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Las pruebas ilícitas del GIEI, los criminales liberados

El encontronazo con la Marina por la difusión del grupo de un video ilegal en el basurero de Cocula sin el contexto debido y la negativa a realizar nuevamente pruebas de Estambul sobre tortura a los detenidos, lo que permitió la libertad de muchos, son algunas de las cosas que generaron malestar en las autoridades

Por Emequis
7 / 28 / 23

CONFIDENTE EMEEQUIS


EMEEQUIS. Una de las piezas centrales del Informe del GIEI y de las acusaciones contra la Marina Armada es una prueba ilícita. El video, tomado por un dron, el 27 de octubre de 2014, en el que se aprecian actividades en el basurero de Cocula, fue dado a conocer, en marzo del 2022, sin que se integrara del modo debido a la indagatoria. 

Si bien, no tiene utilidad alguna en lo que se refiere al caso criminal de Ayotzinapa, como explicaré enseguida, aunque así fuera, quedaría descartado porque no contó con la custodia debida, por lo que no se puede garantizar que esté integro y no sufriera alteraciones.

En la Secretaría de Marina partieron de la premisa de que los integrantes del GIEI actuarían de buena fe, pero no resultó así.

El secretario Rafael Ojeda Durán, a instancias del presidente López Obrador, abrió las puertas de la institución para que se pudiera apreciar una filmación que tenía carácter de secreta. 

Lo que hicieron los integrantes del GIEI, al dar a conocer el material sin el contexto debido, y antes de que lo valorara la autoridad ministerial, es sembrar dudas sobre el desempeño de los marinos, cuando en realidad el dron fue utilizado en una acción de reconocimiento y de auxilio para establecer seguridad perimetral en el vertedero, luego de los hallazgos que en el lugar hizo la PGR. 

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Los marinos, en efecto, prendieron fuego, pero en la parte alta de la loma, como una medida para facilitar que el dron localizara el lugar específico. Es decir, se requería de una señal, en este caso el humo, y que no afectaba a las actividades periciales que se realizaban en las faldas del basurero. 

Pero las intrigas no terminan ahí, ya que el GIEI hizo suyos los dichos del testigo protegido “Juan”, quien señaló que algunos de los jóvenes fueron cremados en funerarias y que los despojos se esparcieron por diversos lugares, incluido el basurero de Cocula. Una mentira flagrante, porque los restos localizados, muchos de los cuales nunca han sido analizados genéticamente, muestran una afectación térmica diferenciada, lo que se explica porque resultaron sometidos a fuego no controlado.

Otro aspecto que el GIEI esquivó en sus conclusiones, es la negativa del entonces fiscal Omar Gómez Trejo de realizar nuevas pruebas del Protocolo de Estambul, con peritos independientes, a integrantes del grupo criminal de los Guerreros Unidos para certificar si habían sido torturados, como se lo solicitó un tribunal de Tamaulipas, en el entendido de que se tenía que clarificar la situación de los detenidos porque la indagatoria se refería también a servidores públicos de la PGR. 

No se realizaron los estudios y decenas de participantes en la desaparición de los estudiantes alcanzaron su libertad, lo que también se pudo impedir si la Fiscalía del caso Ayotzinapa hubiese consignado por otros delitos en los que notoriamente estaban involucrados.  

El GIEI más bien parte de la hipótesis de que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es un macro crimen en el que participaron todas las agencias y de todos los niveles de gobierno, las que generalizaron el uso de la tortura. 

Pero no es así. En el Informe “Doble Injustica” que elaboró el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se señala que “todos los actos de tortura tuvieron lugar a partir de que la PGR atrajo el caso. La Oficina no ha conocido ningún caso mientras la investigación estuvo a cargo de la PGJE del Estado de Guerrero, ni en los centros de readaptación social federales donde se encuentran recluidos los procesados.” 

Esto es central, porque las indagatorias encabezadas por el fiscal Iñaki Blanco permitieron la captura de 33 personas en calidad de sujetos activos de la desaparición de los normalistas y entre ellos los mandos de la policía municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, Alejandro Tenescalco y Felipe Flores Martínez. 

También se logró resguardar a 68 estudiantes en la Fiscalía Regional durante las primeras horas del 27 de septiembre. 

Derivado de las capturas de cuatro integrantes de la banda criminal de los Guerreros Unidos se pudo establecer, como se explicó en conferencia de prensa de octubre de 2014, que un grupo de normalistas fue conducido a las instalaciones de la comandancia municipal y ahí fueron entregados a Los Bélicos, por lo que ya nunca se supo de ellos.

@jandradej

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