¿Hacia dónde va Donald Trump? Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Solo Alberto Pérez Dayán conoce las motivaciones, internas o externas, que lo condujeron a votar con Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Con ellas lo van a enlistar a partir de ahora, será parte de la efeméride de ese martes 5 de noviembre, que gravitará sobre la vida pública mexicana en los próximos años.
Sin embargo, no lo veo alineado a la 4T, aunque ahora lo celebren como un héroe de la transformación, pero sí les rindió uno de los mayores servicios, porque en los hechos significa haber precipitado el final del Poder Judicial como hasta ahora lo conocimos.
Lastimó a sus apoyos y en particular de los propios trabajadores del Poder Judicial, quienes han ido expresando su inconformidad y lo tachan de traidor.
Pérez Dayán estará en coordenadas ambiguas, será el recuerdo diluido de su propia trayectoria, brillante en gran medida, pero manchada al final y ya en las vísperas de su obligado retiro.
En parte es así, porque él no tiene la coartada de la sumisión de las ministras a las que se sumó, por el contrario, no dejó pasar la oportunidad de dejar claro que se estaba entrando a un tiempo cargado de incertidumbre.
El ministro se quejó, y con razón, aunque apenas lo esbozó, que desde el INE y el TEPJF se decantaron por abrir las compuertas de la sobrerrepresentación, que es la que genera disparates como la elección popular de los jueces.
El ministro dijo: “esto es muy importante para mí, expreso que lamento profundamente que aquellas instancias del orden electoral tanto en el ámbito administrativo y después en el jurisdiccional (hayan) renunciando al ejercicio responsable de sus competencias.”
Y acusó que lo hicieran “privilegiando interpretaciones sesgadas que favorecieron intereses estrictamente personales.”
Pérez Dayán argumentó que “resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al Texto Supremo con otra insensatez equivalente.”
Se separó de la propuesta de Juan Luis González Alcántara, que en modo alguno cortaba de tajo a la reforma, sino que establecía un camino de menor riesgo, viable en términos prácticos, pero que además cancelaba figuras violatorias de los derechos humanos como las de los jueces sin rostro.
Es más, el proyecto de González Alcántara era una suerte de capitulación, pero a cambio de salvar a la carrera judicial, de preservar la integridad de un poder autónomo, y de darle algo de oxígeno a las sofocaciones que sufrirá la democracia, cuando el equilibrio, los pesos y los contrapesos, ya no existan.
Pero también significaba no permitir que se cambiara al Poder Judicial sin siquiera consultarlo, que en los hechos es una transformación que sólo podría o debería operar desde el Constituyente.
“Resulta entonces un poder intervenido y que en esto se aleja de la esencia de autonomía”, como precisó, con inteligencia, la ministra Margarita Ríos Farjat.
Y abundó que “el Constituyente dotó a cada poder de autonomía, y autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo las cosas que le atañen de manera directa.”
Pérez Dayán se decantó por el formalismo, tratando de evitar una responsabilidad que consideraba grave en términos jurídicos, pero se metió de lleno en un pantano del que ya no saldrá.
Argumentó que el sentido de su voto se basaba en sus propios precedentes. Es decir, se mantuvo coherente a lo que siempre ha pensado como ministro, pero ignoró el contexto de lo que ahora acontece.
Pero estamos ante una reforma excepcional que cambia el sentido de la Constitución. De esa magnitud era lo que estaba en juego, y en esos momentos no valen las ambigüedades o, peor aún, rigorismos que solo esconden la falta de compromiso y que evaden las fuerzas que están convocando y que nadie podrá controlar.
@jandradej