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Mauricio Toledo y sus defensores chilenos

Un grupo de connotados políticos y abogados chilenos quiere reunirse con la fiscal Ernestina Godoy para tratar el caso de los familiares de Mauricio Toledo que padecen un trato irregular de la justicia mexicana. El asunto podría crecer entre los dos países.

Por Emequis
11 / 16 / 22

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Un grupo de connotados políticos y abogados chilenos quiere reunirse con la fiscal Ernestina Godoy. Le enviaron una carta y le pidieron cita. Por sus perfiles, entre los que se encuentran un exministro de Justicia y otro de Defensa Nacional, anuncian que están dispuestos a entablar un litigio de carácter internacional para lograr la liberación de Nelson Francisco Toledo. 

En la misiva señalan que se encuentran preocupados por una situación que consideran irregular, ya que al hermano del exdiputado Mauricio Toledo se le ha negado la posibilidad de un juicio abreviado y además el periodo para acusarlo y mantenerlo en prisión preventiva ya venció. 

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Les parece inaudito que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda haya congelado la cuenta bancaria en la que Nelson Asdrúbal Toledo González y Clementina Rosa Gutiérrez Durán –padre y madre de Nelson y Mauricio– reciben la pensión de 224 dólares mensuales a la que tienen derecho por la Ley Valech, la que protege a las víctimas de la represión en el pinochetismo. 

En el documento fechado el 22 de octubre de este año, días después de que Mauricio Toledo ganara el juicio de extradición que se seguía en su contra, los abogados preguntan a la fiscal Godoy: “¿qué razón investigativa o cautelar ha podido tener la Fiscalía General de la Ciudad de México para congelar una reparación por haber sido torturados los padres del señor Toledo? ¿Supone la Fiscalía General de la Ciudad de México que los fondos que el estado de Chile dirige a esas personas tienen un origen ilícito?”

Respecto a Nelson Toledo, quien es ciudadano chileno, y se encuentra preso en el Reclusorio Norte, estiman que existen hechos que vulneran los derechos humanos, como cateos y registros irregulares, diligencias fuera del Reclusorio sin autorización judicial ni comunicadas a la defensa. 

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Y, muy relevante, “el asunto parece tener un origen político, cuestión también proscrita en tratados internacionales”. 

Los perfiles de los defensores de la familia Toledo son una muestra de la convergencia entre la izquierda y la derecha chilena.  

Isidro Solís Palma, quien fungió como ministro de Justicia en el periodo presidencial de Michelle Bachelet y tiene una amplia experiencia en temas de indagatorias y de seguridad, ya que inclusive fue jefe de la Gendarmería y de la Dirección de Seguridad Pública e Información. Pero, quizá más relevante, representó a la presidenta de Chile en el juicio que se siguió contra los responsables de la muerte de su padre, el general Alberto Bachelet, en el contexto del golpe de Estado que llevó al poder a Augusto Pinochet. 

Mario Desbordes, un litigante experimentado, militante del centro derecha, que, además, se encargó del Ministerio de Defensa en el gobierno de Sebastián Piñeira.  

Manuel Guerra Fuenzalida, un exoficial del Ministerio Público que indagó casos de alto perfil sobre corrupción. 

Samuel Donoso Boassi, exsecretario general del Partido por la Democracia que fundó en 1989 el ahora ex presidente Ricardo Lagos. Otre otros asuntos, el litigante se ha ocupado de la defensa de los exmandatarios Bachelet y Piñeira. 

Gonzalo Cisternas, un experto en negociación y procesos de carácter internacional.  

Más vale que en la Fiscalía se tomen en serio lo que está ocurriendo. El equipo de abogados que representa a los Toledo, muestra que la lectura que se le da al caso en Chile no es la misma que puede imperar en la Ciudad de México. En los hechos, están equiparando la situación de Nelson Francisco Toledo con la de una suerte de rehén por una acusación que tiene una alta connotación política, como dejaron claro en el documento remitido a la fiscal Godoy. 

Pero además, para los chilenos se trata también de un caso de Derechos Humanos, porque un par de víctimas de Augusto Pinochet, y que además son adultos mayores de 75 y 72 años, están siendo hostigados. 

De ahí la advertencia: “Previo al inicio de acciones legales ante organismos internacionales en contra las instituciones y personas participantes, quisiéramos reunirnos con usted para conocer en detalle las razones del accionar” de la Fiscalía. 

Una cosa resulta evidente: Mauricio Toledo no parece dispuesto a dejar que su caso se quede en el olvido, y está emprendiendo una estrategia legal que tiene sus riesgos, pero al mismo tiempo plantea dar la cara en un asunto relevante para la Ciudad de México y para su clase política. 

@jandradej

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