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Escuela antorchista discrimina a alumno por tener VIH

“Quiero ser el primero y el último que pase por esto”, dice a EMEEQUIS Ángel Mejía, estudiante seropositivo que sufrió discriminación por parte de funcionarios del Instituto Tecnológico de Tomatlán, Puebla, de filiación antorchista. El asunto está en manos de Conapred.

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EMEEQUIS.– El Instituto Tecnológico de Tecomatlán, Puebla, de origen antorchista, fue lugar de un caso de discriminación contra un joven con VIH (indetectable), sin que hasta el momento los directivos se hayan hecho responsables de los hechos o pronunciado al respecto.

“Quiero ser el primero y el último que pase por esto”. Ángel Mejía, estudiante de la carrera de Ingeniería en Agronomía, cuenta en entrevista para EMEEQUIS que fue citado por los directivos de la escuela el mes de noviembre de 2022, un sábado a las 6 de la tarde. “No sabía el tema, pensé que era algo referente a la escuela”. 

Los funcionarios, identificados como Romeo Pérez Ortiz y Faustino Bravo Hernández, subdirectores académicos, preguntaron al joven si “tenía alguna enfermedad”. Mejía tuvo que decir que sí, que era seropositivo, por lo que los cuestionó sobre si eso le iba a traer problemas. 

“Me dijeron que no, pero que querían seguir con el interrogatorio”. 

Lo obligaron a que explicara “sobre una de las relaciones sexuales que tuve ahí con un chico, que explicara el acto sexual, fue una tontería”. 

Enojado, decidió hablar con su asesora académica, que está en el programa “Seguir” de no discriminación de la escuela. También le pidió ayuda a su jefa de carrera, Nadia Luz Tapia Llanos, para hacer la denuncia correspondiente a la CNDH. Esta última lo citó para una nueva reunión sobre el asunto. 

Pero cuando Mejía llegó a la cita, “me sentí inseguro”, ya que los funcionarios que lo habían discriminado estaban en el cuarto. Para calmarlo, le prometieron que su psicóloga vendría a apoyarlo, sin embargo, al ver que ella no llegaba, el estudiante decidió entrar a la habitación. 

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“Comenzaron a alzarme la voz, que por qué carajos estaba exponiendo lo que habíamos comentado, que esa plática era de tres personas, no de más”. 

Luego, le lanzaron amenazas, “que si ellos querían podían darme de baja porque yo era un acosador, que ya había infectado a un chico”. 

El joven se molestó más, sobre todo por la acusación de acoso, “porque además de ser seropositivo, soy sobreviviente de un abuso sexual a los 11 años”, por lo que les alzó la voz. 

Tras un intercambio de palabras, por fin llegó la psicóloga. “Y el doctor Romeo le dijo que ella no tenía nada que ver en esa reunión, que por favor se retirara”. 

Con ese ambiente hostil, Mejía se retiró del encuentro: “Me salí de esa reunión y los dejé con la palabra en la boca”.

El joven volvió a denunciar la situación con su asesora, a lo que los directivos respondieron que “yo era muy alzado y que ellos me iban a ‘corregir’ a su forma”. 

Tuvo que darse de baja ante el acoso pero continúa su demanda. Foto: Cortesía.

Por si fuera poco, la escuela le ofreció un “acuerdo”, que consistía en que fuera a una clínica de Tecomatlán “para que me hicieran estudios pertinentes para demostrar que era (seropositivo) indetectable y que si tenía esta enfermedad o iba a ser un riesgo para la comunidad estudiantil”. 

Otra alternativa que le dieron fue que, cada vez que fuera a un centro de salud a Puebla (la capital) por su medicamento antirretroviral, “mostrara receta médica de que siempre iba y que con eso íbamos a estar ‘bien’”. 

Mejía aceptó la segunda opción. “De ahí ya no tuve problemas con ellos, pero sí sentí las miradas de repulsión y de disgusto por parte de estas dos personas”. 

A principios de diciembre, mejor se dio de baja del plantel; en el documento escribió que se iba “porque estaba sufriendo discriminación por estas dos personas” (de los subdirectores). Actualmente, la denuncia está en proceso en el Conapred. 

EMEEQUIS pidió su postura al Instituto Tecnológico de Tecomatlán, cuyo director es Gabriel López Salvador. Sin embargo, al cierre de este reportaje, no se consiguió una respuesta. La Secretaría de Educación Pública (SEP), a quien se les solicitó información sobre el caso o qué acciones se están tomando para sancionar a los responsables, respondió con un correo en el que pide a esta casa editorial que se realice la denuncia al Órgano Interno de Control (OIC) para que se dé un seguimiento sobre el caso. 

EL VIH SIGUE SIENDO UN ESTIGMA 

Alonso Hernández, historiador y titular de la organización Archivos y Memorias Diversas (que rescata la memoria LGBTTTIQA+), explica que el VIH “sigue cargando un estigma muy fuerte y quienes lo hemos vivido en primera persona, con nuestros amigos y familiares, hemos notado que hay muy pocas campañas para sensibilizar a las poblaciones”. 

Hernández comenta que el demostrar “que uno es discriminado por vivir con VIH es algo difícil; en los trabajos y las escuelas usan la falta de productividad, en otros casos, se advierte el riesgo de contagio para las otras personas”.

Menciona que incluso “recursos humanos husmea por las citas médicas, eso sin contar con las personas con las que abrimos nuestro diagnóstico, desde psicólogos hasta amistades, y lo hacen público para ‘informar a los demás’”. 

Lejos de ser un caso aislado, en distintas partes de la República Mexicana se siguen registrando casos de discriminación contra seropositivos. Vía transparencia, EMEEQUIS pudo acceder a recomendaciones de órganos de derechos humanos estatales que dan cuenta de más casos de rechazo a personas con VIH. 

Un ejemplo fue la recomendación No. 29/2020 que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. En 2018, una persona fue detenida por policías municipales de Saltillo, quienes tomaron la decisión de “aislarlo e ingresarlo en una celda separada bajo el argumento que esa acción era por ‘protocolo’” por tener VIH. 

La carpeta también señala que “también fue vulnerado en su derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica”, ya que no se le protegió adecuadamente “su integridad física”; los policías adscritos a la Cárcel Municipal de Saltillo “omitieron cumplir con su obligación de custodiar, vigilar, proteger y darle seguridad a las personas encarceladas, lo que generó el suicidio del referido detenido”. 

También existen casos de discriminación institucional, como el denunciado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, que abrió el expediente CEDHBC/TIJ/Q/837/18/5VG porque en las oficialías del Registro Civil del estado “se solicita como requisito indispensable la realización y entrega de análisis médicos de VIH o SIDA, para efectos de contraer matrimonio civil, lo cual constituirían violaciones a los derechos humanos, a la familia, al libre desarrollo de la personalidad, a la privacidad y a la igualdad”.

El texto explica que existen “elementos suficientes para acreditar que en el presente caso existen vulneraciones a los derechos humanos, particularmente a la igualdad y al trato digno, al matrimonio y a la privacidad”. 

EL PREJUICIO PLASMADO EN ESTADÍSTICAS 

Según el Boletín Día Mundial Del Sida 2022 emitido por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, 292 mil hombres y 74 mil mujeres viven con VIH en México. De esos, 3 mil 400 son menores de 15 años. 

Los datos estatales siguen atrasados respecto a las condiciones actuales de discriminación de estas poblaciones. El INEGI informó en 2017 que el 39% de los hombres y el 33% de las mujeres en México no rentarían un cuarto con una persona que tiene VIH. 

Un 57% de hombres y un 56% de mujeres no estaría de acuerdo en que una hija o hijo suyo se casara con una persona con VIH; y 36% de los hombres y 34% de las mujeres consideran que convivir con una persona con VIH o SIDA es un “riesgo”.                                                                                                                                         

Este tipo de prácticas se suman a una crisis nacional por el acceso a medicamentos antirretrovirales y la falta de preparación de funcionarios públicos frente a las necesidades de personas seropositivas, además de la información a cuentagotas sobre el VIH que emana de las instituciones de salud, locales y del gobierno federal, vulnerando más los derechos de este sector de la población. 

@Ciudadelblues  

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