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Luis Donaldo Colosio: la resurrección de la acción concertada

A 29 años del homicidio ocurrido en Tijuana, el fiscal cree que tiene posibilidades de avanzar sobre la ruta de la acción concertada. En el pasado otros lo hicieron sin ningún resultado.

Por Emequis
4 / 04 / 23

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– El fiscal del caso Luis Donaldo Colosio Murrieta, Abel Galván, trabaja bajo la hipótesis de la acción concertada. A 29 años del homicidio ocurrido en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, cree que tiene posibilidades de avanzar sobre esa ruta. Al mismo tiempo descarta que se haya tratado de un complot de Estado. 

Galván, designado por el fiscal Alejandro Gertz, también está indagando sobre las torturas que Mario Aburto, el asesino del candidato presidencial del PRI, dice que sufrió. 

Más que un viraje sobre las conclusiones de tres de sus antecesores es un retorno. 

Miguel Montes, Olga Islas de González Mariscal y Luis Raúl González Pérez, terminaron por corroborar la hipótesis del asesino solitario. Lo hicieron con diversos estilos, perspectivas y tratando de mantener la calidad y el profesionalismo. Les costó, porque no era nada sencillo el entorno, pero lo lograron. 

En efecto, el primer encargado de la indagatoria, Miguel Montes, anunció que se había tratado de un ataque en el que participaron diversos individuos. Ante ello, fueron detenidos Tranquilino Sánchez Venegas, Othón Cortés y Vicente y Rodolfo Mayoral. 

Aquello, en su momento, causó una suerte de conmoción, ya que implicaba un complot para matar al candidato del PRI a la Presidencia de la República. 

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Pero Montes, en la medida en que su indagatoria avanzaba, reculó y concluyó que en realidad el autor del ataque era solo Mario Aburto. Todos los inculpados bajo la perspectiva de la “acción concertada” terminaron absueltos. 

Pablo Chapa Bezanilla, en cambio, trató de escalar en la perspectiva de un crimen de Estado, pero acabó mal, sujeto a diversas indagatorias y con un enorme desprestigio.

Su momento estelar, sin embargo, no se relaciona con el expediente de Colosio Murrieta, sino con el de José Francisco Ruiz Massieu, quien también falleció en un atentado perpetrado cinco meses después. 

Chapa Bezanilla afirmó haber encontrado el cadáver del diputado Manuel Muñoz Rocha, quien se esfumó sin dejar rastro, luego de la muerte de Ruiz Massieu. 

En realidad, el hallazgo de Chapa Bezanilla se trataba de los restos mortales del consuegro de una vidente que colaboraba con la PGR, Francisca Zetina, “La Paca”.  

Semejante escándalo motivó que dejara todos los asuntos a su cargo. No está por demás recordarlo, era responsable de las indagatorias de alto impacto.

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Era tal la obsesión de mantener tras las rejas a Raúl Salinas, que se recorrió a todo y muchas veces saltándose los procedimientos más mínimos que debe guardar el Ministerio Público.

Pronto se descubrió que el paso de Chapa Bezanilla por los expedientes del caso Colosio y Ruiz Massieu, habían causado estragos, pérdida de recursos y, sobre todo, de tiempo, que tiene un enorme valor en ese tipo de entorno.

Es más, las consecuencias del desaseo ministerial derivaron en que dejara el cargo de procurador Antonio Lozano Gracia y que lo relevara Jorge Madrazo Cuéllar, hasta ese momento titular de la CNDH.  

González Pérez, quien formaba parte del equipo de Madrazo, había llegado a la PGR unos meses antes, designado subprocurador por el presidente de la República, Ernesto Zedillo. 

El expediente se encontraba en la reserva, donde lo dejó González Pérez, cuando, luego de años de trabajo, estableció de manera rigurosa, la culpabilidad de Aburto, lo que derivó en la sentencia judicial para purgar 45 años de prisión.

Galván le dijo al reportero de La Jornada, Gustavo Castillo, que “tenemos que hablar de una acción concertada y tenemos que manejar con sigilo nuestras investigaciones”. 

También señaló que “queremos ser objetivos y no volver a practicar diligencias ociosas que no nos llevarán a nada”.

¿Qué encontró el fiscal? No lo sabemos, aunque todavía es pronto. Lo relacionado con el asesinato de Colosio prescribe hasta el 2035 y lo referente a la tortura, por ser delito contra los Derechos Humanos, no está sujeto a limitación alguna en la temporalidad de la indagatoria. 

Veremos qué ocurre, pero se antoja cuesta arriba el lograr descubrimientos que realmente sean de utilidad jurídica. Los años de distancia no ayudan, pero el trabajo de la PGR tampoco, porque va en otro sentido y con elementos sólidos. 

Cerrar los expedientes criminales es un embrollo. Siempre hay motivos para la sospecha. Es como un molino que nunca para, aunque lo que arroje no sea precisamente lo que se esperaba.

@jandradej 

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