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EMEEQUIS.-El recorte al presupuesto del Poder Judicial hará que los ciudadanos que están involucrados en algún proceso legal sean los más afectados. Además está en riesgo cumplir con la creación de los nuevos órganos de justicia sino que también se verán en la necesidad de eliminar juzgados y tribunales.
Este recorte es visto como un sistema de violencia económica para todo el Poder Judicial que lo obligaría a “alinearse” con el gobierno en turno.
A esto se suma la presión que existe en torno a las elecciones del primero de junio, no sólo por las prisas y la reducción de presupuesto a la que el INE se ha tenido que enfrentar sino por la presión política.
Irma Elizabeth Monzón Velasco, secretaria de tribunal, explica en entrevista para EMEEQUIS que este recorte afecta principalmente el ejercicio de la justicia y puede provocar que los tiempos necesarios se extiendan, pues habrá menos personal y mayor carga de trabajo.
Para 2024, el Consejo de la Judicatura Federal había recibido un presupuesto de más de 68,000 millones de pesos, de los cuales el 91% se destina al pago de personal. Sin embargo, para 2025, esta cifra se reducirá, en un principio se solicitaron cerca de 85 mil millones de pesos que pasaron a ser poco menos de 71 mil millones de pesos, teniendo un recorte cercano a los 14 mil millones de pesos. Lo que representa una disminución significativa.
Monzón Velasco señala que este ajuste presupuestario afectó directamente la capacidad de atención del Poder Judicial, limitando la creación de nuevos juzgados y tribunales necesarios para atender el creciente número de juicios de amparo y otras demandas de justicia en el país.
“No habrá recursos ni siquiera para crear nuevos órganos jurisdiccionales que atiendan los reclamos de justicia de los usuarios. Peor aún, podría implicar el cierre de juzgados de distrito y tribunales colegiados”, mencionó la secretaria. Dentro de los órganos que se deben de crear está el Tribunal de Disciplina solicitado por la reforma al Poder Judicial.
El recorte también podría traducirse en despidos masivos de trabajadores del Poder Judicial, así como en la reducción de los salarios y prestaciones de quienes permanecen. Esto contraviene las garantías laborales previstas en la reforma judicial y genera incertidumbre. Además va en contra de las declaraciones hechas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en reiteradas ocasiones ha mencionado que no habrá afectaciones.
Irma adelantó que se está pensando en presentar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ver si la Corte interamericana atrae el caso.
ÓRGANOS AFECTADOS E IMPACTO PARA LA CIUDADANÍA
Irma explica que, en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, actualmente operan siete juzgados de amparo, un juzgado mercantil, tres tribunales laborales de asuntos individuales, dos juzgados de amparo y de procesos penales, y cuatro tribunales colegiados de distintas materias. Estos órganos son esenciales para atender problemas de la ciudadanía, especialmente en materia de amparo, donde se juzgan actos de autoridad que afectan los derechos de las personas. Sin embargo, al hacer el recorte presupuestario se tendrán que cerrar algunos de los juzgados y los casos tendrán que ser remitidos a aquellos que continúen en función, esto alentaría el proceso para atender las solicitudes de los ciudadanos, pues sería más trabajo con menor cantidad de servidores públicos.
Además, el recorte presupuestario implica que no se podrán crear nuevos órganos jurisdiccionales necesarios para implementar reformas importantes, como los juicios orales penales y familiares. Por ejemplo, la reciente implementación de la oralidad en materia familiar requiere infraestructura y personal que ahora no podrá ser financiado.
“Si antes un caso podría resolverse en un mes, ahora podría tardar seis meses o incluso un año. Y si algunos juzgados son eliminados, la carga de trabajo de los que quedan aumentará dramáticamente”, explicó Monzón Velasco. Esta situación puede crear procesos más lentos y menos accesibles.
Además, la falta de presupuesto afecta las condiciones materiales de los juzgados. En muchos casos, los trabajadores enfrentan carencias como la falta de insumos básicos, equipos en mal estado y recursos insuficientes para operar dignamente.
Para la trabajadora del Poder Judicial, este recorte afecta directamente la libertad de todos los trabajadores del Poder Judicial, quienes, considera, tienen que apegarse a lo que diga el poder en turno si desean obtener un mayor presupuesto para cumplir sus labores:
“Es una forma de violencia económica, ya que no hay mejor manera de controlar a alguien que a través del dinero. Prácticamente está diciendo: ‘Bueno, si haces lo que yo quiero, te doy; pero si no haces lo que yo quiero, no te doy’. Esto, por lo tanto, es una forma de sometimiento.”
El Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han emitido comunicados asegurando que existe la posibilidad de solicitar ampliaciones presupuestarias si los recursos aprobados resultan insuficientes. Sin embargo, Monzón Velasco considera que esta opción está condicionada por criterios políticos, lo que refuerza la dependencia del Poder Judicial al Ejecutivo.
Al preguntarle a Monzón Velasco sobre si esta disminución de ingresos puede proliferar la corrupción, mencionó: “Yo llevo 21 años de servicio y jamás alguien me ha ofrecido resolver un caso en favor de alguien por fuera de la ley. Siempre se ha actuado conforme a las constancias y al derecho”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que la llegada de nuevos funcionarios externos al Poder Judicial, que no formen parte de la carrera judicial ni compartan estos valores éticos, podría abrir la puerta a prácticas corruptas. “Si alguien entra solo buscando un mejor salario y no encuentra las condiciones esperadas, podría ser más susceptible a la corrupción”, señaló.
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Por otro lado, criticó la prisa con la que el poder en turno ha implementado reformas y recortes presupuestarios, justificándolos como medidas en favor de la educación. Monzón Velasco consideró que esta falta de análisis genera errores legislativos y decisiones que afectan gravemente al sistema de justicia y, por ende, a toda la ciudadanía. “La justicia se politiza y pierde calidad, afectando a todos los ciudadanos que necesitan un sistema de justicia confiable y accesible”, enfatizó.
Ante ello, el INE ha declarado que se hará una reducción de casillas para ajustarse al presupuesto y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 31 de diciembre informó que aprobó el diseño e impresión de las boletas para la elección judicial de 2025, con excepción de las que son para juzgadores de distrito y magistraturas de circuito.
Por su parte, simpatizantes de Morena, como el presidente del Senado, Fernadez Noroña, han asegurado que no se involucrarán en la elección de personas al poder judicial.
@marrome259
