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Calor. Cuarentena. Crisis. Factores que incrementan la violencia contra niños

Un 75% de las lesiones que padecen los menores se da en casa, en su mayoría a manos de sus familiares. “El hogar no es el espacio de protección que debería ser”, advierte en entrevista Ricardo Bucio, titular del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por Alejandra Crail
14 may 2020

infancia
Ricardo Bucio, titular de SIPINNA, en un evento de UNICEF sobre el estado mundial de la infancia. Foto: Saúl López / Cuartoscuro.com

EMEEQUIS.– Es el calor. Es el encierro. Es la crisis económica. Tres factores que, cuando se juntan, elevan la violencia contra niñas, niños y adolescentes. En un país en el que tres de cada cuatro lesiones contra ellos ocurren dentro de una vivienda y donde el 64% de estas agresiones las comete un familiar, la emergencia sanitaria por COVID-19 no es cosa menor. 

“El hogar no es, desafortunadamente para muchas niñas y niños, el espacio de protección que debería ser”, advierte Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).  

En entrevista con EMEEQUIS, recalca: “Tristemente, en la emergencia sanitaria hemos visto lo que ya sospechábamos: un aumento en los delitos contra mujeres, niñas y niños, así como en el número de llamadas de emergencia al 911 y en los casos que llegan a las Procuradurías de Protección de la infancia”. 

La emergencia sanitaria, dice el politólogo, quien desde 2015 dirige el SIPINNA, vino a remarcar los huecos en la prevención y atención a la violencia que se comete todos los días contra niñas y niños en México. 

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Tan sólo de febrero a marzo de este año creció 13% el número de carpetas de investigación por violencia familiar, mientras que el número de llamadas de emergencia al 911 por casos de abuso sexual subió 16.9%, según datos del Secretariado Ejecutivo. 

“Hay huecos en formación, hay huecos en capacidad instalada, hay huecos de profesiones, huecos presupuestales para la atención”, señala. 

Esto, afirma quien entre 2009 y 2015 fuera el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), no se va a acabar con la contingencia. 

“Hay una desarticulación muy grande entre instituciones municipales, estatales y federales, pese a estar en el mismo territorio. Hay que unirlos, ni siquiera se trata de más presupuesto que, aunque sí se necesita, lo urgente es la articulación institucional”. 

MÁS PRESUPUESTO PARA SIPINNA EN 2020

En una revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, EMEEQUIS encontró que el monto asignado a SIPINNA para sus gastos de operación es de 17.1 millones de pesos, nueve veces el gasto de operación del año pasado, que fue de un millón 800 mil pesos. 

Antes, el bajo presupuesto que se le otorgaba a este organismo –que depende de la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero– apenas alcanzaba para cubrir los salarios del personal. 

A finales de 2019, cuando se discutía en la Cámara de Diputados el PPEF, no se consideraba un aumento para la operación integral del SIPINNA. 

–¿Qué cambió entre la discusión del proyecto y la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2020?

–Una claridad e información más certera, con evidencia, para la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene más certeza hoy día de cuál es el nivel de atención que se tiene y cuál es la demanda y que los números no corresponden, aún no corresponden. 

–¿En qué se traduce ese aumento presupuestal de más del 50% de recursos respecto a lo que otorgó en 2019

–En un trabajo articulado, que comenzamos hace dos meses con fuerza, al tiempo que la pandemia vino a agravar el panorama. El trabajo articulado es entre el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes para trabajar en la atención a las violencias en contra de estos sectores. 

“A corto, mediano y largo plazo vemos cuatro etapas. Prevención: crianza positiva y alertas sobre violencia, formación a servidores y servidoras públicas de todo el país (cómo identificar violencias, cómo hacer contención socioemocional, cómo trabajar los temas familiares/judiciales). Mensaje, perifoneo a través de las patrullas que ahora están dando información sobre la pandemia. Atención: llamadas de emergencia. Mapeo: georreferenciar los servicios de atención para articular la atención. Justicia: impartidores de justicia con preparación y que, se acordó, en esta contingencia no van a dejar de recibir casos de violencia contra mujeres, niñas y niños”.  

–¿Son necesarios más recursos para la infancia?

–Para el 2018, UNICEF hizo un estudio de cuánto necesitan las Procuradurías municipales, estatales y la federal de atención y protección a la infancia y hablaban de un monto mínimo de alrededor de 2 mil 150 millones de pesos anuales. En México estábamos en una asignación cercana a los 900 millones de pesos. Ahora aumentó, pero es insuficiente.  

“Una parte de la insuficiencia la hace la descoordinación porque, en realidad, hay otro tipo de servicios que podrían coadyuvar a la atención de la violencia con las cientas de instituciones que atienden la violencia contra la mujer y niñas, niños y adolescentes. Es algo que ya estamos haciendo. Pero aún hay que fortalecer a todas esas instituciones: policías, centros de justicia, puertas violenta, fiscalías especializadas…”. 


Muchos niños pasaron su día en casa viendo películas. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com


VECINOS, SECTOR SALUD, EDUCATIVO Y DE JUSTICIA: CLAVES

EMEEQUIS publicó en octubre de 2019 la investigación “Matar A Un Hijo” en la que, a través del análisis de las actas de defunción que procesa el INEGI, fue posible determinar que cada dos días un menor de 15 años es asesinado por sus familiares, en sus hogares o directamente por maltrato. 

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En la serie se abordan los casos de Diana Mía y Landon Yahir, dos pequeños que perdieron la vida a manos de sus familiares. Según cuentan sus mismos parientes, el desenlace pudo haber sido distinto si hubiese existido una intervención oportuna ante las violencias que vivieron.

Respecto a esto, Ricardo Bucio llama a atender el hueco más urgente: encontrar los mecanismos adecuados para la prevención de la violencia. 

“Se ha invertido mucho recurso en atender y en generar las instituciones a nivel municipal, estatal y federal para responder cuando las niñas y niños ya han sido vulnerados; a nivel de prevención se ha trabajado en difusión, publicidad, pero no en mecanismos donde la violencia se pueda detectar de manera temprana”. 

–¿Quiénes son los actores claves para esta detección oportuna?

Vecinos, otros miembros de la familia, agentes educativos y el personal de salud. Estos grandes sectores son los que pueden saber de forma temprana cuando un niño está siendo maltratado, porque llega con ciertos rasgos o signos que presumen violencia. 

“Cuando hablamos de que una niña, un niño, ya presentó una denuncia, ya se abrió una carpeta de investigación, ya fue a la procuraduría de protección, ya llegó a un refugio, es porque ya se ha llegado a un extremo, una violencia radical, que se pudo haber detectado antes”.

–¿Qué se ha hecho para hablar de la responsabilidad que tienen estos actores en materia preventiva?

–Comenzamos a trabajar desde el fin del año pasado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para un programa nacional de entornos escolares seguros. Con la Secretaría de Salud que le está dando un impulso, aunque también se requieren recursos, para aumentar los servicios a la salud mental. La baja inversión en este sector está relacionada con el aumento de la violencia.

“Los cuerpos de seguridad. No tienen en su mayoría una perspectiva de infancia. Muchos asumen como el imaginario social prevalente que un padre, una madre, un cuidador tiene la posibilidad de reprender con violencia a un niño o una niña que está bajo su cuidado”. 

EL LADO “POSITIVO” DE LA PANDEMIA

El hogar, insiste el especialista, no es el lugar más seguro para muchas niñas y niños. Un punto clave es cambiar la perspectiva de que le pertenecen a los padres, de que no son considerados como ciudadanos con derechos. 

La participación del sector educativo es importante: son los ojos de la violencia fuera de los hogares. En el contexto de la pandemia, sin embargo, la posibilidad de detección de casos se reduce. Entre esa adversidad, señala Bucio, hay una luz: el COVID-19 está reforzando la relación entre los padres y el sistema educativo. 

–¿Cómo cambiar el chip de que las y los niños les pertenecen a los padres?

–Junto con la Secretaría de Educación estamos trabajando para incorporar la crianza positiva para darles herramientas a los padres. Ha resultado útil la oportunidad de la educación en casa porque la SEP ha dado materiales de crianza positiva a los docentes para que sean transmitidos a las familias. 

“Antes no teníamos un canal directo para llegar a las familias, pero la contingencia nos ha obligado a estrechar los vínculos entre los docentes y las familias”. 

–¿Por qué es importante reforzar las habilidades parentales? 

– Porque muchas familias no las tienen, pero no es por negligencia en todos los casos. Por ejemplo, las personas que se hacen padres desde muy temprana edad o que comenzaron el trabajo infantil a muy temprana edad, muy probablemente no tuvieron mecanismos para aprender ni a ser criados positivamente ni aprendieron a criar a otras personas de manera positiva. 

“Eso sí requiere un esfuerzo muy grande, es parte de lo contemplado como parte de la estrategia para la primera infancia”.

CAMBIOS DE PARADIGMA 

Sexenio tras sexenio, la inversión a la infancia ha sido minúscula. Tan sólo en el de Enrique Peña Nieto se invirtieron únicamente mil 72 millones de pesos en la protección de niñas y niños. Un monto tres veces menor a lo que costó el avión presidencial (219 millones de dólares o 3 mil millones de pesos al tipo de cambio de 2012) .

Este 2020 es el primer año en que el presupuesto permite emprender acciones concretas en pro de este sector de la población, que suma 40.2 millones de niñas y niños en el país.

–¿Qué factores han coadyuvado a que se valore la necesidad de atender las violencias contra niñas y niños? 

–Primero, la protesta, muy legítima, de la sociedad civil organizada y no organizada sobre la violencia hacia las mujeres –que hemos escuchado con mucha fuerza los primeros meses del año–. Segundo, la necesidad de reforzar el sistema de protección contra violencias de niñas y niños. Y, en este contexto, un tercero: la emergencia sanitaria de COVID-19 que se da en un contexto de calor, confinamiento y carencias económicas.

“Hay mayor demanda ciudadana de servicios de atención y también en la necesidad de que la violencia contra mujeres, niñas y niños, termine: que no hay ni desatención ni impunidad. Ha ido ganando espacio la necesidad de atender la violencia contra niños, niñas y adolescentes”. 

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–¿Hay diferencia entre administraciones? ¿Qué hay de diferente entre este sexenio y el anterior?

–Tiene que ver con que hay una mejor articulación. El hecho de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lidere esta estrategia, le da una perspectiva distinta, le da la relevancia que merece el tema y que no quede en un mero acuerdo institucional.

–¿Qué nos sigue faltando para lograr que la articulación institucional sea exitosa? 

–Voluntad política para abrir las puertas y los distintos servicios que hay en las diferentes dependencias federales y de los gobiernos estatales y municipales. 

  

@AleCrail

 


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