SOBRE EL AUTOR
POR JUAN ORTIZ / LUPA LEGISLATIVA
EMEEQUIS.- México ha dado un preocupante paso hacia un sistema de justicia más punitivo y menos equitativo. Con la reciente reforma al artículo 19 constitucional, el Congreso amplió la prisión preventiva oficiosa, además de sumar la obligación de los jueces a encarcelar automáticamente a los acusados de ciertos delitos, sin posibilidad de evaluar las circunstancias de cada caso.
Aunque se presenta como una solución para combatir la impunidad, esta reforma debilita el debido proceso, refuerza prácticas abusivas y atenta contra los derechos humanos, dejando a los más vulnerables aún más desprotegidos.
CASTIGO ANTICIPADO
La prisión preventiva oficiosa, o “prisión sin juicio”, es una medida para encarcelar a personas acusadas de ciertos delitos antes de ser juzgados.
Esto incluye la presunción de que son culpables, sin que un juez pueda considerar alternativas como medidas cautelares o evaluar si realmente existe riesgo de fuga.
Una vez que sea aprobada por congresos locales, se publique y entre en vigor, delitos como extorsión, contrabando y fabricación de drogas sintéticas se sumarán al catálogo de delitos sujetos a esta medida.
En apariencia, esto responde a la gravedad de los crímenes. Sin embargo, el verdadero problema radica en la automatización de la justicia. Obligar a los jueces a ordenar prisión preventiva por mandato constitucional elimina cualquier análisis de contexto o consideración de las pruebas.
Una persona acusada injustamente de extorsión, por ejemplo, enfrentará meses o incluso años en prisión antes de que se determine su inocencia, algo que puede arruinar vidas, familias y reputaciones.
EL IMPACTO EN LOS DH Y LOS MÁS VULNERABLES
Los organismos internacionales, incluyendo la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), han advertido repetidamente sobre los riesgos de la prisión preventiva oficiosa.
En su esencia, esta medida viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Además, afecta desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza, quienes no pueden pagar abogados privados o defenderse ante un sistema que las criminaliza por su condición.
En México, las cárceles están llenas de personas que no han sido sentenciadas. Según datos del INEGI, más del 40% de los internos sin sentencia se encontraban en prisión preventiva oficiosa, afectando en mayor proporción a las mujeres.
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Esta reforma no hará más que inflar estas cifras, saturando aún más un sistema penitenciario ya colapsado y aumentando el riesgo de violaciones a los derechos humanos dentro de las prisiones.
UN SISTEMA QUE PREMIA LA PEREZA DE LAS FISCALÍAS
La justificación para esta reforma es combatir la impunidad, pero los resultados de medidas similares en el pasado muestran lo contrario. En lugar de incentivar investigaciones profundas y efectivas, esta reforma fomenta la pereza de las fiscalías, que ya no tienen que demostrar la culpabilidad de un acusado con pruebas suficientes.
¿Para qué esforzarse si, de cualquier forma, la persona irá a prisión?
Además, esta medida mina la independencia judicial, pues los jueces se ven obligados a dictar prisión, aunque las pruebas sean débiles o inexistentes. Esto convierte a los jueces en simples administradores de una justicia mecanizada, contraviniendo el principio básico de evaluar cada caso por sus méritos.
¿SEGURIDAD PÚBLICA O UNA JUSTICIA DE FACHADA?
A nivel de seguridad pública, esta reforma es también un error. En lugar de enfocarse en mejorar las capacidades de las fiscalías, modernizar las policías y garantizar procesos judiciales transparentes, el Congreso ha optado por una medida populista que prioriza los números sobre la verdadera justicia.
Detenciones masivas no son sinónimo de justicia efectiva, y esta política lo demuestra.
Las voces críticas no se han hecho esperar. La ONU-DH ha señalado que esta reforma contraviene sentencias internacionales, expone a las personas vulnerables a detenciones arbitrarias y prioriza el castigo sobre la prevención y la investigación. En pocas palabras, no resuelve el problema de fondo: la impunidad.
En el debate legislativo, se eliminaron delitos como narcomenudeo y defraudación fiscal de la iniciativa original del expresidente López Obrador. Es una buena noticia, pero también demuestra que, más que una medida técnica, esta reforma responde a intereses políticos y no a una estrategia seria de justicia.
Esta reforma no fortalece la justicia ni combate la impunidad. Al contrario, debilita el Estado de derecho, perpetúa abusos y desvía recursos que podrían destinarse a verdaderas soluciones como la capacitación policial, la modernización de las fiscalías y el respeto a los derechos humanos.
¿QUÉ PAÍS QUEREMOS CONSTRUIR?
¿Uno donde la justicia sea accesible para todos o uno donde ser acusado equivale automáticamente a ser culpable?
El Congreso sigue sin legislar con responsabilidad, desperdiciando la oportunidad de avanzar a un sistema de justicia que proteja a los inocentes y castigue sólo a quienes lo merecen. Con esta decisión, México seguirá atrapado en un ciclo de injusticia y desigualdad.
@Juan_OrtizMX
