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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– La Estación Migratoria en Ciudad Juárez se encuentra en el Puente Internacional Stanton-Lerdo. Es decir, a tiro de piedra de los Estados Unidos.
El centro de detención, porque eso es, es un armazón de cemento que encaja muy bien en el entorno de la zona aduanal y es un espacio vigilado por la Guardia Nacional y tiene carácter estratégico.
Desde el lunes por la noche y durante la madrugada del martes, elementos del cuerpo de bomberos fueron apilando los cadáveres de 39 personas migrantes que murieron quemadas o por asfixia debido al incendio que se desató en el lugar.
La cifra de pérdidas humanas puede aumentar, ya que hay 29 heridos y 17 de ellos se encuentran muy graves.
Un espanto, inclusive para una frontera acostumbrada a pruebas tremendas. Por lo pronto, el Servicio Forense se encuentra rebasado y se tuvieron que alquilar cajas refrigeradas para conservar los cuerpos.
Las víctimas son en su mayoría originarias de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador. Algunos de ellos habían sido detenidos porque se encontraban vendiendo artesanías sin permiso para ello o solicitando apoyo económico para ir sobreviviendo.
Las autoridades dicen que los migrantes, al enterarse de que podían ser deportados, encendieron fuego a colchonetas en señal de protesta. Las llamas se volvieron incontrolables.
Es una tragedia mayor que tienen responsables. En primer lugar, es increíble que las personas retenidas pudieran hacer una fogata sin que se les impidiera, pero peor aún es constatar que no fueron rescatados de modo oportuno.
Hay videos en los que se ve a los migrantes tras las rejas mientras el fuego avanza hacia ellos. Los funcionarios del INM los dejaron morir. ¿No podían ayudarlos? Ahí hay diversas implicaciones de orden legal, criminal y de derechos humanos.
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En teoría deberían existir protocolos para actuar en situaciones como esa (un incendio), ya que se encontraban bajo la custodia del INM. Las personas migrantes cuentan con derechos y se les tiene que tratar de la manera adecuada. No son delincuentes y querer buscar una mejor vida en los Estados Unidos no implica delito alguno.
La FGR tiene un trabajo enorme por delante, para deslindar responsabilidades. Ojalá lo hagan con la diligencia debida, ya que se trata de un asunto de relieve internacional.
El fondo del asunto está en otro lado. El gobierno de México aceptó convertirse en el guardián de la frontera con Estados Unidos y, para hacerlo, militarizó al INM. Se hace el trabajo sucio, y este empieza en el sur del país, donde el despliegue de la tropa y de la Guardia Nacional es más que evidente.
Esto ha derivado en que los migrantes sean vistos y tratados como delincuentes potenciales, lanzando por la borda la política humanitaria que debería imperar.
Es evidente, por lo demás, que la política en el aspecto migratorio no está funcionando. Lo ocurrido en Ciudad Juárez debería significar la oportunidad de replantear la estrategia, pero es difícil que ello ocurra.
Vendrán los lamentos de rigor, las quejas de carácter histórico, pero no servirá de mucho para enfrentar un fenómeno que, además, no va a disminuir. Los migrantes van a ser muchos más, porque están huyendo de las situaciones políticas, de seguridad y económicas que hay en sus países.
La Oficina Internacional de las Migraciones (OIM) informó que los eventos con personas en situación migratoria irregular, en 2022, fueron en un 22% con venezolanos, un 16% de hondureños, frente a un porcentaje igual de guatemaltecos, seguido por 9% de cubanos y nicaragüenses, respectivamente.
Aunado a ello, entre 2019 y 2022, Estados Unidos expulsó a dos millones 548 mil 284 personas, muchas de ellas bajo el argumento de la crisis sanitaria por el Covid 19, cuyas especificaciones se encuentran en el polémico Título 42.
Algunos de estos casos pueden ser repetidos, porque los intentos de cruzar a Estados Unidos son múltiples, pero el rango del problema y sus implicaciones es evidente.
Lo que urge es una deliberación pública para buscar soluciones a uno de los temas que tendrán mayor impacto en el presente y futuro del país.
Se puede hacer, ya se ha hecho en otros momentos. No es sencillo y empieza por asumir las responsabilidades políticas y legales de este lado de la frontera, para exigir en igualdad de condiciones a nuestros vecinos al norte del Río Bravo.
@jandradej
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