SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS. En las escalinatas de la catedral de Nuestra Señora del Rosario, un niño pequeño mira con curiosidad hacia las cámaras. Lleva unas diminutas chanclas de cocodrilo, un pantalón de mezclilla arremangado y un peculiar peinado de “honguito”. En sus pequeñas manos, sostiene un cartel que dice: “Desaparecido, 9 de septiembre 2024, Culiacán, Sinaloa“.
Este niño forma parte de un contingente que marchó junto al colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, junto a familiares de víctimas de desaparición forzada. Con sus rostros llenos de determinación, estos valientes marchan para exigir un alto a la violencia que ha marcado la historia reciente de su ciudad.
María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras, destaca la gravedad de la situación en Culiacán: 195 reportes de desaparición en septiembre, homicidios a diario, familias encerradas por miedo, negocios cerrados y buscadoras extorsionadas. La comunidad, incluidos los más pequeños, vive bajo una nube de fuego constante.
Los menores de edad no solo han visto cómo su calidad de vida se deteriora en Culiacán; la escalada de violencia ha afectado a casi todo el territorio mexicano, dejando a su paso más de 12 mil niños asesinados.
Y APENAS COMIENZA EL SEXENIO DE SHEINBAUM
El reciente sexenio de Claudia Sheinbaum como presidenta ha comenzado con una pesada carga: la deuda con las infancias y adolescentes de México. En una entrevista, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, recuerda con preocupación los datos alarmantes que enfrenta el país.
“Tenemos informes de que hay 14 reportes de desaparición de menores cada día, lo que resulta en más de 17 mil niños y niñas desaparecidos”, explica con voz temblorosa.
Para Pérez García, uno de los síntomas más graves que debe abordar Claudia Sheinbaum es la normalización de la violencia. Niñas y niños han tenido que adaptarse a un mundo donde la violencia se ha convertido en parte de su vida cotidiana. Se ven obligados a entender protocolos y simulacros ante balaceras, como ocurrió hace apenas una semana en la primaria Luis Donaldo Colosio de Culiacán, donde estudiantes tuvieron que cubrirse debajo de las mesas mientras una persecución se desarrollaba a su alrededor.
“El derecho a la seguridad y a la educación de los menores son interdependientes. No podemos imaginar que vayan a la escuela si no hay un camino seguro para llegar. Cuando hablamos de violencia, impacta directamente en su educación, desde cómo van hasta el riesgo de que en las escuelas aparezcan armas. Esta realidad ya se vive en muchos estados del país”, lamenta Pérez García.
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El problema no se limita a Sinaloa; en otros estados como Tamaulipas, Guerrero y Chiapas, donde el desplazamiento por la presencia de grupos armados es frecuente, los protocolos de seguridad se han vuelto una constante en la vida de los estudiantes.
“Cada vez hay más impunidad, y el código de violencia se ha normalizado. La presencia de armas no se limita a policías y militares; se estima que hay 16 millones de armas ilegales en el país”, describe con seriedad.
HAY VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Juan Martín Pérez también resalta que todos los menores de edad en México han crecido en medio de una guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“Quienes tienen hasta 17 años han vivido esta guerra, con impunidad y una narrativa de violencia”, afirma. “Una gran mayoría son víctimas directas o indirectas. El código de violencia se ha vuelto una manera de entender el mundo. Contamos con un número alarmante de víctimas directas de estos crímenes, pero también hay víctimas indirectas”.
“En un análisis breve que realizamos sobre los hijos e hijas de personas desaparecidas, encontramos que alrededor de 160 mil niños han perdido a sus padres. Esto implica que no tienen acceso a un acompañamiento psicológico ni alternativas. Además, muchos menores quedan en orfandad por feminicidio”, añade.
DERECHOS DE LA NIÑEZ POR ENCIMA DE TODO
Al preguntarle sobre los principales retos que Claudia Sheinbaum debe enfrentar para proteger a infancias y adolescentes en el país, Juan Martín Pérez reiteró que, si su gobierno se autodefine como de izquierda, deben actuar en consecuencia.
“Un gobierno de izquierda implica construir un pensamiento crítico, fomentar diálogos políticos y respetar los desacuerdos. Es crucial reconocer a niños, niñas y adolescentes como parte de la ciudadanía de pleno derecho. Debemos debatir el tipo de país que queremos”, enfatiza.
“Que tengan mayoría no significa que sea la única forma de país. Ese debate debe ocurrir. Uno de los desafíos más grandes es salir de la idea de ‘o estás a favor o estás en contra’. No estamos en contra de las visiones de izquierda, podemos cuestionar las formas, pero debemos guiarnos por el artículo cuarto constitucional, que establece el interés superior de la niñez. Eso está por encima de todo”, concluye.
@FridaMendoza_
