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La utopía de la reparación del daño a víctimas: deuda en feminicidios

Especialistas consultadas por EMEEQUIS observan claroscuros en la propuesta del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para sancionar y reparar el feminicidio: persiste la incertidumbre de la reparación integral del daño con instituciones incompletas y con recortes como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Por Gloria Piña
14 jul 2022

reparación del daño en feminicidios
En Cancún mujeres marchan para exigir un alto a la violencia machista. Foto: Archivo.

EMEEQUIS.– Los años pasan atorados en un proceso por acceder a la justicia, pero las lesiones en sus cuerpos continúan. 

Las quemaduras, heridas cortantes, mutilaciones, daños físicos al caminar, hablar o moverse, se mantienen de por vida para las mujeres sobrevivientes de feminicidio. Aún más las heridas emocionales, las pérdidas económicas y el constante acecho de inseguridad, mientras que sus agresores no sean llevados a la justicia. 

Lo mismo ocurre con los padres, madres, hermanas, hijos e hijas de mujeres arrebatadas por un feminicidio. Carencias económicas, enfermedades desencadenadas tras la tragedia, agresiones por parte de las familias del victimario, procesos eternos en las instituciones de justicia. La violencia y daños para las familiares persisten tras un feminicidio. 

Durante años se siguen procesos de justicia, sin que las víctimas sobrevivientes o familiares de las mujeres asesinadas, puedan en la medida de lo posible, buscar una reparación integral del daño para continuar sus proyectos de vida. 


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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, presentó la semana pasada ante el Congreso un Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio; que contempla la armonización legal del delito en todo el país, pero también hacer posible la reparación de los daños a las víctimas.  

Especialistas consultadas por EMEEQUIS ven una propuesta con claroscuros, ya que la SCJN no tiene facultades para hacer proyectos de ley, y queda en duda la aplicación de la reparación integral del daño teniendo instituciones incompletas como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

“Si desea la corte contribuir a mejorar el tema de feminicidios en México, se tendría que ver qué está fallando en la aplicación de la ley, no hacer una nueva. Verificar si los tipos penales están bien, cuáles han sido imprecisos. Revisar en los tribunales del país que ha estado pasando con los tipos de feminicidio y esa sería una aportación mucho mejor”, afirma Leticia Bonifaz, doctora en derecho por la UNAM y experta ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. 

Zaldívar Lelo de Larrea replicó a senadores y diputados: “Este es un proyecto de trabajo que se pone a consideración de los legisladores (...) pero hay más gente que está preocupada por si presenté o no una iniciativa, que no fue iniciativa, y no preocupada por encontrar soluciones para resolver los problemas”, aseguró.

 

Zaldívar causó polémica con su propuesta. Foto: Archivo. 

 

LAS FAMILIAS ROTAS TRAS LOS FEMINICIDIOS

Después de un feminicidio, las familias no son las mismas, refiere María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Reconoce que aún las autoridades “nos siguen debiendo” en materia de reparación del daño y no atienden las afectaciones en las familias posterior a la tragedia. Pese a la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

“Las familias quedan completamente en orfandad”, afirma la especialista en entrevista para EMEEQUIS. “Antes de los hechos las madres, hermanas trabajaban, hacían y después ya están tomando medicamentos, tienen enfermedades que se desataron después de un impacto terrible”, cuenta.  

De acuerdo con el artículo 46 del nuevo Proyecto de Ley de Feminicidios de la SCJN, una reparación integral del daño, esta debe contemplar “medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material y moral”.

Sin embargo estos planes no deben ser estandarizados o “hechos en machote”, como señala Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México. Las autoridades deben poner en el centro a las víctimas, sus necesidades, demandas e intereses particulares para la creación de planes integrales de reparación del daño. 

 

Después de un feminicidio, las familias no son las mismas, refiere María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Foto: Especial.


La especialista explica que en México existe dificultad en los procesos jurídicos para que las víctimas sobrevivientes o los deudos de un feminicidio logren obtener una reparación integral del daño. 

La causa es que “se ha entendido que quien repara el daño es quien comete el delito”, sin embargo “el Estado es responsable también de los feminicidios que se cometen en el país y tiene la obligación de reparar el daño”, dice. 

Por no dar garantías para prevenir los feminicidios y la comisión de violencia institucional posterior al feminicidio, Olivares Ferreto afirma que las autoridades también tienen que responder por la reparación del daño.  

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Especialistas coinciden en que sin acceso a una reparación del daño, es difícil que las mujeres sobrevivientes de feminicidio, o las víctimas indirectas puedan recuperar su proyecto de vida y más cuando aún tienen pendiente el acceso a la justicia. 

Esta situación se refleja también en garantizar medidas de protección para las mujeres tras una tentativa de feminicidio, ya que “mientras esos casos queden impunes, las víctimas están en altísimo riesgo”, afirma la directora de Amnistía Internacional México. 

COMISIONES DE VÍCTIMAS: CASCARONES VACÍOS

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por crear, inaugurar o develar instituciones para dar a conocer o reparar daños del pasado en materia de violaciones a derechos humanos, sin embargo estas se convierten en “cascarones vacíos”, afirma Edith Olivares Ferreto, Directora de Amnistía Internacional México 

Misma postura la catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leticia Bonifaz quien reconoce que más que una nueva ley de feminicidio, se debe fortalecer la Ley de Atención a Víctimas y aún más a la CEAV.

 

Leticia Bonifaz dice que más que una nueva ley de feminicidio, se debe fortalecer la Ley de Atención a Víctimas y aún más a la CEAV. Foto: Especial.


“La Comisión (Ejecutiva de Atención a Víctimas) surgió con mucha fuerza y luego se le fue restando interés. Se ha quedado sin cabeza varias veces. En muchos estados son de unas cuantas personas, yo creo que hay que tomarlo más en serio y fortalecer a la institución”, comenta. 

Las víctimas indirectas y sobrevivientes desconocen la adherencia que pueden temer a las Comisiones de Víctimas para recibir no sólo apoyo a servicios públicos, sino también a una indemnización del Estado, como refiere María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional. 

“Las Comisiones de Víctimas no están funcionando, tienen dos personas, no hay psicólogos, trabajadoras sociales, no hay una estructura. No sólo es un tema económico”, reconoce.

Tan sólo para este año, la CEAV funciona con un recorte presupuestal del 62% en comparación con el anteproyecto de recursos que habían sido solicitados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 

 

Amnistía Internacional México acompaña Lidia Florencio en Chimalhuacán para exigir justicia y reparación integral del daño, a 5 años del feminicidio de Diana Velázquez Florencio. Foto: @amnistiamexico.


Para dar atención a cerca de 3 mil víctimas, cubrir los pagos de reparaciones del año y contratar personal, se había pedido para la Comisión un presupuesto de 2 mil 575 millones de pesos, sin embargo lo aprobado por la Cámara de Diputados fue de 958.2 millones de pesos; lo cual representa un déficit de 1 mil 600 millones de pesos. 

“Los presupuestos son muy débiles para el tamaño de la responsabilidad que tienen. Son presupuestos insuficientes para la cantidad de violaciones a derechos humanos que se cometen en este país”, afirma la directora de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto. 

 

@GloriaPE_

 

 

 

 

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