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El caso Ingrid Escamilla: una batalla de casi tres años para obtener justicia

Juicios pospuestos, aplazamiento del juicio oral, constantes viajes hacia el Reclusorio Norte, documentación errónea... Antelma Vargas, madre de Ingrid Escamilla, narra el viacrucis para obtener sentencia contra el feminicida de su hija. “Había veces que sentíamos que la justicia no iba a llegar”.

10 / 19 / 22

EMEEQUIS.– “Estresante, cansado y desgastante”, las tres palabras con las que Antelma Vargas, madre de Ingrid Escamilla, asesinada en febrero de 2020, describe los casi tres años que llevó la búsqueda de justicia para su hija. 

Juicios que se pospusieron, aplazamiento del juicio oral, constantes viajes hacia el Reclusorio Norte, documentación errónea y cambio de abogados públicos a privados, fueron parte de las piezas que la familia Escamilla Vargas tuvo que pasar, además del agotamiento emocional que dejó marca por uno de los feminicidios más violentos cometidos en la Ciudad de México. 

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“Fue un largo camino el que tuvimos que recorrer mis hijas y yo. En audiencia tras audiencia y ver que el caso se iba extendiendo. Había veces que sentíamos que la justicia no iba a llegar”, cuenta para EMEEQUIS, días después de que se lograra la sentencia condenatoria más amplia en contra del agresor de su hija: 70 años.

Ingrid Escamilla tenía 25 años. Originaria de Juan Galindo, Puebla, era licenciada en administración de empresas y tenía una maestría en administración de negocios. Comenzaba su camino profesional y aspiraba a un buen futuro en la Ciudad de México, pero fue brutalmente asesinada por su pareja, Erick Francisco Robledo. 

Sus restos fueron encontrados en un departamento de la alcaldía Gustavo A. Madero, después de que Robledo, de 46 años, la asesinara. El feminicidio conmocionó por los altos niveles de violencia en los que se cometió, pero además porque las fotografías del crimen fueron filtradas por autoridades en redes sociales, e incluso publicadas en la primera plana de periódicos de circulación nacional. 

Este lunes le fue dictada la sentencia condenatoria más alta por feminicidio a Francisco Robledo. El agresor pasará 70 años en prisión; lo que para la familia de Ingrid representó una lucha contra el olvido de las autoridades. 

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“Fue una audiencia muy pesada pero se logró el objetivo: que le dieran a esta persona la sentencia máxima… Nos sentimos con un cúmulo de emociones encontradas porque teníamos que dar nuestro testimonio y para nosotros eso ya es cada vez más doloroso. Era volverlo a revivir”. 

 Se logró completar el proceso judicial. Foto: Especial.

EL APOYO DE LA FISCALÍA QUE NO LLEGÓ

De ser un caso con gran acompañamiento mediático y que, incluso, forjó la creación de leyes, el feminicidio de Ingrid Escamilla se fue perdiendo entre procesos burocráticos penales, en los que no se conseguía sanción para el agresor.  

Al acudir a marchas feministas y conversar con otras familias y madres, que se enfrentaban al mismo proceso en búsqueda de justicia, Antelma afirma que se dieron cuenta de que había casos donde “aún teniendo al agresor detenido, llevaban 4, 5, 7 años y no había solución”, cuenta la madre de la joven. 

En 2020, la Fiscalía de la Ciudad de México le otorgó a la familia apoyo emocional y una defensoría pública, pero el caso drásticamente fue dilatándose pese a que Francisco Robledo había sido detenido en flagrancia desde febrero de 2020. 

“Me prometían mucho. Me decían que la fiscal y las autoridades habían dicho que el caso iba a tener la prioridad que ameritaba, pero eso te lo dicen siempre cuando el asunto está en curso, ya después de va olvidando”, la madre refiere que por esta demora tomó la decisión de cambiar de representación pública a privada. 

La madre de Ingrid tras la sentencia. Video: Colectiva Amicus.

Antelma es empleada doméstica y tiene cinco hijas. Sobrevive con su sueldo y una pequeña pensión que le dejó su esposo, padre de Ingrid, al morir en 2015. Uno de los retos más grandes para ella y su familia, fue costear los honorarios de abogados y pasajes constantes para acudir por documentación o audiencias. 

“Es y fue un gasto sumamente costoso para uno que no tiene los suficientes recursos. Estar pagando ese pasaje cada mes o cada que nos citaban era muy pesado”, pese a ello refiere que no ha recibido apoyo de las autoridades y que desconoce cómo adherirse a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

A pesar del reto económico, prefirió seguir el proceso con representación privada. Afirma que para las autoridades “llegó un momento que se les olvidó”, razón que la obligó a solicitar tuvo una reunión con la fiscal Ernestina Godoy para externar su inconformidad sobre el actuar del personal de la FGJCDMX pues “no era suficiente para llegar a donde llegamos”.

Pese a la omisión de la Fiscalía, tras el feminicidio de Ingrid, para la familia Escamilla hubo mucha unión. Sus cuatro hermanas y madre, a la distancia desde Puebla o acompañando a audiencias en la Ciudad de México, mostraron su interés por darle a su hermana un último respiro a su memoria, consiguiendo la pena máxima para su agresor.  

“Siento que he sido bendecida porque muchas no lo logran”, reconoce la madre, quien tras el largo proceso que significó “reabrir la herida cada vez que asistíamos a una audiencia”, pudo llegar a un proceso cerrado de sanción penal.

 Ni olvido ni perdón, era la exigencia. Foto: Especial. 

LA LEY INGRID, SIN APLICACIÓN EN EL CASO

Posterior al feminicidio de Ingrid, las fotografías sin censura de sus restos circulaban por las redes sociales e incluso fueron puestas en primera plana de periódicos con circulación nacional. Además circularon videos, donde el agresor declaraba la manera en que asesinó a la joven.

La noticia sobre el brutal ataque y el uso insensible de las imágenes, levantó protestas feministas en las calles y en las oficinas de los medios de comunicación que utilizaron la tragedia.  

Este caso forjó la creación de una normativa en protección de las víctimas, para evitar y sancionar la filtración de imágenes o datos que forman parte de una carpeta de investigación. 

Esta reforma, aprobada en marzo por la Cámara de Diputados, fue nombrada como “Ley Ingrid”, en memoria de la joven, pero no pudo aplicarse en su caso y los responsables de publicar y filtrar las fotografías se mantienen sin sanción. 

“A mi de que me servía una ley que llevara su nombre, si no se iba a ejecutar o no fue ejecutaba. Sería un gran honor que esa ley hiciera su cometido y no quedara en la impunidad tantos casos como el de mi hija, que no se pudo hacer nada contra quienes filtraron esas fotografías”, asegura Antelma Vargas. 

Pese a que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se posicionó sobre la urgencia de sancionar la filtración de las imágenes del feminicidio, no se ejecutó sanción contra los medios ni los servidores públicos que permitieron la difusión de la escena del crimen. 

“La vida de las mujeres no puede ser un botín, ni la extrema violencia hacia ellas un objeto de consumo”, afirmó la comisión en un posicionamiento publicado el 14 de febrero de 2020. 

Incluso, para la formulación de la ley la familia de Ingrid Escamilla niega que fueran buscados para conocer su contenido, ni apoyar en la sanción de los responsables en el caso. 

“No fui consultada, sólo supe por periódicos por redes que se estaba implementando esa ley”, asegura su madre. Ante la inacción de las autoridades, la familia de Ingrid Escamilla no tiene planes para empezar otro proceso jurídico. 

“A nosotros lo que nos interesaba era lograr la justicia y que esta persona no quedara impune”, refiere su madre. 

@GloriaPE_

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SOBRE EL AUTOR

Gloria Piña



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