“Al señor presidente le gusta que se hagan las cosas en el momento que él quiere y no esperar los tiempos de la legislación o la administración”, acusa el doctor en derecho Sergio Márquez Rábago, sobre el acuerdo que considera de “seguridad nacional” las obras del gobierno.
EMEEQUIS.– El estilo personal de gobernar de AMLO choca con los tiempos legales y administrativos, plantea el doctor en derecho Sergio Márquez Rábago, a propósito del acuerdo dado a conocer por el Diario Oficial de la Federación, que considera las obras y proyectos del gobierno como “de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos”.
“Todas las autoridades y todos los poderes tienen sus tiempos”, señala el entrevistado, quien critica al presidente por basarse más en su autoridad política que jurídica para un acuerdo así.
El catedrático de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), experto en derecho constitucional y autor de libros sobre la materia, comenta: “Al señor presidente le gusta que se hagan las cosas en el momento que él quiere y no esperar los tiempos ni de la legislación ni de la administración”.
A través de la imposición de su jerarquía pretende evitar los trámites que se requieren para obtener las autorizaciones y permisos en materia ambiental, del Instituto de Antropología e Historia, o de cualquier otra dependencia.
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Las premuras de la administración y la intención de que las obras que dicte la Presidencia se lleven a cabo sin obstáculos, normatividades o amparos que pudieran atrasarlas es, según el propio Andrés Manuel López Obrador, la razón por la cual se expidió un acuerdo el pasado 22 de noviembre, en el que se ordena a la administración pública federal autorice lo necesario para que las obras prioritarias del gobierno no se detengan.
El doctor en derecho Sergio Márquez Rábago piensa que el acuerdo, que más que un tema de democracia, es de Estado de derecho. Foto: Especial.
POLÉMICA SOBRE EL ESTADO DE DERECHO
En opinión de Márquez Rábago, el acuerdo que expidió el presidente, más que un tema de democracia, concentra la problemática en el Estado de derecho. En un país donde prevalezca, “las funciones de todas las autoridades y todos los poderes tienen sus tiempos”, por lo que la decisión del presidente obedece a razones meramente políticas y no jurídicas.
“Para vivir en un Estado de derecho tiene que haber división de poderes y cada uno tiene que hacer lo que le corresponde de acuerdo con la ley”, sentencia el entrevistado.
La forma de gobernar en esta administración, más allá de que guste o no, resulta en un estilo muy autoritario, que choca con muchos aspectos de legalidad y de constitucionalidad. Se espera que las reacciones a este acuerdo presidencial se traduzcan en demandas y controversias constitucionales.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Debido a que no se trata de un tratado internacional o una ley, sino que es un decreto administrativo, no procede una acción de inconstitucionalidad; puede ser cuestionado con juicios de amparo o una controversia constitucional, sin embargo, para que prospere tendría que demandarlo la Presidencia de la Cámara de Diputados o de Senadores.
Con la actual configuración del Congreso, esto resulta inviable, por la minoría que ocupa la oposición. También pudiera presentarse por la Consejería Jurídica, pero debido a las relaciones de amistad con el presidente de la República, es prácticamente improbable.
Lo mismo para el caso de la Comisión de Derechos Humanos: “el presidente se apoya en su autoridad política, más que en su autoridad jurídica”, explica el Dr. Márquez Rábago.
Es importante señalar que en cuanto al aspecto de “seguridad nacional” existen elementos que brinda la Suprema Corte. En este caso, las obras publicas que pretende proteger el presidente no están concluidas, tampoco están incorporadas al servicio público, por lo que todo esto puede ser cuestionado desde un punto de vista jurídico.
A pesar que durante la mañanera el presidente explicó que el decreto no tiene que ver con aspectos de transparencia, la realidad es que al ser determinados como parte de la seguridad nacional, la información podría quedar reservada. Ante esta posibilidad, el INAI, a través de sus redes sociales, informó que se encuentran analizando los alcances de esta determinación del ejecutivo.
Independientemente de quien tenga la razón, por el plazo que queda para terminar la administración, cualquier acción legal que se tomae puede llevarse el resto del tiempo que le queda al frente del Ejecutivo, por lo que mientras las instancias deciden la validez de la medida, el tiempo pasará y las acciones se concretarán como ha dispuesto el presidente.
@salamillab
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