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Hace seis años el Tribunal entregó constancia a AMLO. Análisis de Julián Andrade.
CONFIDENTE EMEEQUIS
EMEEQUIS.– Hace seis años, el 8 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador.
Era la cuarta ocasión en que así sucedía. Por ahí pasaron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. Antes eran los legisladores quienes se encargaban de validar la contienda, lo que generaba escándalos y problemas de legitimidad.
El TEPJF cumplió bien con su tarea, al analizar una contienda, la del 2018, en la que no existieron problemas mayores. Por primera vez, en décadas, las cosas fluyeron, sobre todo porque los que protestaban siempre terminaron ganando.
Es más, el único partido que impugnó de modo total y pidió la nulidad, resultó ser Encuentro Social, una agrupación de ultraderecha aliada de Morena, aunque lo hicieron con la finalidad de rascar algunos votos para no perder el registro, como de todas formas ocurrió.
La magistrada Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior, dijo algo que cobraría fuerza con el paso del tiempo: “esta sesión solemne tiene un valor especial, como un momento simbólico, que encarna los principios fundamentales en los que construimos nuestra democracia. Además de su efecto práctico de reconocimiento del presidente electo, refleja los equilibrios y contrapesos que determinan la relación entre los poderes dentro de un Estado democrático”.
Y añadió una premisa fundamental, “los jueces debemos fungir como contrapesos a las decisiones tomadas por las mayorías, para asegurarnos que estas no impliquen afectación indebida o excesiva a los derechos de las minorías o a los principios fundamentales de una democracia”.
Todo era nuevo de alguna forma, aquella mañana de agosto, por eso no se calibró lo que dijo el ya presidente electo en ese momento. En realidad, era una amenaza, pero envuelta en lo que parecían buenos deseos.
“Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”, enfatizó López Obrador.
Pero además anunció que “el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá respeto absoluto por sus veredictos”.
Seis años después estamos quizá a meses de que el TEPJF deje de ser lo que hasta ahora, una institución que pacifica la lucha por el poder político y que protege las decisiones democráticas de la ciudadanía.
Lo que vendrá es tan escurridizo como las palomas que nunca llegaron y tan presente como la mirada de los halcones, los que sobrevolaron al Poder Judicial desde diciembre de 2018.
Es absurdo no admitir que crujirán los cimientos de la justica electoral una vez que los magistrados lleguen al cargo por el voto popular, con todas las implicaciones que ello tiene.
El 23 de agosto, en unos días, el INE hará la designación de los diputados plurinominales y validará el despropósito de que quienes obtuvieron el 54.7% de los sufragios lleguen al 74.6% de la representación y los que alcanzaron el 46% terminen con un 26%.
Claudia Sheinbaum está por recibir su constancia de presidenta electa, algo merecido e inobjetable, aunque se la otorgará una integración de magistrados disminuida y que tuvo que llamar a un relevo para completar el cuórum de seis que exige la ley.
Es curioso cómo esta situación no alarmó a nadie con capacidad de corregir. La mayoría en el Senado optó por dejar al TEPJF con cinco integrantes, más allá de que estaban listas las ternas que elaboró la Suprema Corte, porque en el fondo les acomodó como quedaron las fuerzas y sus desequilibrios en la Sala Superior.
@jandradej
