de la Ciudad de México negaron ratificarlo en su cargo como magistrado de la Segunda Sala Especializada en Ejecuciones Penales, tras darse a conocer las denuncias de violencia sexual en su contra en afectación de sus dos hijas menores de edad. 

En la votación de hace tres años el Congreso aprobó con 53 votos que el magistrado Cavazos no fuera ratificado. En esa ocasión también se dio de baja al magistrado Héctor Jiménez López, por reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones en el caso de Abril Pérez Sagaón, víctima de feminicidio.

En momento, Gabriel Regino, el abogado defensor del presunto agresor, aseguró que no existían denuncias para demeritar el trabajo del magistrado ni acusaciones de corrupción en su contra y refirió que las denuncias de abuso sexual eran efecto de un proceso privado de divorcio. 

“Hay una revancha que ha trascendido del ámbito privado al ámbito mediático con toda la intención de dañarlo, una desafortunada circunstancia de su situación privada que debe de estar ajena a los medios”, dijo el abogado Regino en la comparecencia con diputados del pasado febrero de 2020. 

 

Comparecencia del acusado en 2020. 

Mismos argumentos donde se minimiza la agresión sexual de las menores a un conflicto entre la expareja los ha dado el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, quien durante el proceso judicial ha beneficiado al exmagistrado. Incluso, en junio de este año, desechó la demanda de amparo promovida por las menores víctimas. 

“Tres quejas devienen de un problema familiar, producto de un divorcio de un matrimonio donde las partes están peleandose la custodia de las menores hijas y de ahí devienen esas denuncias penales por abuso sexual”, afirma el magistrado, que determina cerrar el expediente “para no revictimizar a las menores que son las afectadas”, dijo en una sesión del Tercer Colegiado. 

Magistrado Ojeda al minimizar la situación.

Ahora la decisión por ratificar o negar por segunda vez su reintegración la tiene el Congreso de la Ciudad de México, ante la negativa que han tenido las autoridades por reabrir la carpeta de investigación, que el caso llegue a un juez para que se otorgue sanción al agresor y reparación a las víctimas.  

LEGISLADORAS SE PRONUNCIAN EN FAVOR DE VÍCTIMAS 

Legisladores de Morena, el PRD y la Asociación Parlamentaria Ciudadana se pronunciaron en contra de aprobar la ratificación del exmagistrado. 

Bajo la consigna de #NingúnAgresorEnElPoder, los grupos parlamentarios junto con agrupaciones feministas y activistas por la defensa de los derechos aseguran que no apoyarán la ratificación, pese a que tendrán que acatar la resolución judicial que les exige revisar el caso. 

El legislador del PRD, Jorge Gaviño, negó respaldar la propuesta de ratificación del magistrado; así como la diputada de Morena, Martha Ávila, haciendo referencia a la ley 3 de 3 que impide a agresores sexuales ocupar puestos en el servicio público. 

Sin embargo, hasta el momento, el Partido Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no se han manifestado contra la ratificación del magistrado, Manuel Horacio Cavazos López. 

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Esto es tomado por Mariel Albarrán, madre de las víctimas, como una muestra de tráfico de influencias por parte de la defensa del exmagistrado, coaccionando a los legisladores hacia intereses particulares como la representación de ex funcionarios panistas por denuncias relacionadas al Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México. 

Gabriel Regino, abogado de Cavazos, es también representante de Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, que fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito por presuntamente otorgar permisos irregulares para la construcción de edificios y conjuntos habitacionales en la localidad gobernada por el PAN. 

DEFENSA DE AGRESOR COACCIONA Y DEMANDA FUNCIONARIOS  

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a cargo de Nashieli Ramírez, es una de las instancias que se ha pronunciado en favor de las víctimas. 

Parte del análisis de la CDH de CDMX.

En la recomendación 10/2022 se reconoce la violencia sexual que vivieron las niñas, así como la violencia institucional a la que se han sometido las menores y su madre por la falta de actuación de las autoridades capitalinas. Haciendo énfasis en la complicidad y protección permitida desde la Fiscalía General de Justicia capitalina. 

Al presentar la recomendación, la presidenta Nashieli Ramírez refirió que esta “da cuenta de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Se hace evidente que las víctimas no contaron con los apoyos institucionales adecuados y suficientes para que se investigara con un enfoque de derechos humanos”, dijo en conferencia de prensa en noviembre del año pasado. 

De esta institución, así como funcionarios y ministerios públicos de Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía han sido coaccionados por la defensa del agresor. 

El despacho Regino Abogados ha presentado denuncias contra personal de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Comisión de los Derechos Humanos local por posicionarse en favor de Mariel Albarrán. 

Algunos de los funcionarios denunciados son los agentes del Ministerio Público, Maribel Ruiz Soriano y José Felipe Tapia Trujillo quienes se posicionaron a favor de conceder la suspensión definitiva a dos de las carpetas de investigación abiertas contra la madre de las niñas. 

“El agresor insiste en querer que judicialicen (las carpetas de investigación en mi contra), y al denunciarlos mete presión”, afirma Mariel Albarrán, quien aún se enfrenta a procesos de violencia familiar que ha iniciado el agresor en su contra, mientras que la carpeta por abuso sexual contra las menores permance cerrada por la Fiscalía de la Ciudad de México.

@GloriaPE_

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SOBRE EL AUTOR

Gloria Piña



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