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CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Dotar de seguridad a los expresidentes y a los funcionarios públicos que así lo requieran, inclusive luego de terminar los encargos, debería ser un asunto de rutina.
Por desgracia, al paso de los años, y sobre todo debido a las determinaciones del entonces presidente López Obrador sobre sus antecesores, se convirtió en un tema susceptible a la crítica y un ángulo para polarizar.
En un principio se optó por retirar a los elementos que custodiaban a Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón. En el caso de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, la medida no fue tan apremiante, porque no vivían, ni viven en México.
Esto se corrigió, pero denostando y tratando de sacar raja, argumentando que solo se tendría que designar una guardia de soldados discreta y eficiente, cuando ese tipo de situaciones requieren del análisis de riesgos específicos.
La custodia y sobre todo las medidas de seguridad no pueden estar tabuladas y mucho menos a capricho, ya que se trata de asuntos de orden técnico especializado.
El Estado Mayor Presidencial (EMP) dejó de operar, bajo las premisas de que era muy costoso y con la idea de que al presidente López Obrador lo cuidaba el pueblo.
En los hechos, el EMP fue la primera institución que se diluyó con el cambio del poder político en 2018. Resultó, como tantas otras, una medida absurda y populista, que inclusive afectaría a sus impulsores, quienes de todas formas tuvieron que acudir a la experiencia de los elementos capacitados.
Siempre es complicado calcular si las funciones de un área de seguridad son onerosas. En lo que respecta al EMP quizá el análisis y la ponderación debió partir de lo que garantizaron a lo largo de las décadas en que dieron servicio al presidente de la República, a sus familiares y a funcionarios que lo necesitaban.
El EMP estaba, hasta el 2018, integrado por 8 mil efectivos y 32 jefes militares. El general Roberto Miranda fue el último de los responsables de esa institución y los subjefes de seguridad y logística, los generales Enrique García Jaramillo y Román Villalvazo. Todos ellos hicieron bien su trabajo y lo cumplieron con estándares de profesionalidad y lealtad.
En la administración de López Obrador se creó la ayudantía, que estaba integrada por civiles que en teoría eran un escudo y fungían como receptores de saludos y peticiones. Muchos de ellos y ellas terminaron asumiendo cargos públicos relevantes y en las más diversas dependencias.
Sin embargo, el Ejército siempre se encargó de dotar al mandatario de seguridad y de garantizar que pudiera realizar su trabajo en el terreno.
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En la actualidad, el expresidente López Obrador tiene asignados elementos militares que lo custodian. Lejos de ser reprochable, es una medida correcta.
El diario El Universal hizo una consulta específica sobre las medidas para garantizar la integridad de López Obrador y si bien, la Secretaría de la Defensa señaló que no puede hacer públicos los datos específicos sobre el rango y el número de elementos en esa encomienda, por motivos de seguridad, queda claro que se están proporcionado los servicios necesarios.
La coyuntura debería servir para normalizar, de nueva cuenta, las disposiciones para que quienes gobernaron México cuenten con las facilidades necesarias para realizar sus actividades.
Ninguno de ellos es un ciudadano común, y pueden estar expuestos a infinidad de riesgos. La seguridad siempre es una inversión y no un gasto. Además, todos esos asuntos deberían de ser ajenos a cuestiones de afinidades y de grupos.
Quien tuvo la más alta responsabilidad de gobierno y mandato popular, debe tener la retribución de que su tranquilidad está garantizada.
En otros países, como en Estados Unidos, el Servicio Secreto se encarga de proteger a quienes despacharon en La Casa Blanca. Es un asunto de seguridad nacional y que nadie ve mal.
@jandradej
