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Alcalde de Huixquilucan pierde batalla legal contra un preso político

Un representante de las comunidades otomíes pasó 22 días en prisión acusado de una extorsión que no cometió. Su verdadero delito fue enfrentarse con el panista Enrique Vargas, quien borró a los indígenas de su municipio para dar luz a una megaobra.

Por Óscar Balderas
12 abr 2021

Enfrentamiento por megaobra en Huixquilucan.
Juan Villegas Mejía, líder comunitario, y Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan. Fotos: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– El presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, el panista Enrique Vargas del Villar, ha sido derrotado en tribunales por un líder indígena que su administración pidió encarcelar tras una batalla por la tierra.

Juan Villegas Mejía, indígena otomí y representante de las comunidades de Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco, logró lo que a cientos de defensores del ambiente les ha costado la vida: parar en seco una megaobra que afectaría las tierras sagradas de su comunidad.

En entrevista con EMEEQUIS, el representante indígena aseguró que el Poder Judicial de la Federación le otorgó el documento jurídico definitivo para impedir que continúe la construcción de la nueva autopista Toluca-Naucalpan, que atraviesa 16 kilómetros de su comunidad, afectando centros ceremoniales, más de 400 manantiales y un bosque rico en flora y fauna silvestre.

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“Este es un documento histórico. Es un logro que hayamos frenado este ecocidio, porque querían desaparecer el bosque, querían desaparecernos y probamos que las comunidades indígenas tenemos derecho a existir”, dijo Juan Villegas. 

Con este último documento jurídico, aseguró Juan Villegas, el gobierno municipal, estatal o federal no podrá avanzar en la construcción de la autopista hasta que cuenten con el visto bueno de los otomíes, quienes deberán ser incluidos cada decisión. 

"TE VOY A ROMPER LA MADRE"

Su lucha comenzó en 2016, cuando el gobierno municipal de Enrique Vargas del Villar se negó a reconocer el estatus de líder indígena de Juan Villegas; de ese modo, la alcaldía pudo evitar hacer una consulta ciudadana a comunidades y barrios originarios sobre el megaproyecto carretero.

“El presidente municipal llegó al extremo de decir que no había indígenas en Huixquilucan y entonces no tenía caso hacer una consulta para comunidades que no existen, ¿y nosotros qué? ¿Estamos pintados o qué?”, reclamó Juan Villegas.

Huixquilucan, Estado de México, es uno de los territorios más desiguales de la entidad: su lado más vistoso son los fraccionamientos y residencias de lujo donde viven acaudalados empresarios y familias con linaje de prominentes políticos, pero alejados de esa opulencia existen comunidades empobrecidas que no suelen figurar en la típica imagen de ese municipio que colinda con las colonias más ricas del país.

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Tras la negativa a realizar una consulta a las comunidades indígenas, Juan Villegas y su comunidad llevaron su inconformidad al Poder Judicial, que les concedió un amparo contra la megaobra avalado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

“Y ahí empezó todo, porque el presidente municipal me llamó y me dijo que me iba a partir la madre porque le había parado la obra y que lo estaba dejando mal parado con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Me dijo ‘no sabes ni en lo que te metiste’ y yo sólo le dije que sí sabía: que me estaba metiendo por los bosques, por el agua, por la tierra, porque debieron consultarnos primero y nosotros les hubiéramos explicado que no podían construir ahí porque es tierra sagrada”.

DESAPARECER EN LA CÁRCEL

Días después, Juan Villegas fue detenido por autoridades municipales acusado del delito de extorsión. Su nombre estaba en una causa penal que lo señalaba como el presunto autor de una llamada a la Secretaría del Ayuntamiento de Huixquilucan para exigir un millón de pesos a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el gobierno municipal aportó como única prueba la credencial del Partido Acción Nacional de un militante, quien fue supuesto testigo del intento de extorsión.

Sus abogados, defensores de derechos humanos, advirtieron que al líder comunitario a un proceso penal tenía como objetivo suspender sus derechos civiles y políticos para afectar el amparo del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en Materia Administrativa.

“El gobierno municipal no ha querido reconocer como indígenas a las comunidades y barrios afectados, buscando de esa forma evitar las consultas correspondientes a las comunidades afectadas de sus obras desde 2016 a la fecha”, declararon los abogados del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

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Pese a las advertencias, el gobierno municipal logró que un juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla ordenara la reclusión del representante otomí en el Penal de Barrientos, Estado de México, uno de los más violentos del país.

Ahí, Juan Villegas pasó 22 días en prisión. Tras la revisión de su caso por parte de otro juez se dictaminó que no había pruebas suficientes para juzgarlo por un crimen que pudo ponerlo hasta 30 años en prisión.

“EXISTIMOS Y TENEMOS DERECHOS”

“Fue una advertencia, yo lo interpreto como que me querían desaparecer. Una manera de decir que la próxima vez no iban a ser unos días, sino unos años encerrado”, dice Juan Villegas.

Pero la amenaza de la cárcel no detuvo a las comunidades de Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco, quienes siguieron luchando por su derecho a ser tomadas en cuenta por el gobierno y a que su negativa a la obra tuviera un impacto en la construcción de la nueva autopista Toluca-Naucalpan.

Su tesón fue recompensado a principio de abril, cuando una suspensión definitiva llegó hasta sus manos y, actualmente, la obra se encuentra detenida, mientras se alcanza un acuerdo sobre cómo la voz indígena modificará la megaobra, que ya ha causado la tala de miles de árboles.

“El alcalde no puede decir quién sí y quién no es indígena. Nosotros existimos y tenemos derechos. Y los vamos a hacer valer. Lo que alcanzamos es muy grande y es un ejemplo para los indígenas de México: no hay país sin nosotros”.

 

 

@oscarbalmen

 


POSICIONAMIENTO DE ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, ALCALDE DE HUIXQUILUCAN: 


En relación a la nota publicada cuyo título es: Juan Villegas Mejía de representante comunitario a preso político, se precisa lo siguiente:


1.- El Gobierno de Huixquilucan no tuvo ni tiene injerencia en la proyección, licitación, contratación y operación de la autopista Naucalpan-Toluca, por lo que se aclara que esta obra es EXCLUSIVAMENTE DEL ORDEN ESTATAL


2.- El gobierno municipal mantiene comunicación permanente con las comunidades indígenas, a quienes se les reconoce de manera colectiva y no, a una sola persona, en este caso Juan Villegas.


3.- Este Gobierno Municipal, en sus dos administraciones, emitió en las Gacetas Municipales número 10, de fecha 05 de julio de 2017, y número 06, de fecha 19 marzo de 2019, las convocatorias para invitar a las comunidades indígenas a elegir de acuerdo con su sistema de normas internas, procedimientos, tradiciones, usos y costumbres, un representante ante el Ayuntamiento; en ambas, no asistió persona alguna y/o representante de las comunidades indígenas.



 


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