SOBRE EL AUTOR
EMEEQUIS.– Pobladores de la comunidad de Pueblo Nuevo, en el municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, obtuvieron la suspensión de obras en el tramo Real del Monte, entronque Huasca, de la carretera Pachuca-Huejutla, por lo que el gobierno federal deberá abstenerse de continuar con trabajos de revestimiento de carpeta asfáltica y construcciones.
El motivo, la falta de indemnización por los trabajos.
Aunque hay un pago detectado por posesión de tierra en este sector, el cual se realizó a una persona física que ellos aseguran es ajena a la localidad, a los comuneros no les otorgaron pago por la intervención al bosque que habitan; además, denuncian la deforestación y daños medioambientales por depósitos de escombro y saqueo de agua.
El juez tercero de Distrito de Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez, concedió la suspensión en el amparo indirecto 321/2024, en el cual reconoce la injerencia gubernamental para el trazo de la obra carretera en 12 mil metros dentro del predio denominado Bosques de Pueblo Nuevo, ubicado en la Ranchería Pueblo Nuevo, en Mineral del Monte. Este fragmento es parte de 687 hectáreas que, por un decreto presidencial de septiembre de 1924, pertenece a las 56 familias que buscaron la protección federal; este documento también refería que mientras no fueran distribuidas las tierras, no se podía vender, aunado a que los poseedores estaban obligados a la preservación y cuidado de este espacio natural.
“No pueden vulnerar derechos humanos y plantearlo como una obra de interés público. Cuando a cualquier persona le pasen una carretera por encima y políticos corruptos vayan a cobrar indemnizaciones con escrituras balines (…). No se puede doblemente vulnerar los derechos de los comuneros”, expuso el abogado Julio Gálvez Bautista, quien representa a las familias.
La alusión es por un pago que identificaron, de 12 millones de pesos, para un particular, que no es parte del decreto de 1924. Asimismo, acusó que en esa reserva empresarios y actores políticos cuyos nombres reservó, han construido cabañas y otras propiedades, lo cual no debió ser posible porque nunca compraron la tierra a los propietarios.
El esquema que han detectado para lo que denominó un saqueo histórico, que data de varias décadas, es que personas con poder hicieron jurisdicciones voluntarias (que no se equipara con la propiedad, afirmó) y, al tenerlas, después vendieron; con este último procedimiento, acotó, se generaron escrituras que sostuvo son irregulares, por la ruta de su origen.
“En el 2000 estaba la tala ferozmente, causándonos un problema muy grave. Hasta hoy a la fecha esta carretera nos ha afectado mucho en el tema ecológico. Utilizaron el agua de los bosques para construirla y tenemos árboles que se están secando. Pusieron en riesgo lo más valioso que tenemos, que son los pulmones de este país, nuestro bosque”, denunció Pascual López Ramírez, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Real Zumate, que confirmaron para la defensa de la tierra.
TRES AMPAROS MÁS POR EL TEMA AMBIENTAL
En conferencia de prensa conjunta, el abogado Gálvez Bautista acotó que presentarán tres amparos más por el tema ambiental, porque “hay bosques talados desde el piso hasta el punto de los árboles”, lo cual, añadió, ha dañado la biodiversidad.
López Ramírez, a su vez, sumó a lo que también consideró como una invasión y despojo de la tierra, por parte de personas con poder económico y posiciones políticas que, dijo, se ven atraídas por la belleza natural, pero la dañan al intervenirla.
“Llegan, comprar un terreno de mil metros, y lo primero que hacen es quitarle todos los árboles”, añadió, al tiempo de rememorar que al ingresar las retroexcavadoras sepultan troncos y arrancan las raíces de los árboles.
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La falta de agua, ahora, es el problema principal, y los daños generados “invaluables”, aunque estima que han acabado con un 20 por ciento de bosque.
“En ese decreto (de 1924) nos dijeron que nosotros éramos los responsables para cuidar esos bosques. Han comprado voluntades los empresarios y los políticos y estamos en un estado en el que no hay ley. Lo más valioso que teníamos eran los bosques en Pueblo Nuevo y se encuentran totalmente devastados.
La historia de esto fue que lamentablemente algunos de los que se encuentran en la misma comunidad se prestaron para que unos lograrán sacar títulos de propiedad por jurisdicciones voluntarias. Fue firmado por autoridades del pueblo, que tomaron decisiones erróneas, cuando no estaba de acuerdo la comunidad”, agregó, sobre uno de los posibles orígenes de las irregularidades.
El responsable de la defensa legal de la sociedad reveló que sí hubo pago de indemnizaciones por este tramo, aunque no llegó a los pobladores.
“El gobierno de Omar Fayad Meneses, desde 2019, pidió dinero (a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)) para el pago de las afectaciones, pero se acabó. En 2020 pide más dinero, a través de un convenio de colaboración federal, pero el resarcimiento del daño no alcanzó a los comuneros.
Julio Gálvez Bautista, abogado
“Ese dinero ya fue etiquetado, lo pidieron dos veces, y están los convenios de colaboración por la carretera Huasca-Pachuca”, remarcó.
Encontraron, en el seguimiento al caso, un pago de 12 millones a una sola persona física, que como antecedente tiene una jurisdicción voluntaria. Él fue a Gobierno del Estado, responsable de los pagos por indemnizaciones, con una escritura posterior al decreto, y con esto le validaron la propiedad de toda la superficie.
“El decreto tiene un mayor valor a todas las escrituras puedan existir en lo subsecuente, porque ellos nunca vendieron”, aseveró.
Recordó que las 56 familias, que siguen hasta hoy, promovieron en la década de 1920 un procedimiento de restitución agraria de ejido, el de Pueblo Nuevo. No procedió, pero dentro de la misma resolución se les reconoció como ranchería, con lo que se les dotaba de tierra para su desarrollo, “para que vivan del bosque y cuiden de éste, sin explotación indiscriminada de los recursos naturales”.
“Qué hacen allí los políticos invadiendo nuestra tierra. Ellos son dueños de una jurisdicción voluntaria, nosotros de la tierra”, recalcó Pascual López.
“Qué hacen allí los políticos invadiendo nuestra tierra. Ellos son dueños de una jurisdicción voluntaria, nosotros de la tierra”
Pascual López
El decreto, continuó, está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y la “escritura madre” no ha sufrido ningún cambio.
Las jurisdicciones voluntarias, acotó Gálvez Bautista, son títulos supletorios, no de propiedad, “no representa nada. Esas escrituras no son nada para estos políticos. Ellos argumentan que en algún momento les dieron eso, pero cómo va a ser posible, si hay un decreto”.
Los pobladores buscan que se les paguen, por derecho de igualdad, los mismos 12 millones de pesos dados al particular, la indemnización para seguir invirtiendo en el propio bosque, en el desarrollo que podría existir en ese lugar. Sin embargo, tienen avalúos que refieren que la tierra por la que pasará la obra asciende a 18 millones.
Añadieron que piden al gobierno que entienda la situación de la gente, que vea que les dotaron predios desde 1924 y que después “fueron invadidos por políticos, con títulos de propiedad dudosos, porque no se podía vender”.
@axelchl
