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El plan oculto del gobernador Rocha Moya. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– En Sinaloa se reformó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma para instaurar la elección de rector y consejeros por el voto de estudiantes, académicos y trabajadores.
Es un modelo que ya fracasó en el pasado, pero en los hechos es un experimento para medir su factibilidad en otras instituciones.
Las universidades públicas que gozan de autonomía deberían poner sus barbas a remojar, porque el Congreso del Estado hizo las modificaciones violando el Artículo Tercero de la Constitución que garantiza la facultad de las instituciones de Educación Superior con autonomía a gobernarse a sí mismas y lo que señala en el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior que obliga a amplias consultas antes de realizar cambios de semejante calado.
Esto lo denunció con puntualidad la ANUIES que encabeza Luis González Plascencia.
Parecería una extravagancia que, en un estado envuelto en la violencia, como es Sinaloa, en estos momentos, donde ni siquiera se pueden realizar clases presenciales en Culiacán, se proceda a las reformas universitarias, pero en realidad es parte de un plan diseñado por el gobernador Rubén Rocha para apropiarse de los órganos de gobierno universitarios y someter a la única institución que tiene márgenes de independencia.
Los temores, más que fundados, de que se esté ante la primera operación para debilitar la autonomía, radican inclusive en la revelación de componendas criminales, al grado de que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado cuando creía que acudía a una reunión con el propio gobernador Rocha y el diputado Melesio Cuén, quien sería asesinado, para tratar asuntos relacionados con la UAS.
La prudencia indicaría que la situación de descomposición y de deterioro de la seguridad que no es el momento de realizar cambios sin el acompañamiento de la comunidad universitaria, pero, al contrario, es precisamente en el río revuelto en el que opera el gobernador de Sinaloa.
Lo que ocurra en la UAS puede ser el primer paso para reinstaurar los esquemas de Universidad Pueblo que tan dañinos resultaron en el pasado en lo que respecta a la calidad académica.
Recordemos que, al arranque del gobierno de López Obrador, en la Cámara de Diputados se hicieron, “por error”, adecuaciones al Artículo Tercero constitucional que suprimían la autonomía de las universidades, esto se subsanó, por supuesto, pero quedó la sospecha que la errata provenía de un duende más que interesado en el asunto.
Las instituciones de educación superior públicas resistieron los ramalazos de la 4T y en particular lo hizo con destreza la UNAM, pero en la actualidad las condiciones son otras.
También hay que tener presente el reclamo de la supuesta derechización, la que no se sustenta, por supuesto, pero no estamos ante un debate de argumentos sino ante un concurso de arengas.
Pronto escucharemos que hay que democratizar a la máxima casa de estudios, que ya es tiempo de cambiar su ley orgánica y de abrirse a la comunidad.
Es una perorata que suena bien, que encontrará adeptos y sobre todo interesados en impulsarla.
Todo ello más allá de que exista la evidencia histórica, como ocurrió en Guerrero y Oaxaca, de que ese tipo de experimentos no terminan nunca bien, sobre todo en lo que respecta a las finalidades y sentido de la educación.
Se dirá que es casi imposible que algo así puede ocurrir, pero haciendo un alto en el camino, eso mismo se pensó respecto a la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, y solo era el principio de una catarata de barbaridades que hasta ahora tienen su cúspide en la destrucción del Poder Judicial.
La UAS quizá sea solo el principio de un trazado mucho más amplio, donde, como es evidente, poco importan las condiciones objetivas y menos aún lo que tengan que decir o aportar los universitarios.
@jandradej
