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Otra Reforma de prisa antes que se vaya AMLO. Fotos: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.– La Guardia Nacional militar ha sido un proyecto central en la agenda del presidente López Obrador, un anhelo que, tras múltiples intentos, está a punto de consolidarse. Lo que comenzó como una idea de fortalecer la seguridad pública con una fuerza de carácter civil ha evolucionado hasta convertirse en un plan para consolidar el papel protagónico de las fuerzas armadas en la seguridad interna del país, algo que está a punto de ser sellado con la última reforma constitucional propuesta.
PRIMER ROUND: LA GUARDIA NACIONAL, UNA PROMESA MILITARIZADA
Desde el inicio de su administración, López Obrador dejó claro su deseo de que la Guardia Nacional estuviera bajo el control militar. En noviembre de 2018, presentó la primera iniciativa que proponía la creación de esta fuerza.
Aunque en su forma original la reforma incluía la transferencia de la Guardia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la oposición logró negociar cambios que mantuvieron a la Guardia Nacional bajo un mando civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A pesar de estas concesiones, el presidente nunca dejó de criticar los cambios que, según él, debilitaban la eficacia de la Guardia Nacional. Para él, el Ejército debía jugar un papel central en la seguridad pública, y cualquier desviación de este plan era inaceptable.
SEGUNDO ROUND: LA REFORMA A LAS LEYES SECUNDARIAS
En 2022, López Obrador intentó nuevamente llevar a la Guardia Nacional bajo el control total de la Sedena.
Sin mayoría calificada para reformar la Constitución, el presidente optó por una estrategia diferente, buscando modificar leyes secundarias para darle a la Sedena el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional.
Esta reforma incluía propuestas que consolidaban el control militar sobre la Guardia, como la designación del comandante de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, la reorganización territorial y la permanencia de los militares en tareas de seguridad pública más allá de 2024.
Aunque estas propuestas se alejaban del espíritu civil de la Guardia Nacional, la reforma fue aprobada gracias a la mayoría simple que Morena y sus aliados mantenían en el Congreso.
El PRI también contribuyó a este avance, proponiendo la extensión de la participación militar en seguridad pública hasta 2028, una medida que fue respaldada por Morena para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución.
TERCER ROUND: EL REVÉS DE LA SUPREMA CORTE
Sin embargo, la victoria del presidente fue efímera. En abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de la Ministra Norma Piña, invalidó las reformas que transferían el control de la Guardia Nacional a la Sedena, argumentando que estas vulneraban el artículo 21 de la Constitución, que establece a la Guardia Nacional como una institución de carácter civil.
Con ocho votos a favor y tres en contra, la SCJN recordó al Ejecutivo y al Legislativo que la Constitución no podía ser vulnerada a través de leyes secundarias. Este revés judicial fue un duro golpe para López Obrador, quien ya veía en la Corte a un enemigo político más que un guardián de la Constitución.
Este fallo fue uno de los catalizadores para la propuesta de una reforma constitucional para someter al Poder Judicial al control del Ejecutivo.
CUARTO ROUND: LA BATALLA FINAL POR LA GUARDIA NACIONAL MILITAR
En febrero de 2024, López Obrador presentó un paquete de 18 reformas constitucionales, incluyendo una que recupera la idea original de una Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública con mando militar. Esta propuesta incluye los siguientes puntos clave:
- La Guardia Nacional será formalmente una fuerza de seguridad pública, pero con personal militar.
- La Sedena manejará el presupuesto y el control administrativo de la Guardia Nacional.
- El comandante de la Guardia Nacional será designado por el Presidente, a propuesta del titular de Sedena, y tendrá un rango equivalente al de un General de División o Almirante.
- Los miembros de la Guardia Nacional estarán bajo fuero militar, con lo cual serán juzgados solo por tribunales militares.
- Se permitirá a la Guardia Nacional realizar labores de investigación.
- El personal proveniente de la extinta Policía Federal será reasignado a la Secretaría de Seguridad.
- El Congreso estará facultado para crear una Ley de Seguridad Interior que regule la participación del Ejército y la Marina en seguridad pública, ampliando sus funciones más allá de los límites actuales.
- Abre la puerta para permitir que los militares puedan desempeñar más funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, diluyendo los actuales límites constitucionales.
¿PUEDE SER APROBADA ESTA REFORMA?
Con la mayoría calificada que Morena y sus aliados pueden alcanzar en ambas cámaras del Congreso, la aprobación de esta reforma es prácticamente un hecho. En la Cámara de Diputados, el bloque oficialista mantiene una súper mayoría, mientras que en el Senado, la situación es similar.
Si Morena logra mantener el apoyo de sus aliados y de algunos senadores clave de la oposición, Araceli Saucedo y José Sabino, experredistas, así como Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, la reforma pasará sin mayores obstáculos.
Con la aprobación de esta reforma constitucional se consolidará un cambio profundo y posiblemente irreversible en la estructura de la seguridad pública en México que inició hace varios sexenios.
La Guardia Nacional, concebida inicialmente como una fuerza con mando civil, se consolidará como un brazo militar permanente del Estado, con todas las implicaciones que esto conlleva para los derechos humanos, la rendición de cuentas y la separación de poderes.
@Juan_OrtizMX
